El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que lo que hace la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno, y las enmiendas pactadas entre PSOE y Unidas Podemos, no es derogar ni dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 sino todo lo contrario, porque lo que hace es ratificar su vigencia y reafirmar que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.
Por ello, Bolaños ha admitido que cuando la nueva norma entre en vigor, la situación jurídica en España seguirá siendo exactamente la misma que ahora, que es la que hay desde 2002, cuando se ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y se estableció que la ley debía aplicarse siguiendo el derecho internacional.
"Ningún cambio. Lo que se va a poder hacer cuando entre en vigor la ley es exactamente lo mismo que desde 2002", ha enfatizado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha reconocido que las dificultades que existen ahora para juzgar los crímenes del franquismo seguirán siendo las mismas, y que tienen que ver, a su juicio, con la irretroactividad de la legislación penal.
Las dificultades siguen en el ámbito penal
A este respecto, ha explicado, por un lado, que al no ser la ley de memoria una ley orgánica, no va a afectar a la legislación penal; y por otro, que esa legislación penal no permite la retroactividad. "No podemos establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72", ha manifestado.
El ministro no ha querido entrar a comentar casos concretos como el del exministro de la dictadura Rodolfo Martín Villa, que está siendo juzgado en Argentina ante la imposibilidad de impulsarse tal proceso en España, pero ha insistido en que, con la nueva ley de memoria, la situación no va a cambiar en ese aspecto. "La situación es exactamente la misma que desde 2002", ha reiterado.
Defiende la Transición
Además, Bolaños ha reivindicado tanto el proceso de Transición en su conjunto como esa norma de Amnistía del 77, en contra de las interpretaciones que señalan que el Gobierno pretende dejarla ahora sin efecto. "Fue muy importante para la consolidación de la democracia. Quien la pidió fue la izquierda y consiguió que muchas personas que estaban en la cárcel por sus ideas, que no habían cometido ningún delito, salieran", ha reivindicado.
Así, el ministro de Memoria Democrática ha recalcado que en realidad lo que hacen el PSOE y Unidas Podemos con la polémica enmienda en la que se menciona la Ley de Amnistía es "simple y llanamente" poner "en valor" tanto esa norma como los tratados internacionales. "Lo único que hace es ratificar la vigencia de la ley de amnistía", ha señalado.
En concreto, esa enmienda señala que "todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescribibles y no amnistiables".
Ha confesado que le sorprende el debate que se ha generado, sobre todo teniendo en cuenta que él, que es el impulsor de la ley, es un "defensor absolutamente indiscutible de la Transición" y de lo que entonces se hizo para pasar de una manera "consensuada" de la dictadura a la democracia.
Ante el previsible 'no' de ERC, hablan con todos los grupos
En cuanto a los apoyos, y la previsión de no contar esta vez con ERC —uno de sus socios habituales—, tras haber presentado incluso una enmienda a la totalidad a la norma, Bolaños ha asegurado que están hablando "con todos los grupos" y ha defendido que en lo que va de legislatura han conseguido cerrar importantes acuerdos para sacar adelante sus normas, como los Presupuestos Generales.
En este contexto, ha defendido que hayan hablado también con Ciudadanos para lograr sumar sus votos a una ley que lo que hace, según Bolaños, es acabar con la "anomalía" que supone para España no contar con una ley de estas características, que ya llega "muy tarde" para las víctimas. En este punto, ha querido resaltar que la norma "condena todos los totalitarismos", aunque ha recordado que en España el ha habido es el de Franco.
Por otra parte, ha defendido la enmienda con la que el PSOE y Unidas Podemos establecen un plazo hasta 1982 para estudiar "supuestos de vulneración de derechos humanos a personas en su lucha por la consolidación de la democracia", pero ha querido dejar claro que el periodo de aplicación de la futura ley de memoria "termina con la entrada en vigor de la Constitución del 78".
Ley de Amnistía de 1977: enfoque jurídico y marco histórico
Eso sí, ha explicado que sí han considerado necesario introducir una disposición adicional para crear un comité de expertos que estudie posibles vulneraciones de derechos fundamentales entre el 78 y el 82, atendiendo al "consenso" de los historiadores, que señalan que tras la aprobación de la Carta Magna, "hubo un tiempo con inercias de la dictadura".
A este respecto, ha señalado que nadie puede estar en contra de que se repare moralmente a las personas que sufrieron "alguna violencia" cuando trataba de consolidar la democracia tras haber entrado en vigor la Constitución.
También ha defendido el cambio de nombre del Valle de los Caídos por el de Valle de Cuelgamuros, argumentado que se trata de buscar una designación "más neutral", que permitirá avanzar en la estrategia de resignificación de este enclave, para que sea "lugar de memoria y un espacio donde todas las personas puedan ir, se reconozcan y vean cómo fue la dictadura", y no un espacio de "homenaje" al franquismo.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que lo que hace la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno, y las enmiendas pactadas entre PSOE y Unidas Podemos, no es derogar ni dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 sino todo lo contrario, porque lo que hace es ratificar su vigencia y reafirmar que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.