Tocado y casi hundido. Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, no ha tenido un solo día bueno en la última semana. Este sábado lanzó un último alarido en forma de comunicado: “Pido ser llamado de forma inmediata por el juez”. Una angustia que tiene origen en la denuncia que Rosa Pérez Garijo, diputada de Esquerra Unida, presentó el 31 de julio de 2014 por una presunta trama de comisiones, entre 2004 y 2009, en la Diputación. El pasado 26 de marzo, la Fiscalía trasladó la demanda al juzgado de instrucción número 6 de Valencia y, días después, el caso estalló en los medios.
Se trata de una bomba con mecha de alta combustión: un lápiz de memoria con 10 horas de grabaciones en las que, supuestamente, se escucha a Rus jactarse de las “mordidas” mientras cuenta billetes de 500 euros. Los audios son de 2005, 2006 y parte de 2007, año en que Rus (que también es alcalde de Xátiva desde 1995 y presidente provincial del PP desde 2004) llegó a la corporación municipal. Las conversaciones, según fuentes conocedoras del caso, afectan a una docena de dirigentes del PP, algunos de ellos exdiputados autonómicos procesados en la pieza de la Gürtel sobre la financiación irregular del PP local. “Es la punta del iceberg”, desvela Pérez Garijo, quien augura “el fin de la carrera política de Rus”.
Una traición
La clave de este caso lleva el sello de la traición. Y un nombre: Marcos Benavent, exdiscípulo aventajado de Rus, huido al Caribe y en paradero desconocido. Benavent, quien grabó a escondidas las conversaciones para blindarse de futuros problemas, fue concejal de Ferias en Xàtiva entre 1995 y 2003. Después cayó en desgracia, pero en el 2007 Rus lo repescó como gerente de Impulso Económico Local (Imelsa), el diamante de la Diputación, con una partida de 25 millones al año, fundamentalmente para brigadas rurales.
Benavent habría convertido Imelsa en un nido de comisiones a su favor. Para ello creó en 2007 la empresa pantalla Berceo Mantenimientos, con un solo trabajador, que facturó 561.401€ entre julio de 2008 y enero de 2009. Y se valió de una segunda: Spartaki Sinergies, microempresa sin asalariados que en su primer año ya disponía de un inmovilizado material superior a los 700.000 euros. En esta última actuaron dos presuntos testaferros: Jaime Úbeda y José Estarlich, yerno del alcalde de Anna. Según la investigación, Benavent utilizó ambas empresas para facturar servicios ficticios a adjudicatarias de la diputación. Siete en total: Ommega Mmoe SL (propiedad de Úbeda), Excavaciones Jemar, Carsan Rent a Car S.A., Genius Sport, Forval CB, Carlady (su ex administrador único es Ricardo Cardona, alcalde de Canals) y Thematica Events, que también facturó a Vamor Sport, empresa acusada de generar un agujero de 40 millones por la gestión de la Fórmula 1.
Según Pérez Garijo, una parte de los porcentajes fraudulentos se invirtieron en inmuebles. Concretamente 1,1 millones en dos áticos en Xàbia y una nave industrial. La denuncia de Esquerra Unida erosionó la relación entre Benavent y Rus, quien le forzó a dimitir el 26 de diciembre de 2014. Pero un día antes, en plena Navidad, Benavent sustrajo documentación entre 2007 y 2009 y un ordenador portátil. Al mes siguiente, el actual gerente de Imelsa, Rafael Soler, le denunció por la existencia de 49.000 euros sin justificar en la caja fija entre 2010 y 2014. Y también por 14.000 euros de deuda de tres líneas telefónicas, dos de ellas en Panamá y Ecuador. El 23 de abril, el juez imputó a Benavent por presuntos pagos injustificados.
“Los comunistas, por los aires”
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“Los expedientes de la Diputación están impolutos y niquelados”, defendió el pasado martes un Rus acorralado, quien no tuvo más remedio que aceptar una comisión de investigación por las cuentas de Imelsa. Dócil en el pleno, Rus recuperó su habitual tono locuaz durante la tarde en la presentación de la candidatura como alcalde de Xàtiva y ante los 266 alcaldables de la provincia. “Todos los comunistas, que son los que me han denunciado, irán por los aires”, amenazó y lanzó un aviso: “Gestionamos de puta madre y no van a poder con nosotros”. Por su parte, el president Alberto Fabra, que mantiene una relación tirante con Rus por el control interno del partido, delegó las reacciones en su portavoz, María José Catalá, quien evitó el apoyo explícito: “Se perseguirá la mala gestión de los recursos públicos”.
“Estamos ante una trama organizada que conecta muchas irregularidades, escándalos y actuaciones personales”, destacó Ignacio Blanco, candidato de Esquerra Unida a la Generalitat. De hecho, la gestión de Alfonso Rus se ha visto enturbiada por distintas concesiones irregulares. En 2008 adjudicó 32 millones para césped artificial en los polideportivos municipales a Hermanos Doménech y Benigrass, sin experiencia en el sector y propiedad de Vicente Cuquerella, quien también cuenta con el 37,2% del número 102 de la calle Quart, sede del PP valenciano. Tampoco ha quedado claro el destino de 38 millones en 2012 a Inelcom, empresa de Vicente Quilis, íntimo de Rus, para sustituir bombillas convencionales por leds (de bajo consumo). O los 12 millones, con un 100% de sobrecoste, que costó el techado de la plaza de toros de Xàtiva.
Unos hechos que para Pérez Garijo “no son aislados”, sino “las piezas del rompecabezas corrupto en el que se ha convertido la Diputación”. Finalmente, Blanco advierte a Fabra: “Si no aparta a Rus, se arrepentirá”.
Tocado y casi hundido. Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, no ha tenido un solo día bueno en la última semana. Este sábado lanzó un último alarido en forma de comunicado: “Pido ser llamado de forma inmediata por el juez”. Una angustia que tiene origen en la denuncia que Rosa Pérez Garijo, diputada de Esquerra Unida, presentó el 31 de julio de 2014 por una presunta trama de comisiones, entre 2004 y 2009, en la Diputación. El pasado 26 de marzo, la Fiscalía trasladó la demanda al juzgado de instrucción número 6 de Valencia y, días después, el caso estalló en los medios.