El PP no cede. Y aumenta los decibelios, en la estela de Vox, que el jueves ya hablaba de “pucherazo”. Consumado el fracaso de su intento de impedir que el Congreso convalidara la modificación de las normas que regulan el mercado de trabajo para reducir la temporalidad y reforzar la capacidad de negociación de los trabajadores, los dirigentes del principal partido de la oposición, con su presidente Pablo Casado a la cabeza, han puesto en marcha una ofensiva destinada a deslegitimar una votación que justo antes de que tuviese lugar daban por ganada.
Todo indica que PP y Vox conocían de antemano la decisión de los dos diputados de UPN de traicionar los acuerdos que su partido había suscrito con el PSOE y se preparaban para asestar un duro golpe al Gobierno de coalición derogando una de sus medidas fundacionales, de la que depende además la llegada de fondos europeos.
La jugada, como es sabido, no salió bien. El diputado conservador Alberto Casero (Cáceres) se equivocó al votar. Y la nueva norma laboral salió adelante por un solo voto.
Lo que iba a ser una derrota durísima del Gobierno en la recta final de las elecciones en Castilla y León se convirtió en una victoria del PSOE y de Unidas Podemos que, pese a las dificultades, apenas ha dañado la mayoría de la investidura.
Pero el PP no se da por vencido. La dirección de Pablo Casado se movilizó desde la noche del jueves y a lo largo de todo el viernes para trasladar a la campaña electoral gravísimas acusaciones. Desde que se ha producido un “fraude democrático y legal” a la “quiebra” del derecho a voto de un diputado.
Para muestra, un botón: en esa ofensiva coincidieron este viernes en Castilla y León, además de Casado (Soria), la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Ávila y Segovia), Ana Pastor (Valladolid), Cuca Gamarra (Palencia) y Pablo Montesinos (León).
El propio Casado pronunció las palabras más gruesas al sostener que ha habido un fraude mediante la manipulación en el recuento de los votos emitidos: “Lo que vimos en el Congreso es una atropello democrático, un auténtico pucherazo a la soberanía nacional”. El PP, anunció, va a ir “hasta el final” para “que esto se revierta”. El Gobierno, sostuvo, ha impedido el voto a un diputado para aprobar la nueva normativa laboral “por la puerta de atrás”.
Por esa razón, amenazó, llevará a la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, a los tribunales acusada de “prevaricación” si no acepta que la Mesa de la Cámara rehaga la votación y admita el voto en contra de su diputado a pesar de que en el Pleno emitió un sufragio telemático en contra. Para tratar de bloquear la decisión del Congreso, el PP ya ha pedido por escrito “que no sea publicada la votación” y “que no se emita la resolución por la que se ordena la publicación de la convalidación” del decreto regulador de la nueva normativa laboral.
Si Batet y la Mesa no se pliegan a los deseos del PP, Casado recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional alegando que se han “pisoteado” los “derechos de representación política” de su partido. El líder del PP describió lo ocurrido como un “nuevo” intento de Pedro Sánchez de subordinar las instituciones a sus “deseos”. “Ya sólo les quedaba atacar al Parlamento; es intolerable”, sostuvo.
Llegados a este punto y a una semana de las elecciones en Castilla y León, el PP quiere explotar la teoría del “pucherazo”. “Tiene que tener consecuencias severas y de inmediato”, proclamó Casado en un acto de campaña en Soria.
Las encuestas muestran un estancamiento, e incluso una leve caída, de las previsiones de voto al PP. Necesitan un factor de movilización de sus votantes y Génova cree que lo ha encontrado en lo ocurrido en el Congreso. La referencia que se ha marcado Génova es acercarse al resultado de Madrid, donde el PP obtuvo un 44,7% de los votos frente a un 9% de Vox (35 puntos de diferencia). Ahora mismo, según las encuestas, Mañueco está en un 35% y los ultras en un 15% (una distancia de 20 puntos).
“En plena campaña electoral, ante estas auténticas maneras antidemocráticas”, arengó Casado a los suyos, “nosotros vamos a defender lo que es un Estado de Derecho con separación de poderes”. Y advirtió: “Si en las elecciones del 13 de febrero no va todo el mundo a votar, ellos”, en referencia al PSOE, “acabaran modificando la voluntad popular en los despachos”.
¿A qué se refiere Casado? No quedó claro, a pesar de que trató de explicarlo con dos ejemplos: la formación de Gobierno en Navarra, que llevó a la presidencia de la comunidad foral a la socialista María Chivite después de ganar la votación de investidura, y la fallida moción de censura que el PSOE presentó en Castilla y León el año pasado y que resultó rechazada.
Atraer a los radicales
La candidatura de Alfonso Fernández Mañueco empezó la campaña rozando la mayoría absoluta, pero ha ido a menos a medida que se se acerca el día de la votación, en la misma proporción en la que cotizan al alza las listas de Vox. De ahí la movilización de Díaz Ayuso, con cuya ayuda el PP espera atraer a los votantes más radicalizados, igual que sucedió en Madrid.
Ese fue, precisamente, el mensaje de la presidenta madrileña en su recorrido de campaña de este viernes: decir a todos los ciudadanos de Castilla y León que hay que unir el voto en torno al proyecto del PP, “algo conseguido en Madrid, y desde entonces la política funciona mucho mejor”.
En línea con Casado, su vicesecretaria Ana Pastor, que también representa al PP en la Mesa del Congreso, pronunció este viernes palabras muy duras que cuestionan el funcionamiento democrático de España. La decisión de que un diputado “pueda votar o no es de la Mesa, no es una decisión de la presidencia”, defendió.
Esa es la estrategia que ha adoptado el PP: poner en entredicho la forma en que Batet tramitó la petición del diputado de cambiar su voto, más allá de que la decisión final haya sido negarle la posibilidad de cambiarlo. “Es una competencia que tengo yo también. A mí se me ha privado de ejercer el papel como órgano de Gobierno de la Cámara”, se quejó Pastor en una entrevista en la cadena Cope, propiedad de los obispos.
También el portavoz del partido y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su sumó al fuego graneado contra el Gobierno. Según él, lo que sucedió el jueves en el Congreso fue un “fraude democrático y legal”. “Desde el punto de vista legal”, insistió, “la democracia tiene difícil poder entenderse con las maneras del sanchismo”.
El PP denuncia un "error informático" pero reconoce no tener ninguna prueba de que Casero votó correctamente
El Gobierno sacó adelante la reforma laboral por un solo voto de diferencia gracias a un error de un diputado conservador, a pesar de contar con un escaño menos— la plaza de Alberto Rodríguez (Unidas Podemos) sigue vacía— y de que con el PP y Vox votaron tres tránsfugas: dos diputados de UPN que desobedecieron las órdenes de su partido y un parlamentario que abandonó Cs hace un año pero no entregó su acta.
Con su denuncia de que ha habido un fraude mediante la manipulación en el recuento de los votos emitidos, Casado se ha puesto a la altura de la extrema derecha. El presidente de Vox, Santiago Abascal, calificó ya el jueves la votación de “gigantesco pucherazo” que “pone en cuestión la misma existencia de la democracia en España”.
Vox, como el PP, esperaba una derrota del Gobierno que no llegó a producirse. Y ya tenían previsto utilizarla para exigir “la dimisión inmediata del Gobierno”, confirmó Abascal en un acto electoral en Segovia.
El PP no cede. Y aumenta los decibelios, en la estela de Vox, que el jueves ya hablaba de “pucherazo”. Consumado el fracaso de su intento de impedir que el Congreso convalidara la modificación de las normas que regulan el mercado de trabajo para reducir la temporalidad y reforzar la capacidad de negociación de los trabajadores, los dirigentes del principal partido de la oposición, con su presidente Pablo Casado a la cabeza, han puesto en marcha una ofensiva destinada a deslegitimar una votación que justo antes de que tuviese lugar daban por ganada.