El escenario energético es complicado para el invierno del curso 2021/2022. La tarifa regulada del gas está contenida, pero la eléctrica, a pesar de las medidas del Gobierno, ha seguido subiendo, más de un 11% con respecto al recibo de agosto, según la OCU. Los contratos acogidos al mercado libre, tanto de electricidad como de gas natural, ya se han encarecido un 30% y podrían seguir haciéndolo, impulsados por el pool. Ante una situación que complicará la vida a las familias más vulnerables, el Ejecutivo aprobó en septiembre el llamado "suministro mínimo vital", con vocación de permanencia, que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes.
Pero la gran medida para paliar la pobreza energética, a juicio de las organizaciones, sigue desaparecida a pesar de que fue prometida hace dos años y medio: automatizar la concesión del bono, tanto eléctrico como térmico, sin que sea necesario pedirlo para disfrutar de descuentos en la factura.
El bono social eléctrico es un descuento en la factura eléctrica de entre un 25% y un 40%, dependiendo del grado de vulnerabilidad del solicitante. Su concesión lleva aparejada automáticamente el disfrute del bono social térmico, dirigido al suministro de gas natural para calefacción, que oscila entre los 25 y los 123,94 euros de ayuda. Lo percibían 1.137.295 consumidores en marzo de 2021, según la última recopilación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). No están todos los que son: la mitad de los clientes vulnerables con derecho recibir la ayuda no lo hacen, ya sea por desconocimiento o por hastío con los trámites burocráticos necesarios, según un informe de la fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) publicado este lunes.
El bono social sigue siendo vital para afrontar el escenario. El Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), al que se tienen que acoger los que quieran disfrutar de la ayuda, ha subido un 11% en septiembre con respecto a agosto. El Gobierno se ha comprometido a que su paquete de medidas, con la minoración de los beneficios a las eléctricas para reducir los cargos como decisión estrella, bajará el recibo hasta un 30% y equiparará la cuantía a la sufragada en 2018. Pero eso no tiene por qué ser suficiente para los españoles con menos ingresos: el porcentaje se calcula con respecto a los niveles que se alcanzarían con la inacción. Es menos, pero no es poco.
El informe de Ecodes se titula Dos años de estrategia contra la pobreza energética. La organización analiza el grado de cumplimiento de la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética aprobada en abril de 2019. Y el desempeño dista del aprobado: "Solo el 58% de las medidas se han puesto en marcha y muchas de las puestas en marcha no tienen como único objetivo reducir la situación de pobreza energética del país, ya que están vinculadas a programas más amplios de rehabilitación energética o sustitución de equipos".
Los objetivos, por ahora, se estaban cumpliendo por la mínima, pero la pandemia y la crisis energética pueden tirarlo todo por la borda. "Siendo el objetivo una reducción de, al menos, el 25%, aspirando a una reducción del 50% de los datos relativos a la pobreza energética, debería estarse produciendo una reducción de, al menos, un 5% cada año para alcanzar el objetivo mínimo. De 2018 a 2019, (últimos datos disponibles) hubo una reducción media del 8,45% de los indicadores, quedando dentro de la reducción mínima planteada, pero aún por debajo de la reducción deseada. El covid y la subida de los precios de la luz empeorarán con toda probabilidad esta reducción o incluso invertirán la tendencia para los años 2020 y 2021", asegura el documento.
La decisión más importante que, según las organizaciones, podría reducir la brecha de ese 50% de beneficiarios al 100% sigue sin tomarse: la concesión automática del bono social, tanto eléctrico como térmico. Actualmente, los interesados tienen que ponerse en contacto con su comercializadora, que en el caso de la tarifa regulada son generalmente las cuatro grandes, y aportar documentación que pruebe sus bajos ingresos, su pérdida de poder adquisitivo por culpa de la pandemia o su situación familiar. La compañía recaba los datos y los pone en conocimiento de la administración, que es la que toma la decisión.
"Hay personas que llevan tres meses sin respuesta para el bono social. Preguntan a la comercializadora y les dicen que ya lo han tramitado", denuncia una de las autoras del informe, la directora de Energía y Personas de Ecodes, Cecilia Foronda. Cree que la explicación a los dos años y medio de promesa incumplida con respecto a la automatización es que la administración no está preparada, aunque debería estarlo. "Las diferentes administraciones no se comunican entre ellas. Con la digitalización, no debería ser un problema". Considera que la gestión a través de las eléctricas "no es el más adecuado".
El Gobierno reconocía en la estrategia la pertinencia de esta automatización, aunque aún no la haya aplicado. "Es necesario adoptar medidas procedimentales relativas al bono social que mejoren la automaticidad del sistema, evitando que el proceso de solicitud resulte tan complejo, en línea con los procedimientos que han sido puestos en marcha en países de nuestro entorno como Portugal o Francia, en los que la comprobación del cumplimiento de los requisitos para poder recibir las ayudas prestacionales se realiza sin necesidad de que medie la solicitud del consumidor".
El Ministerio para la Transición Ecológica se ha abstenido de contestar a las preguntas de infoLibre sobre los obstáculos para automatizar el bono social. "El Gobierno sigue trabajando para implementar la estrategia", aseguran fuentes de Energía, que recuerdan que "el Ejecutivo acaba de aprobar el suministro mínimo vital". Las organizaciones creen que poco es mejor que nada. Pero María Campuzano, portavoz de la Alianza Contra la Pobreza Energética, cree que la medida es una "perversión del concepto real". Ampliar a 10 meses la prohibición de los cortes desde el primer impago "no es un mínimo vital" garantizado, es un parche. Además, recuerda, el decreto no aclara qué ocurre con esos recibos sin pagar, si se perdonan o si generan deuda.
Todo lo que falta: eficiencia energética, reforma del PVPC, acceso a empresas pequeñas...
Campuzano cree que el Estado debería dar un paso adelante en cuanto a pobreza energética. En primer lugar, modificando el PVPC para que sea para siempre una tarifa progresiva, en la que los cargos sean mayores o menores según la vulnerabilidad del consumidor. Con el decreto aprobado en septiembre, los cargos de la factura se reducen hasta en un 96%... para todos, independientemente de sus aprietos a finales de mes. ¿Ha tenido en cuenta la justicia social lo suficiente el Gobierno a la hora de repartir los ingresos extraordinarios que requisa? Foronda las aprueba. "La subida de la luz podía hacer que muchas personas que no están en situación de pobreza energética pudieran estarlo. Atajar los beneficios caídos del cielo nos parece bien. Pero hay que establecer otras medidas para los consumidores vulnerables. La energía es un derecho básico".
El informe de Ecodes recoge otras muchas medidas incluidas en la estrategia aprobada en 2019 que siguen sin aplicarse. Consideran que el decreto que impulsa la eficiencia energética en hogares al calor de los fondos europeos es "un paso adelante", pero que las ayudas de hasta el 100% para la población más pobre deberían ser por defecto, no opcionales. También llaman a "proporcionar salvaguardas sociales que mantengan el precio del alquiler para población en situación de vulnerabilidad cuya vivienda sea rehabilitada con fondos públicos, o conseguir aumentar eficientemente el número de viviendas sociales de que se dispone, acercándonos a los porcentajes de vivienda social que existen en gran parte del resto de Europa".
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Ecodes reclama una mejora de las campañas de comunicación gubernamentales. Para que el grueso de la población sepa de la existencia del bono social y sus requisitos. "Es necesario desarrollar programas de formación y acompañamiento específicos para personas en situación de vulnerabilidad para aumentar la cultura energética y empoderarles en el proceso de acceso a las ayudas existentes", asegura el documento. Campuzano está de acuerdo.
Pero no solo por el bono: ¿sabe la gente que la tarifa regulada del gas, intervenida, es mucho más barata que la del mercado libre? ¿Sabe que el PVPC en la electricidad, a pesar de los vaivenes, es la única que permite acceder a las ayudas? "El Gobierno debería contrarrestar las campañas de comunicación tan agresivas de las eléctricas para pasarse al mercado libre", que ofrece estabilidad pero precios, por lo general, más altos, explica la activista.
Campuzano pide que el llamado suministro mínimo vital y la moratoria de cortes, en pie hasta el 31 de octubre como mínimo, sean sustituidos por el "principio de precaución" que ya funciona en Cataluña: que las eléctricas tengan que preguntar a servicios sociales antes de proceder con el corte. Y Foronda va un paso más allá y explica una medida que ya fue reclamada en este reportaje por las comercializadoras públicas municipales: que el PVPC y, por tanto, el bono social pueda ser aprobado por todas las empresas, también en el mercado libre. Muchas de las compañías más pequeñas, muchas de ellas cooperativas, carecen de la capacidad de atender a sus clientes más pobres, a pesar de su vocación de renunciar al lucro y los beneficios. Habría que reformar la Ley del Sector Eléctrico. Pero la llegada del invierno invita a la ambición y a la urgencia.
El escenario energético es complicado para el invierno del curso 2021/2022. La tarifa regulada del gas está contenida, pero la eléctrica, a pesar de las medidas del Gobierno, ha seguido subiendo, más de un 11% con respecto al recibo de agosto, según la OCU. Los contratos acogidos al mercado libre, tanto de electricidad como de gas natural, ya se han encarecido un 30% y podrían seguir haciéndolo, impulsados por el pool. Ante una situación que complicará la vida a las familias más vulnerables, el Ejecutivo aprobó en septiembre el llamado "suministro mínimo vital", con vocación de permanencia, que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes.