Bruselas amenaza con ir a los tribunales si España no adopta las normas europeas sobre gestión de residuos

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La Comisión Europea ha dado este miércoles un ultimátum a España para que incorpore a su legislación nacional las nuevas directivas europeas sobre gestión de residuos o, de lo contrario, procederá a elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

La amenaza toma la forma de dictamen motivado, la última fase antes de llevar el asunto al tribunal de Luxemburgo si las autoridades españolas persisten en el incumplimiento. España todavía no ha adoptado las normativas europeas a pesar de que la primera advertencia fue enviada en octubre de 2020, ha recordado Europa Press.

Los asuntos se refieren en concreto a dos directivas aprobadas en 2018. La primera, sobre gestión de residuos, establece requisitos mínimos de funcionamiento para los regímenes de responsabilidad ampliada del productor y refuerza las normas sobre prevención de residuos, ha explicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado. También establece nuevos objetivos en materia de reciclado de residuos municipales.

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Además de a España, Bruselas ha enviado advertencias en la misma línea a Bélgica, República Checa, Estonia, Grecia, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia. Todos estos países disponen de un plazo de dos meses para adoptar las normas y evitar una denuncia en el TUE.

El otro asunto está relacionado con los retrasos para transponer la directiva que obliga a los países de la EU a adoptar medidas para evitar la generación de residuos de envases y reducir todo lo posible el impacto medioambiental de los mismos.

En este caso, son trece los países apercibidos (Estonia, Grecia, España, Francia, Croacia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia) y también tienen dos meses de plazo para resolver la situación y no ser llevados ante los jueces europeos.

La Comisión Europea ha dado este miércoles un ultimátum a España para que incorpore a su legislación nacional las nuevas directivas europeas sobre gestión de residuos o, de lo contrario, procederá a elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

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