No se ha acreditado ninguna relación íntima entre el fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa y la abogada que representa a Unidas Podemos en la ya conocida como pieza Dina, donde se investiga el robo del teléfono a una antigua asesora de Pablo Iglesias.Y no solo nada indica que hubiera habido esa relación sino que la propia abogada, Marta Flor, desmintió su existencia en un chat interno de la formación política. Así se resume la conclusión definitiva alcanzada este lunes 13 de julio por la inspección del ministerio público en lo que se conoce como expediente gubernativo contra Ignacio Stampa. Es decir, contra el fiscal anticorrupción a quien distintas informaciones sobre su hipotético vínculo con la abogada Marta Flor colocaron al borde del precipicio en un momento clave para el avance de dos capítulos sustanciales del ingente caso Villarejo: la centrada en los contratos del BBVA con el que durante lustros fue el comisario más poderoso del país; y la bautizada como Kitchen, donde se investigan el espionaje policial y parapolicial a Luis Bárcenas para evitar que conservase documentos contables que pudiesen incriminar al PP.
Fuentes consultadas por este periódico confirman que la resolución adoptada por el fiscal de sala encargado de la inspección o "expediente gubernativo" da así carpetazo a la queja interpuesta en febrero por una periodista canaria, María Montero, contra Stampa. Como desveló infoLibre, Montero ya había planteado en diciembre de 2018 una denuncia en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la ahora delegada del Gobierno para la violencia de género, la jueza de Las Palmas y dirigente de Podemos Victoria Rosell. Antes de desembarcar en el cuartel general de la Fiscalía Anticorrupción, Stampa había dirigido en el archipiélago importantes operaciones contra la corrupción urbanística en Lanzarote. La inspección a Stampa por la queja de Montero se archivó en primera instancia en junio. Pero la impulsora de la investigación interna recurrió. Es ese recurso el que se desestima ahora.
El responsable de la inspección a Stampa añade un argumento que ya fuentes jurídicas habían recordado semanas atrás: que incluso si el fiscal Stampa hubiese realmente mantenido una relación sexual con la abogada Marta Flor eso nunca sería motivo para apartarle del caso Villarejo. Lo que las normas prohíben de forma taxativa a los fiscales es crear vínculos personales de esa naturaleza con investigados o testigos o perjudicados en una causa, no con sus representantes legales.
El robo del móvil a Dina Bousselham, antigua asesora de Pablo Iglesias, se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para la formación morada. Las dudas del juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, y los enredos y cambios de versión de la propia Bousselham han situado a Iglesias en un terreno pantanoso: básicamente, porque el magistrado ya ha entreabierto la puerta que puede conducirle a pedir al Tribunal Supremo que le investigue. Y todo lo vino a empeorar la divulgación de mensajes del chat interno de Podemos donde la abogada Marta Flor se jactaba hace dos años de tener una relación muy estrecha –"prepararos para la boda", llegó a escribir– con uno de los dos fiscales asignados a la causa: Ignacio Stampa. De todo ello no había más prueba que los textos donde la letrada presumía ante sus compañeros de tener información gracias a lo que, con circunloquios y de forma sutil pero inequívoca, presentaba como un vínculo íntimo el fiscal. Luego, la misma Marta Flor desmintió en el mismo chat que tal relación existiera. Pero la difusión de la cadena de mensajes estalló.
Una decisión que marca el rumbo
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El carpetazo final a esta inspección interna no implica el cierre automático de las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía del TSJ de Madrid tras la denuncia interpuesta por la formación ultraderechista Vox contra Stampa además de contra Pablo Iglesias, la propia Dina Bousselham y la abogada Marta Flor. Las diligencias de Madrid van por su propio camino y, de momento, su apertura ha obligado a dejar en suspenso una segunda inspección interna a Stampa. Esta segunda inspección o expediente se abrió de oficio, es decir, por decisión de la propia estructura del ministerio público. ¿Por qué y con qué objetivo? Para determinar si, como han difundido los mismos medios que acusaron a Stampa de mantener una relación íntima con Marta Flor, el fiscal reveló a la abogada aspectos y datos del caso Villarejo que estaban bajo secreto.
Pero aunque las diligencias incoadas por la Fiscalía del TSJ de Madrid –el competente para investigar a los fiscales de la comunidad– siguen de momento adelante, la decisión del 13 de julio resulta crucial. Porque en la práctica marca el criterio del ministerio público. Y según las fuentes consultadas, ese criterio es que el ataque se sustenta en una cadena de afirmaciones basadas en mensajes de un chat privado "sacados de contexto".
Según las fuentes consultadas, los mensajes del chat que han inclinado la balanza en favor de Stampa no fueron publicados por aquellos medios que en las últimas semanas han abanderado la tesis de que una relación personal e íntima había puesto en manos de Podemos material jurídico inflamable que debía permanecer bajo estricto secreto.
No se ha acreditado ninguna relación íntima entre el fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa y la abogada que representa a Unidas Podemos en la ya conocida como pieza Dina, donde se investiga el robo del teléfono a una antigua asesora de Pablo Iglesias.Y no solo nada indica que hubiera habido esa relación sino que la propia abogada, Marta Flor, desmintió su existencia en un chat interno de la formación política. Así se resume la conclusión definitiva alcanzada este lunes 13 de julio por la inspección del ministerio público en lo que se conoce como expediente gubernativo contra Ignacio Stampa. Es decir, contra el fiscal anticorrupción a quien distintas informaciones sobre su hipotético vínculo con la abogada Marta Flor colocaron al borde del precipicio en un momento clave para el avance de dos capítulos sustanciales del ingente caso Villarejo: la centrada en los contratos del BBVA con el que durante lustros fue el comisario más poderoso del país; y la bautizada como Kitchen, donde se investigan el espionaje policial y parapolicial a Luis Bárcenas para evitar que conservase documentos contables que pudiesen incriminar al PP.