El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, pisa el acelerador a las puertas del parón veraniego. En otra vuelta de tuerca del llamado caso Begoña, en el que se investiga a la mujer del presidente del Gobierno por un delito de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, el instructor ha decidido citar a declarar como testigo en el procedimiento, que se ha ido vaciando con el paso de los meses a golpe de informes policiales, al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Una citación en La Moncloa que choca, según algunos juristas, con la orientación de la causa y con la dispensa de la obligación de declarar como testigo que la ley otorga, como es el caso, a los cónyuges de los investigados.
La investigación contra Gómez arrancó a mediados de abril, cuando Peinado admitió una querella del colectivo ultra Manos Limpias. La denuncia era, básicamente, una recopilación de titulares aparecidos en medios de corte conservador. Y se dividía en varios bloques. Por un lado, estaban los contratos adjudicados a Innova Next, compañía del empresario Juan Carlos Barrabés, que ejerció de profesor en la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que codirigió Gómez. Por otro, lo relativo al rescate de Air Europa. Y luego una tercera parte que, directamente, se basaba en informaciones falsas, como aquella que aseguraba que la mujer del presidente había recibido una subvención que, realmente, se había otorgado a una hostelera cántabra que se llama igual.
El nombre de Sánchez salió a colación en la declaración como testigo de Barrabés hace justo una semana. El empresario, que rechazó la existencia de irregularidad alguna o trato de favor en la adjudicación de los contratos bajo sospecha, no le involucró en nada. Lo único que dijo es que había visto al presidente en un par de ocasiones. Uno de esos encuentros, que fue breve, se produjo mientras él y Gómez estaban reunidos: el líder del Ejecutivo se pasó a saludar y se marchó en cuanto recibió una llamada. Y el otro, con Sánchez pero sin la presencia de su esposa, se desarrolló con motivo de una ronda de contactos que el presidente del Gobierno mantuvo con empresarios del sector de la innovación tecnológica.
Con esto sobre la mesa, el instructor ha acordado ahora tomar declaración como testigo al líder del Ejecutivo. En una providencia dictada tras la decisión de Gómez de acogerse a su derecho a no declarar, Peinado ha anunciado su intención de personarse en La Moncloa la próxima semana. Y de que la testifical sea grabada: "Requiérase a los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid a fin de que, acompañados de agentes de la Unidad Adscrita de Policía Judicial, se personen el 29 de julio –un día antes de la cita– en las dependencias del Palacio de la Moncloa al objeto de proceder a la instalación de los dispositivos necesarios para que la citada prueba documental sea recogida en el correspondiente soporte de grabación".
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece en su artículo 412 que el presidente, así como otros altos cargos del Estado, puede declarar "por escrito" como testigo en una instrucción judicial cuando se trate de hechos de los que han tenido conocimiento "por razón de su cargo". Así lo han hecho, recientemente, algunos ministros en el caso Pegasus. O las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes por Gürtel o la supuesta corrupción en el Canal de Isabel II, respectivamente. Otra cosa es que se quiera indagar en aquellas cuestiones de las que no se haya tenido conocimiento "por razón de su cargo". En ese caso, la norma establece que la declaración puede llevarse a cabo en el "domicilio" o "despacho oficial" del testigo.
A esto último se agarra Peinado para desplazarse a La Moncloa. Algo que resulta, en opinión de algunas fuentes jurídicas, contradictorio. Si lo que se investiga es un tráfico de influencias –el instructor, en su providencia de cinco párrafos, llega a mencionar incluso la modalidad de "tráfico en cadena"–, no tiene sentido que no se le vaya a preguntar al jefe del Ejecutivo por hechos relacionados con su cargo cuando este delito se basa, precisamente, en la influencia sobre una autoridad para conseguir un beneficio. De hecho, el propio magistrado dejó claro en su auto del pasado 1 de julio que lo que estaba investigando en el procedimiento eran "todos los actos, conductas y comportamientos" que ha llevado a cabo la investigada desde que Sánchez es "presidente del Gobierno".
Pero no solo eso. Ni siquiera en su condición de "esposo" el líder del Ejecutivo está obligado a testificar. En su artículo 416, la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispensa de la obligación de declarar al cónyuge de un investigado, como es el caso. La Fiscalía de Madrid tiene previsto recurrir la citación de Sánchez como testigo en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº41.
El movimiento del magistrado ha marcado este lunes, como ya ocurrió en los últimos compases de la campaña para las elecciones europeas, la agenda política y mediática nacional. El PP, que ni siquiera se ha personado en el procedimiento por más que hable de "corrupción", ha pedido la inmediata dimisión de Sánchez como presidente del Gobierno. Mientras, en el PSOE, donde se estudia recurrir las nuevas diligencias acordadas por Peinado, hablan de un "montaje". Una "cacería política" auspiciada por "pseudomedios digitales" y un "pseudosindicato de extrema derecha" –Manos Limpias– al que luego se han sumado otros tantos grupos ultras –desde los partidos Vox y Iustitia Europa hasta el Movimiento por la Regeneración Democrática o Hazte Oír–.
Imputa ahora a Barrabés en base a informes que ya tenía
La Audiencia de Madrid despreció en mayo dos de los tres bloques de la denuncia del pseudosindicato ultra. Uno por "inverosímil" y por contener "datos erróneos". Y el otro, el relativo a Air Europa, por considerar que la vinculación de Gómez con el rescate acordado por el Ejecutivo era "una simple conjetura". Los magistrados solo vieron base, por tanto, para investigar los contratos conseguidos por Barrabés. En dos de estas adjudicaciones, la UTE en la que participaba el empresario se presentó con una carta de recomendación de la mujer del presidente. Pero ese par de expedientes salió del procedimiento cuando la Fiscalía Europea asumió la investigación de los mismos. De ahí que la defensa de Gómez alegue que la causa está vacía.
Pese a que la instrucción apuntaba desde el principio hacia Barrabés, lo cierto es que el instructor rechazó llamarle a declarar en un primer momento como investigado. Peinado le hizo, primero, comparecer como testigo. Por videoconferencia, y con la obligación de decir la verdad y responder a todas las preguntas, el empresario negó a comienzos de la pasada semana irregularidad alguna, restó importancia a las cartas-tipo que firmó Gómez –como otras entidades públicas y privadas– y aseguró, según publicó elDiario.es, que fue su equipo, y no él, quien decidió enviar la plantilla de la misiva a la cátedra de la Complutense que la mujer del presidente codirigía. Y en cuanto a las reuniones que mantuvo con Gómez, dijo que eran, justamente, para tratar asuntos de dicha cátedra.
Pero cinco días después, el instructor decidió cambiar a investigado la condición del empresario y llamarlo a declarar de nuevo el próximo lunes. "Resulta sorprendente. Para hacer eso tienes que motivarlo bien", dice un magistrado ya retirado. Pero el auto de Peinado apenas argumenta nada. Solo expone que las diligencias practicadas hasta ahora y su testifical "permiten colegir" su "participación" en los hechos investigados. En concreto, hace mención a dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que el instructor ya tenía en su poder cuando se produjo la declaración de Barrabés como testigo en la causa. Una imputación que la Fiscalía ya ha recurrido, precisamente, por considerar que no está motivada "de forma adecuada y suficiente".
En el par de atestados a los que hace referencia Peinado, además, la UCO no ve nada raro. "No se han hallado, en líneas generales, que los tres expedientes analizados se hubieran valorado de forma distinta a otros expedientes similares, principalmente, en lo que a los criterios dependientes de juicio de valor se refiere", sostenía en un informe fechado el 14 de mayo que se centraba en las adjudicaciones de Red.es a la empresa de Barrabés. "La preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública", insistían en otro del 2 de julio, que amplió el foco a contratos con el Ayuntamiento de Madrid o el Consejo Superior de Deportes.
El mismo camino ha seguido el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache. El catedrático prestó declaración como testigo a comienzos de julio. Durante aquella comparecencia, que la defensa solicitó sin éxito que se suspendiera, explicó cuáles son las exigencias para montar una cátedra extraordinaria y los criterios para encomendar la dirección de la misma. Y en relación a Gómez, con quien se reunió en La Moncloa, señaló que "se tuvo en cuenta la experiencia con el sector empresarial y el contacto con las pymes". Pero ahora Peinado ha decidido cambiarle su condición en el procedimiento. El próximo lunes, Goyache deberá regresar al Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid como investigado.
La máquina de querellas de Manos Limpias, mucho ruido y pocas condenas en su guerra contra la izquierda
El instructor cree "procedente" el movimiento tras haber escuchado al vicerrector de la universidad, José María Coello de Portugal, y a su antecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio. Estas dos testificales, que el abogado de Gómez pidió sin éxito suspender alegando que la denuncia inicial de Manos Limpias no hacía referencia ni a este centro universitario ni a ningún hecho "indiciariamente constitutivo de delito en su seno", tampoco pusieron de manifiesto, según la defensa, irregularidad alguna. Doadrio, por ejemplo, afirmó que aunque él era un "miembro activo del PP" no tenía "problema en participar" en la cátedra "siempre que se cumplieran todos los requisitos legales". Y dado que se cumplían, decidió dar el visto bueno a la misma.
El "profesor de esquí" y la carta de un abogado ultra
El instructor también ha decidido meter en agenda para la última semana de julio varias testificales más. Entre ellas, la de Félix Jordán de Urríes Mur, director general de la Fundación Deporte Joven, dependiente del Consejo Superior de Deportes. Lo hace después de que un abogado remitiese a la Guardia Civil una carta en la que aseguraba que él era el nexo de unión entre Gómez y Barrabés. Quien firma dicha misiva es el exjuez y exfiscal Ramiro Grau Morancho, un histórico ultra vinculado a Falange autor de libros como El feminismo y otras mentiras que, según ha desvelado laSexta, fue condenado por corrupción de menores. "Se desnudó de cintura para abajo (...) y tumbándose en la cama le pidió (...) que le realizara una masturbación", recogía la sentencia.
En la misiva, que la Guardia Civil hizo llegar a Peinado, el letrado, que dice ser originario del mismo municipio que el director general de la Fundación Deporte Joven, no aporta prueba o inidicio alguno. "Félix Jordán de Urríes vivió en pareja con una señorita de la familia de Carlos Barrabés, no sé si hija, sobrina o prima, tanto en Laguarres como en Benasque, por lo que trabó una gran relación con Barrabés, y tengo entendido –La Ribagorza es una comarca con escasa población y todo se sabe– que actuó como persona de confianza de ambos, Begoña y Carlos, para ponerles en contacto", suelta tras asegurar que Jordán es "profesor de esquí" de "Gómez y sus hijas" y que "parece ser" que se le nombró director general de la fundación "a propuesta directa" de Sánchez.
El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, pisa el acelerador a las puertas del parón veraniego. En otra vuelta de tuerca del llamado caso Begoña, en el que se investiga a la mujer del presidente del Gobierno por un delito de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, el instructor ha decidido citar a declarar como testigo en el procedimiento, que se ha ido vaciando con el paso de los meses a golpe de informes policiales, al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Una citación en La Moncloa que choca, según algunos juristas, con la orientación de la causa y con la dispensa de la obligación de declarar como testigo que la ley otorga, como es el caso, a los cónyuges de los investigados.