“Falta todavía un año. Los votantes se moverán por la situación económica y las perspectivas más que por cualquier otra cosa”. Esta reflexión la hace un miembro del Consejo de Ministros en mitad del ruido político y mediático generado por la reforma del delito de malversación por parte del Gobierno al preguntarle por los posibles costes electorales.
El cambio en el delito (con una rebaja de la pena a 4 años de cárcel si no hay ánimo de lucro) supone una de las decisiones más difíciles de Pedro Sánhcez. Pero el presidente está convencido de que es necesaria. El principal argumento que se emite desde La Moncloa es que se trata de otra iniciativa para desinflamar Cataluña y en aras de la convivencia. Con una expresión que se repite entre los cargos socialistas: es un movimiento “arriesgado”.
Pero recuerdan en el círculo de Sánchez que el presidente siempre afronta decisiones de vértigo, y que el tiempo le da la razón. Como pasó, por ejemplo, con los indultos. “Hay que arriesgarse”, resumen desde el palacio presidencial, para reiterar la palabra en sus argumentaciones: “Sánchez siempre ha arriesgado, y siempre ha ganado así”.
Esta reforma del delito de malversación se incluye dentro del paraguas de una proposición de ley que se tramita de manera exprés y que llegará este jueves al propio Pleno del Congreso. Dentro van medidas como el cambio también en el tipo de la sedición (reduciéndose de quince a cinco años de cárcel las penas al estilo de otros países europeos), la creación de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito para cargos públicos y la modificación de la mayoría necesaria en el Consejo General del Poder Judicial para poner final al bloqueo del Tribunal Constitucional (se elimina la obligatoriedad de los tres quintos).
Las dudas sobre la malversación
Pero la malversación se ha convertido en el tema más espinoso dentro del propio PSOE, pues toca la fibra sensible de la corrupción. Y con el temor de que se pudiera dar una situación parecida a la ley del sólo sí es sí, cuyos efectos no deseados han conllevado rebajas de penas. Por eso, muchos socialistas confían y cruzan los dedos para que el texto esté suficientemente atado para las futuras interpretaciones de los magistrados. Algo de lo que se ha encargado personalmente el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que es el cerebro jurídico del Ejecutivo.
Este lunes salió adelante en el trámite de ponencia en el Congreso, lográndose un acuerdo con una enmienda transaccional entre el PSOE y ERC, que incluye una rebaja a cuatro años de cárcel en el caso de la malversación sin ánimo de lucro. UP mostró sus reticencias hasta última hora, pero finalmente se unió a los otros dos grupos para aprobar este texto. Según la versión de los de Gabriel Rufián, esto beneficiará a los condenados por el procés.
Un cambio con una combinación muy explosiva para muchos en el partido al mezclarse corrupción y Cataluña a escasos meses de que arranque el hipervitaminado ciclo electoral que sacudirá España el año que viene. Pero, pese a algunas dudas, desde La Moncloa se sostiene que los ciudadanos entenderán la hoja de ruta del Gobierno para resolver el problema catalán y que los votantes prefieren la situación actual a lo que pasó en Cataluña en 2017, con una declaración unilateral de independencia por parte del Parlament mientras gobernaba el PP en el Ejecutivo central.
El PSOE cree que el PP "subestima" a los ciudadanos
Los argumentos de la parte socialista se centran en que se vuelve a un sistema como el anterior a 2015, ya que el PP cambió la ley con su mayoría absoluta eliminando esas diferenciaciones en el tipo delictivo y pensando en futuras condenas para los líderes independentistas. El presidente Sánchez, en cambio, siempre ha defendido que había que desjudicializar el conflicto catalán y por eso puso en marcha su agenda del reencuentro, que le ha llevado a adoptar decisiones como los indultos, la creación de la Mesa de Diálogo y las reformas de la sedición y de la malversación.
A pesar de esto, en Moncloa y Ferraz no creen que la clave del ciclo electoral sea esta cuestión. El presidente del Gobierno está convencido de que Cataluña será un “activo” en las próximas citas electorales, a pesar de que sabe que la derecha va a utilizar este tema contra el Ejecutivo. Una cuestión que supone incluso una competición de voracidad dentro de las derechas, con un PP intentando controlar una subida de Vox. De hecho, tanto en el PSOE como en el PP creen que las imágenes de las barricadas incendiadas en Barcelona antes de la repetición electoral de 2019 avivaron el voto para Vox, que pasó de 24 a 52 escaños.
Desde la sala de máquinas de Ferraz hacen este análisis sobre el escenario que se abre con la malversación: “La cuestión principal es que no despenaliza la malversación. Es delito ahora, y lo va a seguir siendo. Los exabruptos diarios del PP y la ultraderecha no pueden tapar esto. La reforma que hizo el PP no impidió que, bajo su Gobierno, se convocaran los referéndums en Cataluña, la declaración de independencia, la fuga de Puigdemont. Fue una reforma unilateral realizada con mayoría absoluta que no tuvo apoyos en su tramitación parlamentaria”.
El argumento que señalan en Ferraz y que repetirán sus cargos estos días: “Lo que hacemos desde el PSOE es armonizar el Código Penal con países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Italia o Portugal. Penalizamos de forma más dura el enriquecimiento ilícito para seguir luchando contra la corrupción, y también acotamos la malversación al desvío de fondos dentro de la administración, o a la corrupción pura y dura. Las mentiras, bulos y fake news del PP y la ultraderecha tienen poco recorrido. Su credibilidad está bajo mínimos, y los votantes socialistas de todos los territorios de España saben perfectamente a qué se dedican: crispación y polarización”. Y lanzan este dardo desde el PSOE: “Es curioso que un partido, el PP, y el señor Feijóo, que no hacen público el sueldo de éste, pretendan dar lecciones de transparencia y avances. Los bolsillos de los políticos deben ser de cristal”.
Desde la dirección del PSOE indican sobre si puede arañar votos la derecha del electorado socialista por esta reforma: “Lo que la gente no va a comprar son las mentiras del PP y la ultraderecha. Subestiman a los ciudadanos y ciudadanas, como han hecho siempre”.
"A la gente le importa la factura de la luz"
“A la gente lo que le importa ahora mismo es la factura de la luz”, como señala un alto cargo del PSOE. Y los socialistas dicen que lo importante, primero, en las próximas elecciones municipales y autonómicas será la gestión de sus barones y alcaldes. Por ello creen que la malversación no será el eje principal. No obstante, la orden dada por Moncloa es cerrar cuanto antes las leyes polémicas en las Cortes (a ser posible antes de que finalice el año), para poder centrarse luego en la gran batalla electoral.
Algunos barones sí han criticado el cambio y creen que sí les puede costar votos, como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón). Pero en otros territorios, a pesar de considerar arriesgada la decisión, también apuntan a que la economía será lo vital. Un barón confiesa: “No lo tengo claro. Yo creo que la gente votará por cómo pase el invierno. Empleo, inflación, energía, sueldos… Creo que eso es lo que más va a pesar”.
O como señalan fuentes de la Generalitat Valenciana: “Estamos en contra de cualquier actuación que pueda beneficiar a corruptos. Pero la malversación no nos afectará. Es un tema generado en Madrid. No nos afectará. Las elecciones se van a jugar en lo que afecte a la ciudadanía. Ya veremos. Queda mucho”. En una línea parecida se expresan fuentes cercanas al presidente de Canarias: “La gente está en el tema del bienestar y en eso los datos avalan la gestión. Porque estamos mejor en todos los indicadores”.
En ese “mucho” que queda por las elecciones, como confiesan varios cargos del PSOE de cara a las generales, se tendrán que ponderar muchos factores. Ni siquiera se sabe si continuará la guerra de Ucrania y sus efectos económicos. Además, otra cuestión que será vital es lo que pase con el espacio de Unidas Podemos y Yolanda Díaz. Algunos incluso ponen en la carrera hasta una posible candidatura de Macarena Olona, que dividiría más a la derecha. Además, los socialistas confían en que Alberto Núñez Feijóo se siga desgastando en su figura y que se visualice todavía más claramente que tendrá que gobernar con Santiago Abascal como vicepresidente. Porque no hay más aliados posibles, dicen en el PSOE, que sigue apostando por reeditar la coalición y su bloque de investidura. Lo que también tienen claro en el PSOE y en el PSC es una "gran fortaleza" en votos que tendrán en Cataluña en este ciclo, clave para que se mantenga un gobierno de izquierdas a nivel estatal.
“Falta todavía un año. Los votantes se moverán por la situación económica y las perspectivas más que por cualquier otra cosa”. Esta reflexión la hace un miembro del Consejo de Ministros en mitad del ruido político y mediático generado por la reforma del delito de malversación por parte del Gobierno al preguntarle por los posibles costes electorales.