“Esta una causa de la humanidad”, proclamó este martes Pablo Casado con el skyline de Barcelona al fondo. El líder del PP acudió a la capital catalana para denunciar que en Canet de Mar se está acosando a una familia y a un niño por haber exigido recibir educación en castellano y lo comparó con la lucha de los afroamericanos por sus derechos civiles en el Misisipi de comienzos de los sesenta.
El presidente Kennedy, recordó Casado, “tuvo que mandar a las tropas federales para escoltar a los alumnos frente a la segregación racial. Esas son las causas que merecen la pena”, añadió defendiendo la utilización del Ejército. Pero “lo que falta hoy en el Gobierno de España“ son “presidentes como Kennedy que decidan dar la batalla”, lamentó.
El PP se ha lanzado de lleno a acompañar la ofensiva judicial y mediática para poner fin a la inmersión lingüística en la escuela catalana. Casado no ahorró calificativos contra un modelo que calificó de “apartheid lingüístico”. Acusó a las autoridades educativas de la Generalitat de utilizar la lengua “como un instrumento de ingeniería social” con el que “etiquetar y separar a ciudadanos de primera y de segunda”. La usan “como un laboratorio incluso para los niños menores de edad”. Son “enfermos morales”. Y Sánchez es su cómplice.
“Se están cargando esta sociedad. No queda ni un atisbo de lo que fue la Barcelona del 92”, lamentó Casado, “la Cataluña abierta, moderna y cosmopolita. ¿Qué han hecho con este pueblo? Se lo han cargado para seguir en el poder”.
Tanto Casado como su líder en Cataluña, Alejandro Fernández —que en las elecciones de febrero apenas consiguió el 3,8% de los votos—, llegaron a decir que la lengua catalana se identifica con el proyecto político del independentismo. Ha pasado “a ser antipática, una lengua alejada de las inquietudes de los jóvenes”. Se utiliza para provocar “una producción cultural totalmente politizada y sesgada, afín a un régimen político”. “Se ha utilizado para la imposición ideológica”, remató Casado.
La paradoja es que tanto Fernández como Casado dieron por bueno que el catalán pierde cada vez más terreno entre los jóvenes y en el uso social, tal y como revelan todos los estudios realizados hasta la fecha. “Los jóvenes hablan en [la lengua] que quieren por mucho que los directores, profesores y los consellers les digan en qué tienen que hablar”, señaló el líder del PP.
Pero aunque según sus propios datos la política que dicen que la Generalitat desarrolla contra el castellano no está consiguiendo su objetivo, el PP anuncia varias iniciativas para acabar con la inmersión lingüística.
En primer lugar, cuando gane las elecciones se propone aprobar una Ley de Lenguas y reformar la vigente Ley de de Educación para garantizar que los padres y no las autoridades educativas ni los proyectos pedagógicos decidan en qué lengua se educan sus hijos. Una posibilidad que recuerda mucho al pin parental que Vox quiere aprobar para que los padres sean quienes decidan qué contenidos educativos quieren que reciban sus hijos.
“Nosotros lo que queremos garantizar es la libertad de elegir” para que, “dentro de lo que la administración proponga, las familias al menos tengan el derecho” a lo que los jueces han establecido, que en el caso de Cataluña es un mínimo del 25% en castellano. “Por ahora”, añadió Casado, “porque en nuestra opinión debería ser más”.
Con su Ley de Lenguas, Casado también se propone poner fin también a la exigencia de conocer las dos lenguas oficiales para prestar servicio en las administraciones autonómicas que las tienen y que en la actualidad garantiza el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en el idioma que prefieran.
Cambiar el acceso a la función pública
El líder del PP quiere que el catalán —y las demás lenguas cooficiales— sea considerado “un mérito para acceder a la función pública, pero no un requisito” porque en su opinión “conculca la igualdad de acceso a la función pública”.
Esa futura ley buscará también, añadió Casado sin concretar detalles, “que la lengua no se utilice en contra de otras lenguas para segregar o para marcar el municipio, como no se tienen que utilizar las banderas o los lazos” amarillos.
Casado apoya esta idea en el artículo 3 de la Constitución, que establece el deber de conocer el castellano y el derecho a utilizarlo, y en el artículo 27, que reconoce la libertad de enseñanza y del que él deduce que las familias deben tener libertad para elegir la educación de sus hijos.
En segundo lugar, el PP defenderá la creación por ley de un cuerpo de inspectores educativos con medios humanos y materiales suficientes para poner “fin al adoctrinamiento en toda la enseñanza nacional” y acabar con la “segregación lingüística”, la “ilegalidad” y la “desobediencia”.
Casado defiende a Vox y se abre a gobernar con Abascal si los números le 'obligan'
Y, en tercer lugar, como ya es costumbre en la manera de hacer oposición del PP, buscará la implicación de la Unión Europea. Para eso pedirá a la Comisión que garantice los derechos de quienes quieren que sus hijos sean educados en español, propondrá al Parlamento Europeo que envíe “una misión internacional” a Cataluña para comprobar la situación sobre el terreno y demandará al Consejo de Europa que “tutele el cumplimiento de sentencias” del Supremo.
En todo caso, si el Govern impide la ejecución de la sentencia del 25%, Casado volverá a exigir a Sánchez que intervenga la educación catalana aplicando el artículo 155 de la Constitución. Y mientras tanto, advierte con los tribunales directamente al conseller d’Educació y al president Pere Aragonès.
“El Govern está cometiendo delitos”. De desacato, “probablemente de desobediencia” y, si no hay cambio de rumbo, de prevaricación, enumeró el líder del PP. “Nosotros mismos acudiremos a los tribunales si no hacen nada”. “Que se atengan a las consecuencias”, añadió cuando fue preguntado por la intención del Govern de respaldar la manifestación del próximo fin de semana en defensa de la inmersión lingüística.
“Esta una causa de la humanidad”, proclamó este martes Pablo Casado con el skyline de Barcelona al fondo. El líder del PP acudió a la capital catalana para denunciar que en Canet de Mar se está acosando a una familia y a un niño por haber exigido recibir educación en castellano y lo comparó con la lucha de los afroamericanos por sus derechos civiles en el Misisipi de comienzos de los sesenta.