Cuando parecía que al fin el PP iba a dar un vuelco a su política de bloqueo de las instituciones, especialmente después del acuerdo al que se sumó el jueves para renovar la cúpula directiva de RTVE, Pablo Casado mandó a parar.
Los conservadores vetan públicamente a los jueces Victoria Rosell y Ricardo de Prada, propuestos por el Gobierno para ocupar dos de las diez plazas que le correspondían en el preacuerdo alcanzado con el PP.
Casado no acepta a Rosell porque es la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, un cargo político del Ejecutivo porque, dice, “quiere acabar con las puertas giratorias entre la política y la justicia. La renovación de este CGPJ debe cumplir el requisito de la despolitización, y ningún político puede ser vocal del CGPJ como ha ocurrido hasta ahora”.
Y veta a De Prada con otra excusa: lo consideran “un fraude de ley” porque “ni ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido avales para ello”, cuando el Gobierno lo incluyó en el cupo de juristas de reconocido prestigio, no en el de los aspirantes las asociaciones judiciales.
Casado parece negar a De Prada, magistrado de la Audiencia Nacional cuyas decisiones resultaron clave en varias fases del sumario de la GürtelGürtel que acabó en condena para el PP, la condición de jurista de prestigio.
“Un juez que no ha sido avalado y elegido por sus compañeros no puede acceder al CGPJ por la puerta de atrás por el turno de juristas”, sentencia el PP.
Así las cosas, y después de reunir a su dirección para analizar la situación, Casado deriva toda la responsabilidad en Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, a quien atriuye impñícitamente la propuesta de Rosell y De Prada, pese a que también cuentan con el aval de Sánchez. Cuando “se aclaren en sus peleas internas, que nos llamen”, señalaron fuentes del partido. “Sánchez no puede pretender reforzar su coalición con Podemos a costa de sacrificar la justicia española”.
El PP no ha aclarado si este nuevo fracaso en la negociación para renovar el CGPJ, en funciones desde hace dos años, afecta a las demás instituciones pendientes: el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos.
Pero sí ha querido situar su rechazo al acuerdo en el objetivo que asegura tener de “fortalecer las instituciones y no debilitarlas”. Y añadió un argumento adicional: “La dirección del PP ha puesto de manifiesto que el partido quiere sentar las bases con el PSOE para reforzar la independencia del Poder Judicial como una cuestión de principios para que en la próxima renovación de CGPJ los jueces elijan a los jueces”.
En la reunión de la dirección del PP de esta mañana Casado también informó del acuerdo alcanzado “para acabar con el sectarismo en RTVE”, que según él se alcanzó con los socialistas, negando la evidencia de que entre los nuevos consejeros habrá vocales propuestos por otros partidos como Unidas Podemos y el PNV.
López contra De Prada
En la misma línea, el responsable de Justicia del PP y consejero de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Lopez, reprodujo en un vídeo facilitado por el partido la acusación de que, dando cabida a los jueces Rosell y De Prada en el CGPJ, Sánchez sólo trata de“reforzar su coalición con Podemos sacrificando la Justicia”.
Las diez acusaciones en las que Casado basa su denuncia del Estado "totalitario" de Sánchez
López, que a la sazón también es juez y está dedicado a la política, insistió en la necesidad de “despolitizar el órgano de gobierno de los jueces” y de “reforzar la imagen y percepción de independencia del Poder Judicial español”.
En su opinión, “la propuesta de un juez en servicio activo como el señor De Prada, que no ha sido elegido por sus compañeros, por el turno de juristas, lo que supone es una clara ilegalidad y es contrario al espíritu constitucional, además de un menosprecio a catedráticos, fiscales, abogados, que son los que tienen reservado ese turno de acceso al Consejo General del Poder Judicial”. De Prada fue quien uno de los jueces que recusó al propio López para que no pudiese juzgar el caso Gürtel caso Gürtelen la Audiencia Nacional, precisamente por su afinidad con el PP en cuya dirección tiene ahora asiento.
“El PP quiere acabar con las puertas giratorias entre política y justicia. No quiere que haya ninguna persona que haya realizado actividades políticas en el CGPJ”, remarcó.
Cuando parecía que al fin el PP iba a dar un vuelco a su política de bloqueo de las instituciones, especialmente después del acuerdo al que se sumó el jueves para renovar la cúpula directiva de RTVE, Pablo Casado mandó a parar.