El Gobierno quiere dar cumplimiento al acuerdo del Congreso de los Diputados que pidió sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, dado que el dictador no falleció en la Guerra Civil ni fue represaliado posteriormente, sino que murió de manera natural a los 82 años.
Así lo ha avanzado este lunes la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE que estudiará instar al Gobierno a hacer suya una proposición de ley presentada por los socialistas a finales del año pasado, y que el Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy vetó porque estimaba que aumentaba el crédito presupuestario en más de 200 millones de euros.
La vicepresidenta ha señalado que es intención del Gobierno impulsar una mejora de la actual Ley de Memoria Histórica "en los términos" en que el PSOE la propuso como grupo parlamentario. "Daremos cumplimiento a lo que el Congreso ya decidió que se hiciera", ha asegurado, refiriéndose a una proposición no de ley —es decir, no jurídicamente vinculante— aprobada en mayo de 2017 y que fue la base de la proposición de ley registrada posteriormente por el PSOE.
Calvo ha señalado que el Gobierno "va a intentar hablar con todos" los partidos para impulsar esta reforma de la Ley de Memoria Histórica, aunque ha insistido que, en este tema en concreto, ya hay un acuerdo de la Cámara Baja sobre lo que debería hacerse.
Única abstención de PP y ERC
El acuerdo al que se refiere la vicepresidenta data del 11 de mayo de 2017, cuando el Pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley del PSOE que instaba al Gobierno a ampliar la Ley de Memoria Histórica para, entre otras cosas, exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. La iniciativa salió adelante con la única abstención del PP y ERC.
El Congreso también pidió convertir el Valle de los Caídos en un lugar para la cultura de la reconciliación y la memoria colectiva democrática, que sirva para dignificar y reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Así, solicitó también exhumar el cadáver de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, para sacarlo del altar mayor de la basílica y trasladarlo a un lugar "no preeminente" del templo situado junto a El Escorial, dado que él, a diferencia de Franco, fue ejecutado en el inicio de la Guerra Civil.
Otra de las propuestas que aprobó el Congreso fue excluir todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda a Franco, su dictadura, el nazismo, la xenofobia o cualquier expresión vejatoria para las víctimas.
Urgía también al Gobierno a crear una Comisión de la Verdad, como recomendó Naciones Unidas, para determinar la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, sobre todo las desapariciones forzadas.
El Congreso también solicitó estudiar la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana y reclamó establecer el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las del franquismo, así como fomentar incluir la memoria histórica en los contenidos educativos.
Para revitalizar la Ley de Memoria, exigió reanudar las políticas públicas en esta materia con su correspondiente dotación económica, volver a expedir declaraciones de reparación a las víctimas y constatar, en su caso, la ilegitimidad de las sentencias emanadas de los tribunales ilegítimos del franquismo.
Fosas y bancos de ADN
Sánchez pretende que el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos sea "inmediato"
También reclamó al Gobierno que asuma, en colaboración con el resto de administraciones y asociaciones, las actuaciones necesarias para localizar y exhumar fosas comunes y dar un entierro digno a sus ocupantes. En este punto, la Cámara defendió la creación urgente de Bancos de ADN, teniendo en cuenta la avanzada edad de los familiares de los desaparecidos.
La retirada de símbolos y monumentos franquistas, la apertura de todos los archivos institucionales con información sobre la represión y un censo de las infraestructuras y obras realizadas por los represaliados sometidos a trabajos forzados donde deben colocarse placas en su honor, también figuran en la iniciativa aprobada.
Todos estos puntos fueron posteriormente incluidos en la proposición de ley que el PSOE registró este año en el Congreso, y cuya tramitación paralizó el veto del Gobierno de Rajoy.
El Gobierno quiere dar cumplimiento al acuerdo del Congreso de los Diputados que pidió sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, dado que el dictador no falleció en la Guerra Civil ni fue represaliado posteriormente, sino que murió de manera natural a los 82 años.