Un agujero en las garantías de control de la financiación pública de la educación concertada ha quedado al descubierto en la Comunidad de Madrid. Y la Consejería de Educación (PP) calla al respecto, sin aclarar –entre otras dudas– por qué no extiende las comprobaciones más allá del problema detectado.
La Cámara de Cuentas, en su informe de "fiscalización operativa de la actividad económica en la educación pública no universitaria", aprobado en marzo de este año, tomó una muestra de 19 centros concertados distintos para escudriñar sus números. Analizó para ello informes anuales de control financiero de los cursos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. ¿Y qué encontró? Pues encontró que en tres de esos 19 centros, el importe recibido fue superior al justificado. Es decir, hubo una sobreconcertación. El colegio recibía más dinero público del que era capaz de justificar ante la administración pública que se lo concedía. Esto ocurría, en la muestra analizada por la Cámara de Cuentas, en el 15,78% de los casos: tres de 19.
El hallazgo sería relevante en cualquier caso, pero más en la Comunidad de Madrid, donde los tres partidos que conforman la mayoría del nuevo Gobierno, presidido por Isabel Díaz Ayuso (PP), defienden un incremento de la aportación de recursos públicos a la educación privada, que ya de por sí está en cifras récord en toda España. infoLibre lleva desde el 9 de julio intentando reiteradamente que la Consejería de Educación ofrezca su versión sobre lo ocurrido, aclare qué controles existen y qué medidas ha activado o va a activar, sin respuesta [ver La Caja Negra al final de esta información]. En la Comunidad de Madrid había, en el curso 2017-2018, 558 colegios concertados de infantil, primaria, secundaria y educación especial, frente a 1.882 públicos y 1.1997 totalmente privados (es decir, no concertados, sin financiación pública).
La insistencia de un profesor
Enrique García, profesor de secundaria en un instituto público madrileño, atento observador del sistema y autor de un blog sobre la materia, reparó antes que nadie en el descubrimiento de la Cámara de Cuentas [ver aquí su seguimiento del caso]. Acogiéndose a la Ley de Transparencia, solicitó a la Consejería de Educación copia del acuerdo por el que se iniciaron los procedimientos de reintegro de los tres centros "privados con concierto" –como él los califica, considerando eufemístico el término "concertados– a los que aludía la Cámara de Cuentas. La reclamación entró por el registro del departamento educativo madrileño un 4 de junio. Justo un mes después, Educación firmaba su respuesta. Era afirmativa. Al "no concurrir ninguna de las circunstancias limitativas del derecho de acceso a la información", García recibía su contestación de la Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio.
La respuesta aclaraba algunos puntos, pero otros no. Y sembraba dudas. La fundamental es si la Comunidad de Madrid detectó los casos de sobreconcertación porque así se lo advirtió la Cámara de Cuentas o por sus propios medios. Esto no está aclarado en el informe de la Cámara de Cuentas. Ni tampoco lo aclara a preguntas de este periódico.
Gastos sin documentación
La comunicación dirigida por Educación al profesor García incluía tres anexos, uno por cada acuerdo de reintegro. Los tres acuerdos están firmados el mismo día, 25 de junio de 2015. En cada uno de ellos se exige al centro en cuestión el reintegro de las cantidades no justificadas: 94.804,32, 55.384,6 y 4.549,85 euros. En total, 154.738,77 euros.
Los fondos que los centros han sido obligados a devolver se corresponden en su mayoría con gastos no soportados documentalmente o considerados no subvencionables. En uno de los tres casos, el dinero que el centro tuvo que devolver, 94.804,32 euros, alcanza el 16,2% de los 584.900,89 euros de fondos asignados en el concierto en el curso analizado, 2012-2013.
La respuesta de Educación al solicitante de información, al igual que hace la Cámara de Cuentas, explicita que el dinero fue devuelto en los tres casos.
Lo que la Cámara de Cuentas también pone de relieve en su informe es que la Comunidad de Madrid no extendió las comprobaciones sobre los centros sobreconcertados a los ejercicios económicos prescritos. El informe del órgano fiscalizador también expone las limitaciones con las que se ha encontrado para detallar todos los hechos: "Dado que la Comunidad de Madrid no dispone de una contabilidad de costes, el análisis de esta Cámara se ha visto limitado en lo que respecta a la evaluación de los sistemas y procedimientos aplicados para la determinación de indicadores de costes de centros públicos y concertados".
Educación no hace ninguna aclaración sobre la falta de extensión de las comprobaciones en los centros, ni tampoco responde a una pregunta clave: ¿se impuso alguna sanción a los que justificaron menos de lo ingresado? "Si no ha habido ninguna sanción, como parece claro, me parece muy grave. Claro, si un centro puede intentar recibir más dinero del que justifica, con la certeza de que, si se detecta, lo único que va a tener que hacer es devolver lo que se ha quedado de más, ¿qué aliciente hay para hacerlo correctamente? Esto sería jauja", señala el profesor García, que cree urgente que Educación aclare si detectó las sobreconcertaciones a raíz de la investigación de la Cámara de Cuentas.
García alerta de la enorme gravedad que tendría que la media de más de un 15% de colegios que no justifican debidamente el dinero público recibido se extendiese a la totalidad de los centros concertados de la Comunidad de Madrid.
EDUCACIÓN NO RESPONDE
infoLibre ha intentado reiteradamente, desde el 9 de julio, obtener respuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (PP) sobre aspectos tocantes a esta información. Han quedado sin contestación preguntas como estas:
– ¿Se dio cuenta la Consejería de que los libramientos son superiores a lo justificado a raíz de la investigación de la Cámara de Cuentas?
– ¿Cómo se detecta este desfase?
– ¿Qué mecanismos de detección existen?
– ¿Qué medidas correctoras se han aplicado a raíz del informe?
– ¿Cuántos casos similares más se han detectado?
– De 19 casos, se han detectado tres con libramientos superiores a lo justificado. Tres de 19, un 15,7%, ¿es un porcentaje que la consejería considere aceptable?
– Señala la Cámara de Cuentas lo siguiente: "Las comprobaciones no se extienden a los gastos correspondientes a otros ejercicios no prescritos". ¿Por qué?
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– ¿Cuántos expedientes similares hay actualmente abiertos?
– ¿Hay legalmente previsto algún sistema de sanciones para este tipo de casos?
– En los casos detectados, ¿se han impuesto sanciones?
Un agujero en las garantías de control de la financiación pública de la educación concertada ha quedado al descubierto en la Comunidad de Madrid. Y la Consejería de Educación (PP) calla al respecto, sin aclarar –entre otras dudas– por qué no extiende las comprobaciones más allá del problema detectado.