Podemos se pone en marcha para tratar de demostrar que la policía política del PP trató de perjudicarlo con informaciones falsas sobre su financiación que posteriormente fueron publicadas en varios medios de comunicación y que afectaban directamente a su líder, Pablo Iglesias. El partido morado pidió al juez que investiga estas supuestas actividades que ponga en marcha un total de 20 diligencias de investigación, en un escrito presentado en octubre y al que ha tenido acceso infoLibre, con dos objetivos fundamentales: demostrar la falsedad de los documentos elaborados en su contra para acusar al partido de financiación ilegal e intentar probar que periodistas como el director de OkDiario, Eduardo Inda, formaban parte del entramado puesto en marcha por la policía política para, supuestamente, perjudicar a rivales políticos del PP.
Podemos quiere que quede claro en sede judicial que son falsos tanto el supuesto pago de 272.000 dólares a Iglesias en una cuenta bancaria en una entidad en un paraíso fiscal como el contenido del conocido como Informe PISA (Pablo Iglesias SA), un documento elaborado por la policía política en el que, sin aportar ninguna prueba, se acusaba al partido morado de haber recibido fondos de Venezuela e Irán. La primera de las dos informaciones fue publicada en mayo de 2016 por OkDiario, mientras que datos del Informe PISA fueron desvelados por varios medios de comunicación durante meses ese mismo año, pese a que tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía consideraron el documento una "mera remisión de informaciones no autenticadas difundidas públcamente por los medios de comunicación".
"Las recientes filtraciones en medios de comunicación de numerosa información estrictamente confidencial [...] han puesto de relieve la posible existencia de una ramificación periodística de la organización delictiva aquí investigada", una trama "que podría venir actuando con anterioridad a las recientes difusiones de información confidencial", sostiene Podemos. Por ello, el partido plantea la necesidad de "investigar si en el seno de la presente organización criminal coexisten más miembros, ya sean fijos u ocasionales, así como el papel que los mismos podrían tener en todos los niveles de esta organización delictiva, ya fuera proveyendo ilegalmente de información confidencial, difundiéndola en medios de comunicación o encubriendo su existencia y actividades en caso de investigación externa".
De hecho, habida cuenta de esta supuesta relación de Villarejo con varios periodistas, Podemos solicita al juez que investigue si el excomisario o cualquiera de sus empresas otorgó "cualquier pago o contraprestación, aunque no sea de carácter monetario, a la empresa DosMilPalabras SL", la editora de OkDiario, o al propio Inda. "Ok Diario es el vehículo preferente escogido por el Villarejo" para "difundir la información, incluyendo numerosas grabaciones, que le resulta beneficiosa para sus actividades delictivas", sostiene el partido morado, que aventura que "esta labor de difusión debe ser retribuida de alguna manera, si bien la misma no tiene por qué ceñirse a un estricto pago monetario sino que puede consistir en todo tipo de contraprestaciones materiales, que vayan desde incrementos patrimoniales de la sociedad hasta contratación de espacio web u otros servicios con los que oscurecer estas retribuciones".
El supuesto pago en Granadinas
Entre otras diligencias, Podemos solicitó al juez requiera a la Policía el expediente "con las investigaciones referidas al presunto pago a Pablo Iglesias por parte del Gobierno de Venezuela en el banco Europacific Bank de San Vicente y las Granadinas", noticia que publicó OkDiario en mayo de 2016. Asimismo, Podemos pide que se investigue "si entre la documentación intervenida en esta causa" –entre ella, la requisada al excomisario José Manuel Villarejo– "existe cualquier tipo de información, documentación o constan grabaciones relativas a un supuesto informe policial [...] que investigó el presunto pago" de Venezuela a Iglesias en una cuenta offshore.
La formación morada tiene dudas de que este informe policial exista y mantiene que la información publicada por OkDiario es falsa, y así lo afirma en las diligencias que propone. "Dada la falsedad" de la noticia, sostiene el partido, Iglesias "demandó al diario OkDiario y a su propietario y editor", Inda, y pese a que "tanto el Juzgado de instancia como Audiencia Provincial desestimaron la demanda", lo hicieron con el argumento de que "la noticia era veraz dado que se fundaba en algún tipo de pesquisa policial".
Si así lo entendieron ambos tribunales, afirma el partido, fue porque Inda aportó "unas manifestaciones ante notario de un presunto confidente venezolano de la policía española quien aseguraba que la Orden de Pago era auténtica" –un confidente que actuó por encargo de Interior, según informó infoLibre– y, especialmente, porque a la vista acudió como testigo Eugenio Pino Sánchez, ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, "quien testificó que existía algún tipo de informe policial proveniente de la propia DAO que había investigado estos pagos". "Sin embargo, nadie ha visto aún dicho informe policial, ni sabemos qué agentes o unidades confeccionaron el mismo, ni cómo se inició o finalizó", razona Podemos.
Investigaciones a raíz del Informe PISA que no existen
Por otra parte, Podemos pide que también se investigue si entre la documentación intervenida en el procedimiento se encuentra el Informe PISA, y además solicita al juez que pida a la DAO de la Policía y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del cuerpo que aporten "las investigaciones policiales referidas" a ese "presunto informe". Asimismo, el partido quiere que el juez compruebe si el Tribunal de Cuentas ha investigado o no el Informe PISA, y le pide que solicite a la institución que remita ese expediente "o cualquier otro" que investigue si Iglesias recibió pagos "desde los Estados de Venezuela o Irán". "Y ello porque la UDEF ha comunicado que, una vez recibido dicho supuesto informe policial, lo remitió al Tribunal de Cuentas, sin que éste hasta la fecha haya emitido ninguna resolución al respecto", deja caer Podemos.
El partido es mucho más directo cuando pone en duda la existencia de otra investigación basada en las supuestas revelaciones del Informe PISA: la del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Podemos pide al juez que pregunte "si existe en ese organismo cualquier investigación relacionada con este informe PISA", ya que, según el partido, "este informe o investigación oficial de Sepblac tampoco ha existido jamás", pese a que una noticia publicada en 2016 en El Español aseguraba que ese organismo estaba investigando a Podemos e Iglesias por financiación ilegal a través de Belice.
De igual manera, y con el fin de certificar que un grupo de periodistas forman parte de la supuesta red comandada por Villarejo, Podemos pide "que se investigue si entre la documentación intervenida en esta causa existe cualquier tipo de información, documentación o constan grabaciones relativas a las grabaciones difundidas de la conversación mantenida entre José Manuel Villarejo Pérez, Corinna zu Sayn Wittgenstein y Juan Villalonga Navarro en los periódicos OkDiario y El Español". Y es que "nuevamente, son los mismos medios de comunicación y periodistas los que hacen gala de obtener información confidencial" procedente de Villarejo, sostiene Podemos, que afirma que dos periodistas de esos diarios mantenían "estrechos vínculos" con el excomisario.
"Se ha gastado dinero de todos los españoles para fabricar pruebas"
Miembros de la 'policía política' que investigó a Podemos aseguran en una grabación que tenían el visto bueno de Rajoy
Si el juez acepta iniciar las investigaciones que solicita Podemos, éstas se unirán a las pesquisas relativas al robo en 2015 del teléfono móvil de la colaboradora de Iglesias Dina Bousselham, un teléfono cuya información presuntamente acabó en manos de Villarejo. De ese teléfono salió la información que sirvió para que OkDiario publicase noticias basadas en conversaciones privadas de los dirigentes de Podemos, como aquella en la que Iglesias aseguraba jocosamente que quería azotar "hasta que sangrase" a la presentadora de televisión Mariló Montero.
El propio secretario general de la formación morada aseguró este viernes en la Cadena Ser que "se ha gastado dinero de todos los españoles para fabricar pruebas para que un partido [Podemos] no gobierne en nuestro país". Iglesias afirmó que esta trama se llevó adelante gracias a tres patas: una policial que fabricó pruebas falsas contra su persona y contra la formación, otra política que daba cobertura a esos policías "corruptos" y que "apunta al Gobierno del PP", y una tercera pata mediática en la que "se ha demostrado" que OkDiario trabajó "con los criminales de las cloacas".
En este sentido, Villarejo insinuó esta semana en sede judicial que la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, conocía la supuesta operación con la que se intentaba desacreditar a Iglesias. Por ello, Podemos anunció este viernes que estudia querellarse contra los antiguos responsables del Ministerio del Interior si se confirma que el espionaje a su líder formaba parte de una investigación policial. Y el Gobierno, por su parte, aseguró que colaborará con la Justicia en "todo lo que pida" para esclarecer la investigación, en palabras de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa.
Podemos se pone en marcha para tratar de demostrar que la policía política del PP trató de perjudicarlo con informaciones falsas sobre su financiación que posteriormente fueron publicadas en varios medios de comunicación y que afectaban directamente a su líder, Pablo Iglesias. El partido morado pidió al juez que investiga estas supuestas actividades que ponga en marcha un total de 20 diligencias de investigación, en un escrito presentado en octubre y al que ha tenido acceso infoLibre, con dos objetivos fundamentales: demostrar la falsedad de los documentos elaborados en su contra para acusar al partido de financiación ilegal e intentar probar que periodistas como el director de OkDiario, Eduardo Inda, formaban parte del entramado puesto en marcha por la policía política para, supuestamente, perjudicar a rivales políticos del PP.