La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Iglesia han suscrito un nuevo convenio para la asistencia religiosa católica en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud en el que el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso se compromete a desembolsar algo más de 900.000 euros anuales por los capellanes que estarán presentes durante al menos los próximos cuatro años en los centros sanitarios, un beneficio económico del que no disfrutan otras confesiones. En total, el departamento dirigido por Enrique Ruiz Escudero cifra en siete decenas el número de religiosos que desarrollarán su labor en los hospitales de la región a partir de este momento. La suscripción del convenio llega en plena polémica por la falta de rastreadores en suelo madrileño y en un momento en el que los rebrotes se están incrementando en toda España. A día de hoy, la comunidad cuenta con 182 profesionales encargados de trazar los contagios. Es decir, la región tendrá casi un capellán por cada dos rastreadores.
El texto acordado tiene por objeto “reconocer, proteger y posibilitar el ejercicio garantizado constitucional, legal y convencionalmente, del derecho a la asistencia religiosa de los enfermos católicos y sus familiares o allegados”. De ello se encargará el Servicio de Asistencia Religiosa Católica (SARC), que quedará vinculado a la dirección o gerencia del hospital y ubicado dentro de su propio organigrama. “Tendrá independencia sobre el contenido y la forma de prestar su asistencia, que serán determinados exclusivamente por la autoridad eclesiástica competente y conformes con las orientaciones sobre pastoral sanitaria de las respectivas diócesis”, sostiene el texto. En concreto, la denominada Provincia Eclesiástica de Madrid está compuesta por la Archidiócesis de Madrid, la Diócesis de Getafe y la Diócesis de Alcalá de Henares, que en los últimos meses se ha visto salpicada por escándalos como el de las terapias para curar la homosexualidad, una práctica que está totalmente prohibida en la Comunidad de Madrid.
El denominado SARC está integrado por sacerdotes y diáconos. La cantidad de religiosos y su distribución por centros se fija en base a unos criterios claramente establecidos durante el primer Gobierno de Felipe González. Aquel acuerdo, suscrito por los ministros de Justicia y Sanidad y el presidente de la Conferencia Episcopal Española en 1985, contemplaba lo siguiente: un capellán a tiempo parcial para los centros de hasta 100 camas; uno a tiempo pleno y otro a parcial para los de hasta 250; dos a pleno y uno a parcial para los centros de hasta medio millar de camas; tres a tiempo pleno en los hospitales con hasta 800 plazas; y de tres a cinco religiosos a tiempo completo en los que superaran esa última barrera. Atendiendo a estos criterios, el convenio suscrito el pasado 6 de julio por el Ejecutivo de Ayuso contempla un total de 73 capellanes en los 26 centros madrileños. De ellos, 53 tendrán plena dedicación y otros 20 desempeñarán su labor a tiempo parcial.
El centro que contará con un mayor equipo religioso será el Complejo Universitario La Paz –Hospital La Paz, Hospital Carlos III y Hospital Cantoblanco–. Con 1.101 camas, contará con 8 religiosos, a pesar de que el máximo establecido en el acuerdo para un centro es de media decena. De ese último número de capellanes dispondrá el 12 de Octubre, el Ramón y Cajal y el Gregorio Marañón. Cinco estarán también desempeñando sus labores en el Clínico San Carlos, a pesar de contar con 706 camas. Fuentes de la Archidiócesis de Madrid consultadas por infoLibre justifican los ocho de La Paz “por la distancia entre las tres sedes agrupadas bajo la misma gerencia”. Y en cuanto a la media decena del San Carlos, apuntan: “En ese hospital siempre ha habido más de 800 camas y hay mucho hospital de día, que se atiende también”. Por su reducido tamaño, los que dispondrán de menos personal dedicado a estas labores serán los hospitales de El Escorial, Infanta Cristina y el Tajo y el Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud Mental José Germain.
Estos servicios ofrecidos por la Iglesia no son gratuitos. Esto era algo que también quedaba establecido en el acuerdo con la Conferencia Episcopal de 1985. El convenio, que tiene una vigencia de cuatro años prorrogables bianualmente por el mismo tiempo, contempla que la “aportación económica” a la Provincia Eclesiástica de Madrid que saldrá de las arcas públicas regionales será anualmente de 14.967,29 euros por cada religioso a tiempo pleno y de 7.574,81 euros por cada uno de los que esté a jornada parcial. De acuerdo con el número de capellanes previstos, el Ejecutivo de Ayuso tendrá que desembolsar 937.187,76 euros. Un beneficio que no sacan, sin embargo, otras confesiones religiosas que ejercen funciones similares. “A nosotros no se nos paga nada. Vamos de forma voluntaria y gratuita, dedicando nuestro tiempo y nuestro dinero”, señalan a este diario desde el Consejo Evangélico de Madrid, que también tiene suscrito un convenio con el departamento dirigido por Ruiz Escudero.
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La firma del convenio llega en plena tormenta por la falta de rastreadores en la región. Según informó este miércoles el vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio Aguado, la comunidad sólo cuenta en la actualidad con 182 rastreadores. Tiene, en resumen, menos de uno por cada 30.000 habitantes, una proporción que es entre seis y siete veces menor que lo que se estima necesario. La Comunitat Valenciana, que es la que dispone de un mayor número de estos expertos, dispone de 1.008, lo que equivale a uno por cada mil habitantes. Por eso, la decisión del Ejecutivo regional de renovar en plena pandemia el convenio de asistencia religiosa con la Iglesia ha causado un enorme revuelo político. “A falta de rastreadores del virus, la Comunidad de Madrid antepone los rastreadores de almas”, criticaba en redes sociales el diputado de Más Madrid en el Parlamento regional Hugo Martínez Abarca.
Desde la Archidiócesis de Madrid, en la que se enmarcan la mayoría de los hospitales públicos, recalcan que el nuevo convenio firmado con el Ejecutivo regional es “muy parecido” al texto de 2008, el que estaba vigente hasta este momento y que se iba renovando automáticamente de forma anual. “Se añaden simplemente algunas referencias legislativas”, explican. El texto actual sigue manteniendo, entre otras cuestiones, la posibilidad de que el Servicio de Asistencia Religiosa Católica pueda formar parte tanto del Comité de Ética como de los Equipos de Cuidados Paliativos, aunque sin suponer “injerencia en las actuaciones del equipo sanitario” y respetando “la voluntad de los pacientes”. Estos organismos son los encargados de decidir sobre todas aquellas cuestiones de bioética planteadas desde el comienzo hasta el final de la vida, así como sobre aspectos relacionados con personas con discapacidad o el suministro de vacunas.
Estas mismas fuentes, además, sostienen que siguen contando con un número de capellanes “muy parecido” al de años atrás, si bien no aportan la evolución anual de los últimos ejercicios. La Iglesia no solo ofrece estos servicios a los centros del Servicio Madrileño de Salud. Sólo la Archidiócesis de Madrid calcula que actualmente tienen desplegados en centros sanitarios públicos, privados o religiosos unos 110 capellanes. Una cifra que en los momentos más duros de la pandemia se vio incrementada. Fuentes oficiales señalan que la Provincia Eclesiástica de Madrid desplegó durante las jornadas más críticas de la crisis sanitaria unos 160 religiosos, que también estuvieron presentes en el hospital de campaña de Ifema. Un servicio de capillanía que también se acordó con la Consejería de Sanidad madrileña para los hoteles medicalizados que se destinaron a todos aquellos contagiados que no requerían ingreso hospitalario.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Iglesia han suscrito un nuevo convenio para la asistencia religiosa católica en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud en el que el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso se compromete a desembolsar algo más de 900.000 euros anuales por los capellanes que estarán presentes durante al menos los próximos cuatro años en los centros sanitarios, un beneficio económico del que no disfrutan otras confesiones. En total, el departamento dirigido por Enrique Ruiz Escudero cifra en siete decenas el número de religiosos que desarrollarán su labor en los hospitales de la región a partir de este momento. La suscripción del convenio llega en plena polémica por la falta de rastreadores en suelo madrileño y en un momento en el que los rebrotes se están incrementando en toda España. A día de hoy, la comunidad cuenta con 182 profesionales encargados de trazar los contagios. Es decir, la región tendrá casi un capellán por cada dos rastreadores.