La máquina de querellas de Manos Limpias, mucho ruido y pocas condenas en su guerra contra la izquierda

Y cuando parecía haber caído en el olvido absoluto, Manos Limpias logró salir de nuevo a flote. El pseudosindicato ultra ha conseguido recuperar gracias a su ofensiva judicial contra el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un foco mediático que había perdido en los últimos años. Su engrasada máquina de fabricar querellas ha conseguido que dos jueces, uno en Madrid y otro en Badajoz, abran sendas investigaciones contra el hermano y la mujer del líder del Ejecutivo por un buen número de delitos –entre ellos, malversación, prevaricación, tráfico de influencias o corrupción en los negocios–. Todo un éxito al que preceden, sin embargo, mil y un fracasos. Porque en el "nuevo amanecer" del colectivo ultra ha habido, hasta el momento, mucho ruido pero pocas nueces.

Liderado por Miguel Bernard, admirador del dictador Francisco Franco –la fundación que lleva su nombre, de hecho, le llegó a nombrar Caballero de Honor– y militante en la ya extinta y violenta Fuerza Nueva, este colectivo se ha caracterizado desde su fundación en los años noventa por disparar jurídicamente contra todo aquello que vaya en contra de la fe católica, los símbolos nacionales o los postulados más ultras. Ahí está, por ejemplo, la rocambolesca denuncia que puso en su día porque el programa infantil Los Lunnis había mostrado una boda homosexual. O la querella que interpuso contra el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez por supuesta destrucción de pruebas sobre el atentado del 11M. Ninguna llegó a nada.

Fue el caso Nóos, en el que la infanta Cristina tuvo que ir a declarar como investigada, lo que terminó catapultando al pseudosindicato a la fama. Pero luego estalló el llamado caso Ausbanc, el que situó a Bernard bajo la lupa judicial por la supuesta extorsión a entidades bancarias y empresas para que pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra –un asunto por el que el Supremo, finalmente, le absolvió–. Y el pseudosindicato ultra empezó a perder ese músculo mediático que había ido ganando. Comenzó entonces una etapa, en palabras de su líder, de denuncias de "bajo nivel": por un documental emitido en la EiTB sobre el rey, por la pitada al himno durante la final de la Copa del Rey de 2015 entre FC Barcelona y Athletic...

Pero tras lo peor de la pandemia, Manos Limpias engrasó de nuevo su maquinaria y volvió a la carga con querellas de alto voltaje dirigidas contra responsables políticos. Eso sí, apuntando siempre hacia el mismo sitio: la izquierda o el independentismo. Todas ellas se estrellaron, sin embargo, contra el Supremo. Es el caso de las que interpuso contra el que fuera ministro de Consumo, Alberto Garzón, o la ministra de Defensa, Margarita Robles. Al primero le acusaba de injurias contra la Corona por llamar "delincuente acreditado" y "ladrón" al rey emérito. A la segunda, de injurias a las instituciones del Estado por haber criticado en un programa de televisión que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bloquease "sistemáticamente" los nombramientos en el Constitucional y el Supremo.

"Son exclusivamente opiniones críticas con determinadas actuaciones institucionales amparadas por la libertad de expresión", dijo la Sala de lo Penal en lo relativo a esta última. "El derecho penal no es herramienta apta (...) para acallar una opinión agria, ni siquiera aunque pueda ser injusta", sostuvo, por su parte, en relación a Garzón. Unos meses antes, el pseudosindicato ultra ya había pinchado en hueso con otra denuncia contra el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por unas declaraciones que había realizado tras su participación en la comisión de secretos oficiales donde se abordó el espionaje a líderes independentistas. Manos Limpias apuntó a una posible revelación de secretos. Pero la Fiscalía del Supremo no tardó en dar carpetazo al asunto.

Críticas a jueces y amnistía

Mucha repercusión mediática, pero nulo éxito jurídico tuvieron también las denuncias interpuestas contra el expresident Carles Puigdemont o la diputada de Junts Míriam Nogueras por criticar a los jueces. Al primero le acusaban de injurias y delito de odio por llamar "cuervos togados" a los magistrados. A la segunda, de un delito de amenazas por cargar en el Congreso contra miembros del Supremo y del Constitucional. "La libertad de expresión ampara el derecho a la crítica, también a jueces y magistrados", tuvo que insistir de nuevo el Alto Tribunal. Una libertad de expresión que también provocó la inadmisión, unos meses antes, de otra denuncia de Manos Limpias contra la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, por criticar cómo algunos jueces aplicaban la ley del ‘sólo sí es sí’.

La ahora eurodiputada de Podemos sabe bien cómo funciona la máquina de querellas de Manos Limpias. Al fin y al cabo, su partido ha estado durante bastante tiempo en su punto de mira. El pseudosindicato ultra acusó primero a Pablo Iglesias de haber usado la productora Con Mano Izquierda para gestionar fondos de Venezuela o Irán. Y luego intentó judicializar el informe Pisa, ese documento sin membrete policial y sin firma difundido a bombo y platillo por varios medios de comunicación que se acabó demostrando falso. Pero, de nuevo, fracasó. Los magistrados llegaron a decir que las sospechas que vertía estaban expuestas "confusamente en un totum revolutum". Y recordaron que las "meras afirmaciones" sin estar "mínimamente avaladas" no justificaban la apertura de una causa.

Manos Limpias también ha disparado judicialmente en los últimos meses, otra vez más sin éxito, contra miembros del Ejecutivo y cargos políticos por los acuerdos cerrados entre el PSOE y las formaciones independentistas y por la ley de amnistía. En este sentido, al presidente del Gobierno le atribuían nada menos que un delito de usurpación de funciones –al entender que la norma desactiva actuaciones judiciales–, prevaricación administrativa y cohecho. El Supremo decidió guardarla en un cajón. La Sala de lo Penal, en un auto de apenas cinco páginas, tuvo que aclarar que los acuerdos políticos no eran constitutivos de delito y que tampoco merecen dicha calificación "enmiendas" que los diputados puedan proponer en la tramitación de una norma.

Dos 'victorias' tras mil fracasos

Pero once días después del enésimo varapalo, el pseudosindicato ultra logró, con ayuda de un juez de la capital, el que ha sido su primer gran éxito tras varios años de capa caída. A mediados de abril, el titular del Juzgado de Instrucción nº41, Juan Carlos Peinado, admitió una querella suya y empezó a investigar por corrupción en el sector privado y tráfico de influencias a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La denuncia no era más que una recopilación de noticias de medios conservadores o ultraconservadores. Alguna, además, falsa. Pero el magistrado entendió que había material para abrir diligencias, a pesar de que el Supremo dijo hace un año que "la mera aportación de recortes de prensa" no es suficiente para admitir una querella.

Tres meses después, este caso, que ha terminado por marcar la agenda política nacional, sigue vivo. A pesar de dos informes de la Guardia Civil descartando irregularidades en las adjudicaciones a Innova Next, la firma de Juan Carlos Barrabés. De que ningún testigo haya relatado irregularidad alguna. Y de que la Fiscalía Europea haya asumido el único bloque de la denuncia de Manos Limpias en el que la Audiencia de Madrid vio "datos objetivos suficientes" para investigar: el relativo a los contratos de Red.es que logró dicha empresa. Gómez acudió de nuevo este viernes al juzgado para comparecer tras el intento fallido de hace un par de semanas. Sin embargo, se acogió a su derecho a no declarar al considerar que la causa que se sigue contra ella carece, en estos momentos, de "objeto alguno".

También a raíz de una denuncia de Manos Limpias, el Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz abrió a comienzos de junio diligencias de investigación contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por supuestos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Apoyada de nuevo en informaciones de medios de comunicación, la denuncia sostiene que David Sánchez percibe un sueldo de la Diputación de Badajoz como responsable de la Oficina de Artes Escénicas sin ir a trabajar, salvo en contadas ocasiones, y que reside en Portugal para evitar pagar impuestos en España. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya se ha personado dos veces en la Diputación de Badajoz para recabar información en el marco de este caso.