La Comisión Europea prepara una nueva comunicación para abordar la crisis de precios de la energía, presente desde el pasado verano y que puede exacerbarse hasta niveles históricos por la guerra en Ucrania. La semana pasada, Euractiv filtró un borrador y este martes Reuters filtró otro, con un añadido sorprendente: la Comisión Europea baraja recomendar a los Estados miembro que graven los "beneficios extraordinarios" que están disfrutando las eléctricas gracias al episodio, una medida similar a la que ejecutó en septiembre el Ministerio para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, modulada al mes siguiente y que abrió un conflicto con las empresas. El PP tachó la decisión de "arbitraria", Vox habló de "sadismo fiscal" y las compañías, de decreto "confiscatorio".
Es solo un borrador filtrado. Nada es definitivo. Y la comisaria de Energía, Kadri Simson, insistió la semana pasada en que aún no están cerrados los principales contenidos de la comunicación, sin valor legislativo pero que da seguridad a los países para tomar medidas con el respaldo del Ejecutivo comunitario. Aun así, el respaldo a la política española y, en concreto, a la determinación de la ministra Teresa Ribera es evidente. La medida fue muy criticada por las propias eléctricas y por la derecha, por introducir supuesta inseguridad jurídica y por castigar una actividad económica que no se había beneficiado tanto del episodio como podría parecer, porque muchos contratos son firmados a largo plazo por precios por debajo de lo que marca el pool.
En concreto, Ribera anunció en septiembre la llamada "minoración" de los "beneficios extraordinarios" percibidos por renovables, centrales hidroeléctricas y nucleares que en muchas ocasiones perciben las instalaciones que acuden a la subasta diaria, dado que el diseño del sistema les permite cobrar lo que cobran las centrales de gas, sin tener que internalizar el coste del combustible. 3.000 millones de euros que percibiría el Estado para bajar la factura eléctrica de los consumidores, cifraron fuentes del Ministerio.
Sin embargo, el Gobierno dio dos pasos atrás: en un primer momento, publicando una nota aclaratoria para dejar fuera a las renovables, ante el lamento de las organizaciones empresariales por tener que producir a pérdidas. Y en un segundo lugar, dejando fuera a los contratos bilaterales y a largo plazo que pudieran acreditar que no estaban interiorizando los precios del pool. El Ejecutivo no dio una cifra de cuánto dejaba de percibir con la rectificación. Las grandes empresas han seguido notificando grandes beneficios. Y, desde el conflicto, el departamento de Ribera busca un consenso con el sector que aún no ha encontrado.
PP y Vox se opusieron en el Congreso a la minoración. El diputado ultraderechista José María Figaredo habló de un decreto que "vulnera la seguridad jurídica" y que incurre en "un sadismo fiscal superlativo" contra las eléctricas. En la bancada popular, Guillermo Mariscal insistió en que se trataba de una norma "arbitraria" que penaliza a todos los sectores de producción energética, a los consumidores y a la industria. "¿Cuándo aprenderán que cuando aplican un impuesto se traslada al consumidor?", se preguntó. El PNV y Ciudadanos se abstuvieron.
Bruselas se abre ahora a cambiar las reglas del mercado eléctrico pero sin la urgencia que le pide Ribera
En una carta a sus accionistas, Iberdrola habló de la medida como una "confiscación" que crea "una inseguridad jurídica que aumenta el riesgo-país, lo que habitualmente impacta en las tan necesarias inversiones internacionales" y "pone en riesgo el logro de los objetivos medioambientales de la Unión Europea". Meses después, la Comisión estudia recomendar una medida similar.
El decreto requisaba los beneficios extraordinarios procedentes del alza del gas natural. Todavía se tramita en el Congreso una norma similar, que requisa los también llamados "beneficios caídos del cielo" pero en relación al precio del CO2: las centrales que no emiten dióxido de carbono cobran como si tuvieran que pagar por su emisión. Foro Nuclear, la organización que representa los intereses de las eléctricas con respecto a esta tecnología, también considera esta iniciativa una "confiscación" y amenazó con cerrar las centrales antes de lo previsto por el calendario consensuado con el Gobierno. El Consejo de Estado dio su visto bueno, pero pidió al Gobierno preguntarle a Bruselas por el encaje en la normativa comunitaria. Ahora parece que encaja.
El Ejecutivo español lleva meses presionando a la Comisión Europea para que abra la puerta a solucionar el problema de fondo y cambiar las reglas de juego para que el gas deje de marcar el precio de la electricidad en la subasta marginalista. Ribera pidió la semana pasada a Simson que se incluyera en esta comunicación. La comisaria insistió en esperar a abril, mes en el que se publicará el informe al respecto de la asociación de reguladores europeos, ACER, para empezar a plantearlo. Ya no lo rechaza abiertamente. Pero ese lunes, Rusia no había invadido Ucrania aún. El escenario es distinto. La comunicación "debería incluir algunas de las recomendaciones en las que el Gobierno español lleva insistiendo desde hace meses", volvió a repetir este miércoles en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La Comisión Europea prepara una nueva comunicación para abordar la crisis de precios de la energía, presente desde el pasado verano y que puede exacerbarse hasta niveles históricos por la guerra en Ucrania. La semana pasada, Euractiv filtró un borrador y este martes Reuters filtró otro, con un añadido sorprendente: la Comisión Europea baraja recomendar a los Estados miembro que graven los "beneficios extraordinarios" que están disfrutando las eléctricas gracias al episodio, una medida similar a la que ejecutó en septiembre el Ministerio para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, modulada al mes siguiente y que abrió un conflicto con las empresas. El PP tachó la decisión de "arbitraria", Vox habló de "sadismo fiscal" y las compañías, de decreto "confiscatorio".