Euskadi, Cantabria, la Comunitat Valenciana y Aragón han puesto en marcha experiencias para escolarizar de forma gratuita a niños de dos años en los colegios públicos. Los centros que son de titularidad estatal habitualmente incorporan a los menores partir de los tres años. Además, al margen de estos incipientes proyectos, todas las fórmulas de escolarización para los pequeños de 0 a 3 años, ya sea en escuelas infantiles públicas o concertadas, tienen un coste directo para las familias que puede alcanzar los 300 euros al mes, si bien el precio final depende de la renta.
Las comunidades impulsoras defienden la necesidad de redefinir la escolarización de los más pequeños. En Cantabria, que fue la primera en implantar esta iniciativa en 2004, sostienen que desde entonces se han creado casi 400 puestos de trabajo –la mitad de ellos docentes– y que ha sido una medida muy positiva para la conciliación de la vida familiar y el progreso de los menores, pues numerosos estudios demuestran que los alumnos obtienen mejores rendimientos académicos cuanto antes se empieza a intervenir en su etapa madurativa. En este curso son 163 las aulas de dos años en 112 centros públicos. No obstante, la delantera en esta cuestión la lleva el País Vasco, que ha integrado de forma muy clara la escolarización a los dos años dentro del sistema público educativo, donde esta posibilidad ya se oferta en 331 centros públicos.
El Gobierno valenciano, por su parte, argumentó entre otras cuestiones al poner en marcha un programa similar el curso pasado en 35 colegios que lo consideraban necesario tras haber detectado que muchas familias no podían matricular a sus hijos en las escuelas infantiles por cuestiones económicas. De hecho, la propuesta gozó de gran aceptación y más de 1.500 familias trataron de inscribir a sus hijos, lo que supuso doblar el número de plazas disponibles. En este curso han sido 70 las aulas de dos años abiertas en colegios públicos, si bien el programa no se generalizará a corto plazo debido a su coste económico.
En Aragón la iniciativa comenzó este curso de forma experimental en tres centros y se ampliará a ocho para el que viene. Según explican a infoLibre desde el departamento de Educación aragonés el objetivo es atender, principalmente, a los centros con especial incidencia de alumnado con necesidades educativas y que este hecho suponga un "plus" para colegios con baja demanda por motivos demográficos o sociales. Entre los criterios de valoración de las solicitudes está el trabajo en activo de ambos progenitores –para así romper con la "inercia" de la acumulación de alumnos con situaciones sociales complicadas en determinados centros– o la renta, entre otros aspectos.
Ante la Justicia
El sector de las escuelas infantiles privadas, sin embargo, mantiene que si este tipo de iniciativas se extendiera a toda la red pública sus centros se verían abocados al cierre, lo que afectaría a un tipo de empleo que además está muy feminizado. "Las escuelas existentes se verían obligadas a cerrar porque no sería rentable mantenerlas únicamente para atender a menores de cero a un año y de un año a dos, donde las ratios son de ocho y doce alumnos, respectivamente. Sería insostenible", se queja José Antonio Antolín, portavoz de la Asociación Estatal de Empresas de Asistencia y Educación Infantil (Adei). En las aulas de dos años el número máximo de alumnos es de 18.
La propuesta de los centros privados pasa por poner su experiencia e infraestructuras a disposición de la Administración para que las familias tengan acceso a la enseñanza gratuita en este tramo de edad, con ayudas en función de la renta para otros servicios como el comedor, y se respete al mismo tiempo el derecho de los padres a la libre elección de centro. Los colegios concertados, por su parte, también vienen reclamando subvenciones para las aulas de dos años que ya existen en sus centros y que ahora son de pago en todas las comunidades.
En la Comunitat Valenciana el plan experimental para la creación de aulas de dos años en colegios públicos, puesto en marcha en el curso pasado, soliviantó de tal manera al sector que la iniciativa acabó en los tribunales. Tanto la patronal de centros Feceval como Adei recurrieron ante la Justicia alegando que esta iniciativa producía una vulneración del derecho de competencia y discriminaba a los centros infantiles privados y a los públicos no contemplados por la norma de la conselleria.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha dado la razón a la Administración. Según una sentencia del pasado abril, referida al recurso de Feceval y que adelantó Europa Press, la orden que regulaba el programa experimental es "acorde a las competencias de las comunidades autónomas", que tienen entre sus cometidos asegurar la cobertura de las necesidades educativas. Los jueces tampoco apreciaron "arbitrariedad" en el hecho que los centros elegidos para su implantación sea de titularidad pública. En sus alegaciones, la Conselleria de Educación señaló ante los jueces del TSJ que el 72% de los nuevos alumnos no había solicitado una reserva en ninguna escuela infantil al no poder permitírselo y reiteró que la existencia de escuelas privadas no puede impedir a la propia Administración actuar y llevar a cabo su política educativa.
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RECTIFICACIÓN
Esta información ha sido editada para incluir que en el País Vasco 331 colegios públicos ofrecen la posibilidad de escolarizar a niños de dos años.
Euskadi, Cantabria, la Comunitat Valenciana y Aragón han puesto en marcha experiencias para escolarizar de forma gratuita a niños de dos años en los colegios públicos. Los centros que son de titularidad estatal habitualmente incorporan a los menores partir de los tres años. Además, al margen de estos incipientes proyectos, todas las fórmulas de escolarización para los pequeños de 0 a 3 años, ya sea en escuelas infantiles públicas o concertadas, tienen un coste directo para las familias que puede alcanzar los 300 euros al mes, si bien el precio final depende de la renta.