Cáritas denuncia que los recortes en políticas sociales suponen una pérdida de bienestar importante para los ciudadanos. Es una de las conclusiones del informe Desigualdad y derechos sociales presentado este miércoles en la sede de la ONG de la Iglesia católica. El documento señala que “la grave situación económica está haciendo viable la aplicación de propuestas de recorte del Estado de bienestar de larga tradición en la política neoliberal”. Tras tomar como ejemplo lo ocurrido en otros países, añade: “La experiencia de privatización nos alerta sobre serios riesgos de deterioro de la calidad y eficacia en los servicios”.
En la rueda de prensa de presentación del documento, elaborado por FOESSA –fundación impulsada por Cáritas–, Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, ha afirmado que la sociedad está ya “fracturada” como consecuencia de un importante incremento de la desigualdad, y ha ahondado en la crítica hacia las políticas de recorte: “Las medidas tomadas, de una en una, pueden ser medidas que pidan un sacrificio incluso razonable, pero en su conjunto hacen la vida muy difícil de vivir”, ha dicho. El informe añade a este respecto: “Las políticas de austeridad han generado una mayor vulnerabilidad de la sociedad española”.
Menos derechos, más desigualdad
El estudio analiza la situación socioeconómica, hace un especial énfasis en los derechos de los ciudadanos y señala la incidencia que tienen en cuestiones como la pobreza y la igualdad. A los grandes aumentos de la desigualdad que se han registrado desde el comienzo de la crisis, se unen unas perspectivas poco halagüeñas: “La progresiva diferenciación ciudadana en el acceso a derechos básicos marcará nuestra estructura social en los próximo años”. Y es que, según Cáritas, el futuro estará marcado por esta tendencia, que perjudica especialmente a las personas más vulnerables: “Nuestro modelo actual amplía la ruptura social”, indica el informe. “Quienes realmente se han ajustado tres botones del cinturón son los más pobres”, ha añadido Sebastián Mora.
Para ilustrar esta realidad, se aportan datos al respecto. El gasto social por habitante en España es hasta un 20% inferior que en otros países europeos. Y se ponen ejemplo concretos de lo que se califica como debilitación de la “función protectora del Estado de bienestar”. Especial atención se dedica al gasto en Educación, sobre el que se señala: “El recorte puede afectar, inevitablemente, a la calidad y al rendimiento del sistema”, y a la Ley de Dependencia, sobre cuya degradación se indica: “Lleva a contemplar con preocupación el futuro del sistema”.
Deterioro del mercado laboral
Sin embargo, el informe dedica las mayores críticas a la última reforma laboral, a la que se reserva un amplio capítulo. En este sentido, se concluye que las diferentes medidas introducidas “han recortado sustancialmente la protección del puesto de trabajo”. Además, y en contraposición a la tesis del Gobierno, que argumenta que se trata de una reforma para la creación de empleo y que sitúa el despido como el último recurso posible ante la crisis, Cáritas asegura: “La evolución del mercado de trabajo posterior a la aprobación de la reforma ha demostrado que, en un contexto tan recesivo, estas medidas han contribuido a elevar el riesgo de desempleo”.
La consecuencia más palpable ha sido el aumento del número de personas en situación de paro: 850.000 más en 2012 según la EPA y más de tres millones y medio de puestos de trabajo perdidos desde el inicio de la crisis. Una “caída libre” que aún está lejos de terminar, puesto que no se atisban síntomas de mejora: “Durante el año 2012 el mercado de trabajo registró los que probablemente puedan caracterizarse como peores resultados de la etapa democrática”, asegura el informe. Los datos no dejan lugar a la duda: la tasa de hogares con todos sus integrantes en situación de desempleo ha pasado del 2,5% previo a la crisis al 10,6% registrado al cierre de 2012. Más de 1.800.000 familias en las que ninguno de sus miembros trabaja, y del total de parados, más de la mitad lleva en esa situación más de un año.
Ricos más ricos y pobres más pobres
El diagnóstico de Cáritas al referirse a la distribución de la renta en nuestro país tampoco deja dudas: “Fractura social”. El informe señala un “aumento sin precedentes de la desigualdad en la distribución”, e ilustra este fenómeno con cifras: el índice de Gini, que mide la igualdad en la distribución de la renta de los ciudadanos, ha aumentado más de diez puntos desde el comienzo de la crisis. Y la diferencia entre el percentil 20 y 80 de renta –es decir, la renta de las personas que ocuparían los puestos 20 y 80 respectivamente si sólo hubiera 100 ciudadanos y los ordenásemos de más pobre a más rico– se ha disparado hasta un 30%. Por ello se concluye: “Existe un riesgo notable de que el ensanchamiento de las diferentes entre hogares se enquiste en la estructura social”.
Informe 'Desigualdad y derechos sociales'
En definitiva, “más de una década perdida”, se dice, puesto que la renta actual del ciudadano medio es inferior en términos de poder adquisitivo a la del año 2001. Más aún, desde el año 2006 se registra una caída anual del 5% en las rentas más bajas, al tiempo que los precios acumulan una subida superior al 10%. El resultado es un índice de pobreza relativa del 21% y un riesgo creciente para el conjunto de las familias: el 44,5% de los hogares no pueden afrontar gastos imprevistos, y una de cada catorce las familias se retrasa habitualmente con los pagos de la hipoteca, el alquiler, el gas o la comunidad.
Cambio de prioridades en Europa
Por último, Cáritas señala que en el resto de Unión Europea se viven situaciones similares, aunque con menor intensidad. No en vano, España arroja los niveles más altos de desigualdad de toda la Unión. Al respecto de las políticas de la UE, se critica la ausencia de programas de ingresos mínimos, y se recomienda un cambio en las prioridades del euro, haciendo que los sacrificios recaigan en sectores como el financiero y evitando revertir un coste social tan alto a los ciudadanos.
Cáritas denuncia que los recortes en políticas sociales suponen una pérdida de bienestar importante para los ciudadanos. Es una de las conclusiones del informe Desigualdad y derechos sociales presentado este miércoles en la sede de la ONG de la Iglesia católica. El documento señala que “la grave situación económica está haciendo viable la aplicación de propuestas de recorte del Estado de bienestar de larga tradición en la política neoliberal”. Tras tomar como ejemplo lo ocurrido en otros países, añade: “La experiencia de privatización nos alerta sobre serios riesgos de deterioro de la calidad y eficacia en los servicios”.