Sin tregua. Entre el 2008 y el 2011, la Consejería de Solidaridad de la Comunidad Valenciana fue una calibrada máquina de pillaje. No hubo rincón, cajón o partida donde no se metiera la mano. Todo bajo la supervisión de Rafael Blasco, entonces consejero, y el empresario Augusto Tauroni, en prisión desde 2012. De hecho, Tauroni y Blasco son las dos caras de una misma moneda con un único lado ganador. Las pesquisas del fiscal Vicente Torres sitúan el foco sobre esta sociedad entre vecinos (los dos son de Alzira), incrustada en los tuétanos del poder y que ha dejado un rastro de presuntas corrupciones (entre 2003 y 2011) por las dependencias de Bienestar Social, Sanidad, Territorio y Solidaridad, carteras bajo el desempeño de Blasco.
En esta última es donde los datos y las evidencias abundan. Se calcula un saqueo estimado de unos 5,5 millones. La investigación, por su complejidad, se ha dividido en tres piezas. La primera fue juzgada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) en 2014 y condenó a Rafael Blasco a 8 años de prisión como responsable último de que 1,6 millones para construir pozos en Nicaragua se gastaran en pisos en Valencia y en engordar las cuentas de Tauroni. Tanto defensas como acusaciones recurrieron y sus escritos se expondrán públicamente este 25 de febrero en el Tribunal Supremo como preludio a la sentencia firme.
El segundo gran fragmento procesal (la tercera pieza en instrucción) se refiere a la fallida edificación de un hospital en Haití tras el terremoto de enero de 2010. El proyecto se presupuestó en 4 millones y se adjudicó a dedo a la Fundación Hemisferio, de Tauroni, quien cobró 175.000 euros por asesorar sobre unas obras que jamás se realizaron. En marzo estaban citados varios testigos, pero se han suspendido los interrogatorios tras la pérdida del juez de refuerzo que se había asignado al Juzgado de Instrucción 21 de Valencia.
Caldo de saqueo
Pero es en la segunda pieza judicial donde se mece el caldo gordo y espeso del saqueo. Entre 2009 y 2011 una serie de fundaciones y entidades, todas bajo el paraguas de Hemisferio, procuraron alrededor de 3,5 millones a los bolsillos de la trama. Para beneficiar a unos, se castigó a otros. Es lo que denunció Atelier (Asociación de Técnicos Especialistas en Investigación y Estudios sobre la Realidad Latinoamericana), que solicitó en diciembre de 2010 (para la convocatoria de 2011) una ayuda de 199.413 euros, que le fue denegada, para el proyecto “Apoyo al liderazgo de la Organización Femenina Popular (OFP) para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la búsqueda de la paz en Colombia”.
La propuesta preveía un impacto sobre mil beneficiarias directas vinculadas a la OFP, entidad que trabaja desde los setenta en el Magdalena Medio, una de las zonas más castigadas por la guerra en Colombia (solo entre 1985 y 2014, 9.000 mujeres fueron asesinadas y cerca de 94.000 desplazadas forzosamente), y organizaciones del Movimiento Social de Mujeres Contra la Guerra y por la Paz. Además, 400 mujeres iban a ser formadas en temas de derechos humanos y 400 más participarían en la realización de audiencias públicas de denuncia y reparación. El radio de acción del proyecto abarcaba una población de 55.000 personas de raíz popular.
“Agotamiento de fondos”, fue la razón de la Generalitat para rechazar la subvención. “Todo fue arbitrario en aquella resolución y se dio una clara desviación de poder”, manifiesta Consuelo Vidal, cofundadora de Atelier, entidad que demandó a Solidaridad en julio de 2011 por supuestas irregularidades administrativas. Un litigio aún sin resolver (la sala de lo Contencioso del TSJCV se reunirá el próximo martes para tratarlo), pero que alumbra la intrincada estructura institucional que posibilitó la gran depredación.
Informe de la AECID
Atelier solicitó la práctica de una prueba pericial y el TSJCV aceptó y determinó que fuera la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), dependiente del Ministerio de Exteriores, quien elaborara una valoración técnica de varios de los proyectos, propuestos por Atelier, de la convocatoria de 2011. El informe analiza y compara ocho propuestas de subvención, entre ellas la de la ONGD demandante, que percibió de la Generalitat una puntuación de 85,9, la más baja de las ocho. Sin embargo, el examen de la AECID determina que la valoración técnica de la propuesta de Atelier es superior (con 88,11 puntos) a seis de los proyectos que, sin embargo, sí fueron aprobados por la Generalitat. Unas propuestas que incluso llega a tachar de “asistencialistas”, “ineficientes” o “sin valor añadido”.
En cambio, la AECID destaca que el de Atelier es “un proyecto de apoyo y acompañamiento a movimientos y organizaciones de la sociedad civil, en circunstancias en las que este apoyo, manifestado desde el ámbito internacional, significa una salvaguarda esencial, incluso de las propias vidas de sus integrantes”. Y añade: “La mayor parte de las actuaciones giran en torno a capacitación, formación, comunicación y puesta en marcha de Audiencias Públicas o Cortes de Mujeres, esenciales para el logro de la Reparación Integral, largamente demandada por las víctimas del conflicto y reconocida por el propio gobierno colombiano cuando aprobó la Ley 1448 de 10 de junio de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras”.
Filtros de control
Por otro lado, el escrito de conclusiones de Atelier denuncia una férrea estructura en el control y otorgamiento de la subvenciones. La evaluadora externa de los proyectos, encargada de puntuarlos, era Expande, que fue creada el 9 de junio de 2010, seis meses antes de que fuera seleccionada por la consejería pese a que el pliego de condiciones exigía una experiencia de tres años. Expande es la antigua Caaz, propiedad de Luis Fernando Castel Aznar, imputado en la segunda pieza por un supuesto cobro de comisiones a cambio de manipular el sentido de las evaluaciones.
Además, dentro de la propia administración existían filtros de control. El Jefe de Área de Cooperación, Marc Llinares, condenado a 4 años de prisión en la pieza primera, redactó un dosier con el ilustrativo epígrafe de “instrucciones para el arreglo de convocatorias”, en el que aludía, entre otras ONGD, a Atelier. Esa orden aparece en el informe 38.085 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que Atelier incluyó en su escrito de conclusiones como prueba de las irregularidades y manipulaciones perpetradas desde Solidaridad.
Pero hay más. El propio Rafael Blasco se reservaba 20 puntos adicionales “en atención a la adecuación de las actuaciones de la entidad a los objetivos y prioridades de la política de la Generalitat en materia de cooperación internacional para el desarrollo”. Un otorgamiento que, según Vidal, el exconsejero “utilizaba a su antojo”. Y que la AECID critica: “No se conoce cuáles son los parámetros y ponderaciones que utiliza la Generalitat Valenciana para atribuir la puntuación”. De las ocho entidades analizadas, a todas se le atribuyeron 20 puntos (aunque la mayoría no tiene ni sede en la Comunidad Valenciana, un requisito primordial) a excepción de Atelier, que se quedó con 12. Y ello a pesar de sus 25 años de trayectoria con cerca de 40 proyectos subvencionados por la Generalitat y con un perfil de género y con más de 20 años de experiencia en Colombia, condiciones prioritarias según el Plan Director de la Cooperación Valenciana.
Blasco paga la fianza de 200.000 euros y evita la prisión
Los 20 puntos también fueron censurados en un informe de 4 de julio 2012 de la Comisión de Estudio y Revisión del otorgamiento de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo efectuado por la Secretaría Autonómica de Familia y Solidaridad de la Consejería de Bienestar Social. El texto reconoce la parcialidad a la hora de valorar proyectos de distintas ONG: “No obran informes firmados y/o sellados de la empresa evaluadora Expande S.L. sobre los proyectos que concurren a la convocatoria, ni en los mismos se justifica suficientemente la puntuación otorgada”. Y culmina con que las puntuaciones “deberían estar más fundamentadas, especialmente en relación a los 20 puntos”.
Abuso de poder
Para Consuelo Vidal “el abuso de poder para favorecer a determinadas entidades es evidente”. Y añade que el resultado de esta demanda podría ayudar en la instrucción de la segunda pieza. De hecho, en la convocatoria del 2011 también se subvencionó a las principales ONG que protagonizaron la estafa. Con sus adicionales y controvertidos 20 puntos aparecen, por ejemplo, Fudersa que, pese a la falta de experiencia en el sector, acumuló en 2009 1,3 millones para cuatro proyectos sobre desarrollo agrícola y empleo en la República Dominicana. O Esperanzas Sin Fronteras, testaferro de Tauroni en la subvención del hospital en Haití y que, también en 2010, esquilmó 570.000 euros al desarrollo rural en Perú. Y Hemisferio, matriz que, según apuntan las investigaciones, canalizó estas y otras sumas a las cuentas de la trama en Miami.
Sin tregua. Entre el 2008 y el 2011, la Consejería de Solidaridad de la Comunidad Valenciana fue una calibrada máquina de pillaje. No hubo rincón, cajón o partida donde no se metiera la mano. Todo bajo la supervisión de Rafael Blasco, entonces consejero, y el empresario Augusto Tauroni, en prisión desde 2012. De hecho, Tauroni y Blasco son las dos caras de una misma moneda con un único lado ganador. Las pesquisas del fiscal Vicente Torres sitúan el foco sobre esta sociedad entre vecinos (los dos son de Alzira), incrustada en los tuétanos del poder y que ha dejado un rastro de presuntas corrupciones (entre 2003 y 2011) por las dependencias de Bienestar Social, Sanidad, Territorio y Solidaridad, carteras bajo el desempeño de Blasco.