Los penalistas sevillanos tienen una relación un tanto bipolar con Mercedes Alaya (Écija, Sevilla, 1963). Paradójica, se podría decir. Por una parte, sus macrocausas con cientos de imputados les han garantizado trabajo de sobra a lo largo de los últimos siete años. "A muchos nos ha dado de comer", bromea un abogado. Por otra, son pocos, de los que se han visto cara a cara con ella, los que no cuentan algún roce, algún comentario agrio de la instructora. Numerosos abogados la describen como autoritaria e inflexible en los interrogatorios. Hace esperar a todos lo que haga falta y después aparece, parsimoniosa y distante, sin la menor mención a su retraso. Alaya no despierta excesivas simpatías entre los letrados defensores de sus causas. Eso sí, las críticas en público son escasas. La juez que arrastra la maleta tipo trolley, la que que destapó el caso de los ERE, tiene un aura de figura intocable a la que más vale no cabrear. Infunde respeto, o incluso algo más: miedo. No obstante, algunos jirones de su crédito se han quedado por el camino. El archivo de la pieza política de los cursos de formación, una de sus instrucciones más sonadas y ambiciosas, y la sentencia absolutoria del caso de la venta de suelos en Mercasevilla han sido duros golpes para la juez, hoy magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla. Los dos casos habían tenido una enorme repercusión política. Pero nada parecido a su instrucción estelar, el caso de los ERE. El juicio de la pieza política de los ERE, la parte que llega hasta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, empieza el miércoles. Penalmente sólo están en el punto de mira los 22 acusados, la plana mayor de la Junta de Andalucía durante una década. Pero Alaya también se juega su crédito en el proceso.
El escándalo de los ERE arranca en un caso anterior, Mercasevilla. Dos directivos de esta empresa mixta, Fernando Mellet y Daniel Ponce, fueron grabados en un intento de extorsión a dos empresarios. Les pedían 450.000 euros a cambio de la concesión de una escuela de hostelería financiada por la Junta de Andalucía. El caso cayó en manos de Alaya, titular del juzgado 6 de Sevilla, con fama de obstinada y vehemente. Mercasevilla no era una empresa desconocida para ella. Su marido, Jorge Castro, había sido allí auditor de las cuentas de la lonja, aunque precisamente lo despidió Mellet por falta de confianza. La juez se puso a investigar a fondo Mercasevilla. No se conformó con lo que le ofrecía la grabación. Y descubrió algo llamativo: en el ERE de 2007 se había prejubilado un socialista y ugetista de Baeza (Jaén), Antonio Rodrigo Santoyo, que en su vida había pisado la lonja sevillana. ¿Qué era aquello? Un "intruso", lo empezaron a llamar los medios. El término acabó haciendo fortuna, porque aparecerían más en otros ERE. La juez acabó detectando hasta 72, si bien esta figura –intruso– abarca una casuística muy diversa, que va desde el intruso-intruso, que nunca ha trabajado en la empresa, hasta otros que se prejubilaron en un ERE habiendo trabajando en una empresa auxiliar a la abocada al cierre, o que se prejubilaron por una empresa habiendo trabajado en otra del mismo grupo.
Alaya se fijó en que en el ERE de Mercasevilla había participado una intermediadora, Vitalia, y que un sindicalista de Jaén, Juan Lanzas, había actuado poniendo de acuerdo a las partes, entre ellas una fundamental, Javier Guerrero, director general de Empleo. Le pareció que alrededor de aquel ERE se había generado un tinglado que podría ser lesivo para el interés público. Empezó a interesarse en otros ERE. Y descubrió lo que le pareció un patrón. En otros expedientes también había intrusos. Alaya detectó lo que consideraba "sobrecomisiones" de las empresas intermediadora. Apuntó a Guerrero, apuntó a Lanzas, apuntó a los directivos de las intermediadoras Vitalia y Uniter y apuntó a un abogado laboralista, Carlos Leal, todos ellos imputados en diversas piezas de los ERE (aún no juzgados en ninguna de ellas y que defienden su inocencia).
Hacia la cúpula
Pero no se limitó a eso. La instructora nunca creyó que el caso de los ERE fuera responsabilidad de unos pocos personajes alrededor de la Consejería de Empleo. Ellos, según su tesis, se habrían aprovechado de un sistema sin controles que ya sería en sí mismo delictivo. Un sistema, a juicio de Alaya, creado deliberadamente por el poder político de la Junta de Andalucía para eludir la supervisión de la propia Administración autonómica y de la Unión Europea. Pronto empezó a apuntar hacia arriba en busca de la responsabilidad de ese descontrol. Esa línea de investigación es la que constituye la llamada pieza política, en la que terminó implicando a Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Este miércoles empieza el juicio de esta rama del caso, la de mayor impacto político. Alaya y el juez que cerró la instrucción, Álvaro Martín, consideran que en la Junta de Andalucía hubo a lo largo de una década una maquinación de más de veinte altos cargos, incluyendo dos presidentes, para mantener y engordar un sistema irregular de reparto de fondos públicos.
A lo largo del desarrollo de esta tesis ha habido innumerables hitos de fuerte trascendencia jurídica y política. Alaya le pidió a la Junta de Andalucía todas las actas de sus reuniones de máximo nivel político, en un llamativo choque entre el poder judicial y el ejecutivo. En medios socialistas siempre se ha deslizado el mensaje de que Alaya iba en búsqueda de Chaves y Griñán a cualquier precio, que hacía coincidir sus autos más llamativos con fechas significativas políticamente. Pero con la investigación de Alaya acabó haciéndose innegable que en los ERE había caso, al margen de hasta dónde llegase en el escalafón del poder político andaluz. La juez puso al descubierto ayudas de Guerrero de 1,4 millones a empresas de su chófer, ayudas de 34 millones de euros a un tándem de empresarios de su pueblo, El Pedroso, José Enrique Rosendo (ya fallecido) y Enrique Sayago. El índice de ayudas recibidas por empresas de la Sierra Norte de Sevilla, donde estaba radicado políticamente Guerrero y el consejero de Empleo José Antonio Viera, era desproporcionado, según se desprende de la investigación judicial. Alaya descubrió que la suegra de Guerrero se había beneficiado de fondos destinados a Sos-Cuétara, cuando nunca había trabajado allí. Desveló que socialistas, sindicalistas y allegados de éstos se habían colado como prejubilados en ERE de empresas en las que no habían trabajado. Que los expedientes de concesión de ayudas directas a empresas o trabajadores eran escuálidos o incluso inexistentes. Que lo mismo podía decirse de la comprobación de que las ayudas efectivamente se dedicaban a los fines previstos.
De la partida 440.01 del conocido programa 31L, el que Francisco Javier Guerrero bautizaría en una declaración policial como "fondo de reptiles", salieron a lo largo de más de una década fondos para prejublaciones de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), ayudas directas a empresas y ayuntamientos... Todo ello, según la instrucción y la Fiscalía, sin suficiente control. Terreno abonado para la arbitrariedad. Pero Alaya nunca creyó que el caso se limitara a Guerrero y sus inmediaciones y siguió apuntando hacia arriba. No sólo hacia los consejeros de los que dependió Guerrero, Antonio Fernández y José Antonio Viera, sino hasta arriba del todo. Hasta la cúpula. En 2012 había encargado un informe a la Intervención General del Estado que apuntaló su tesis de que todo el reparto de ayudas había prescindido de los procedimientos legales vigentes. Griñán dimitió en 2013, con la certeza de que acabaría imputado. Así ocurrió. Tanto él como Chaves, aforados, acabaron pasando por el Supremo. Imputados. Luego dimitieron, ya en 2015: Chaves, como diputado; Griñán, como senador. Y se dieron de baja del PSOE. Aún no les habían abierto juicio oral, pero sus dimisiones allanaron el acuerdo del PSOE con Ciudadanos para la investidura de Susana Díaz. Hoy los dos expresidentes están finiquitados políticamente. El juicio que comienza el miércoles es su oportunidad de reivindicarse. Aunque ante las bases andaluzas del partido no han perdido la credibilidad, como acreditan las ovaciones que reciben cuando hacen acto de presencia en un acto del PSOE.
Los cursos: ni un bluf ni una trama clientelar
Las instrucciones de Alaya no se limitan a Mercasevilla y los ERE. La juez se metió en otro gran caso: los cursos de formación. Las operaciones policiales arrancaron en Málaga en 2014 y se prolongaron durante más de un año, hasta superar los 200 detenidos, entre ellos delegados o exdelegados provinciales de Empleo, así como numerosos funcionarios y cargos medios. Se había levantado otra gran pieza política. Pero esta vez ni el Tribunal de Cuentas ni la Fiscalía acompañaron a Alaya. Tras promocionar la juez a la Audiencia Provincial, su sustituta, María Núñez –con la que mantiene una relación de abierta hostilidad–, archivó el caso en su parte política. Lo que una vez fue en las portadas de los medios el caso de los 3.000 millones de euros, el que iba a superar en importancia a los ERE, se quedó en la irrelevancia penal, al menos en lo tocante a altos cargos de la Junta.
Núñez y la Fiscalía no sólo desarmaron la investigación, sino también la teoría –más sociopolítica que jurídica– que daba soporte y sentido a la misma: la existencia de una tupida "red clientelar" que sería el anclaje final de la corrupción en la Junta de Andalucía, puesta al servicio del partido gobernante hegemónico. Núñez ve inverosímil el relato de Alaya, según el cual sería la afinidad política la que determinaría el acceso a los fondos públicos, todo ello para mantener una estructura de servidumbres. "Para que el beneficiario fuera seleccionado arbitrariamente [...] de entre aquellos que consideraba afines al partido, el funcionario (interino o de carrera), que era el que sentado en su mesa con el ordenador introducía los datos [...] debería tener instrucciones específicas para ello y, por ende, participaría de la trama organizada", señala Núñez en su auto de archivo, que provocó un sonoro suspiro de alivio en San Vicente, sede del PSOE andaluz.
El archivo de la pieza política no implica que en la formación no haya caso. Quedan varias piezas abiertas, algunas de notable dimensión, como la que afecta a las ayudas recibidas por la red de empresas del exconsejero Ángel Ojeda. Pero sí rebaja notablemente el alcance político del caso, que es lo que ocurriría también si la pieza política de los ERE –de la que empieza el juicio el miércoles– se desinflara en el juicio oral. No sería la primera vez que le ocurre a Alaya. El juicio por la venta de suelos de Mercasevilla, un caso que supuso el ocaso político del hombre fuerte de IU en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, se quedó en nada en una sentencia en junio que absolvió a todos los acusados. Además Alaya está viendo cómo algunos de sus imputados en el caso ERE, solicitantes de ayudas que la Junta entregó supuestamente de forma poco motivada, son exonerados de responsabilidad penal por la juez Núñez, que en general se inclina por buscar la culpa en quien entrega los fondos públicos, más que en quien los solicita.
El apoyo de la Fiscalía
¿Podría quedarse en nada el juicio por la pieza política de los ERE, el que sienta en el banquillo a partir del miércoles a Chaves, Griñán y otros 20 ex altos cargos? Hasta ahora la instrucción de Alaya en lo tocante a la parte política del caso ha pasado el corte de los recursos ante la Audiencia, ha salido indemne de su paso por el Supremo y ha encontrado el apoyo de la Fiscalía. También le ha dado continuidad el juez de apoyo Álvaro Martín, que cerró la instrucción haciendo suyo el trabajo de Alaya. La decisión ahora en fase de juicio oral corresponde a los magistrados de la Audiencia Provincial Juan Antonio Calle (ponente), Pilar Llorente y Encarnación Gómez. En la antesala del juicio, los abogados son celosos de las estrategias que seguirán durante el proceso. Pero algunos han dado pistas válidas. José Antonio Griñán, por ejemplo, quiere que se explicite que el fraude no asciende a 855 millones de euros. Ése es el total del dinero repartido mediante el sistema en entredicho, pero la Junta sólo reclama 135,3 millones por vía administrativa. La gran mayoría del dinero habría terminado en las cuentas corrientes de prejubilados que efectivamente tenían derecho a esa prejubilación en la Faja Pirítica de Huelva, en Delphi, en Santana Motor o en Boliden. Lo defraudado habría que delimitarlo caso a caso, viendo qué ayudas fueron entregadas sin la documentación necesaria, o no fueron justificadas, o qué ingresos recibidos por los intermediarios no fueron empleados para los fines por los que se concedieron. Un trabajo fino, no un brochazo grueso.
Otra de las ideas que aflorarán durante el proceso, según diversas fuentes judiciales, es que la Junta tenía plenas competencias y un marco legal suficiente para dar las ayudas sin publicidad. Éste es un terreno jurídico delicado. La exdirectora de Trabajo con el Gobierno de José María Aznar Soledad Córdova ha declarado en el juzgado que el sistema para dar las ayudas a nivel estatal y en Andalucía era el mismo, lo cual fue recibido con regocijo por las defensas. Las acusaciones tratarán de demostrar que los ex altos cargos acusados, al margen del marco legal existente, maquinaron para que el procedimiento eludiese los controles de la Junta de Andalucía y de la Unión Europea.
El abogado Carlos Leal, a quien Alaya considera esencial para dar apariencia de legalidad a la actividad supuestamente delictiva como comisionista del sindicalista Juan Lanzas, no sólo se declara inocente, sino que lleva años en una cruzada intentando desmontar aspectos esenciales de la instrucción de Alaya, con una tesis de cada vez mayor influencia entre los defensores de los acusados de la pieza política. Según Leal, Alaya desconoce o ignora la orden ministerial de 1995 que regula el sistema de prejubilaciones y permite dar las "ayudas extraordinarias" sin publicidad ni concurrencia, lo cual ha provocado un "error de raíz": considerar ilegales las ayudas en su conjunto y por lo tanto delictivas todas las actuaciones profesionales alrededor de las mismas. "Es un colosal desaguisado", ha declarado Leal, que considera ilógico que Alaya le impusiera 34,8 millones de responsabilidad civil por participar como abogado en diversos ERE, lo cual significaría que se da por malversado un dinero que ha sido legalmente cobrado por prejubilados con derecho a las ayudas. Según Leal, la conclusión lógica de la instrucción de Alaya sería la consideración de los prejubilados como beneficiarios a título lucrativo del fraude; al no hacerse, se debería asumir que el fraude es de cuantía mucho menor a los 855 millones a los que se alude en el auto de cierre de la instrucción (y en las cabeceras de los telediarios y las portadas de la mayoría de los medios).
La juez Alaya despierta enormes suspicacias en el PSOE, aunque rara vez se han verbalizado. Díaz ha evitado criticarla, sabedora de la mala prensa que da hablar mal de un juez. Pero no todos han hecho lo mismo. El que llegó más lejos en sus insinuaciones de partidismo fue el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, que llegó a afirmar que Alaya tuvo "una relación personal fuerte" con Juan Ignacio Zoido, hoy ministro del Interior, pero que fue juez decano de Sevilla antes de ser alcalde de la capital andaluza y líder del PP andaluz. Desde ambas posiciones lideró una incisiva estrategia de ofensiva judicial en los casos Mercasevilla y ERE.
Hay muchas miradas puestas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que juzgará a Chaves y Griñán. Juan Antonio Calle no es el primer ponente que ha tenido el caso. Antes de verano fue elegido por sorteo al juez Pedro Izquierdo, pero fue recusado por el PP y Manos Limpias. ¿El motivo? Había sido secretario general de Justicia de la Junta de Andalucía. Los magistrados de la Audiencia que apartaron a Izquierdo del juicio no creen que existiera una "amistad" entre el juez y los expresidentes o el resto de los acusados, menos aún "íntima". Tampoco observaban que su pasada relación de dependencia con respecto a los expresidentes fuera motivo para quitarlo de en medio. Lo que la Audiencia aplica a Izquierdo es una especie de la doctrina de la mujer del César: hay quien puede pensar, con motivos lógicos, que el juez no iba a ser imparcial. Y en un caso de esta relevancia el juez que va a ser ponente de la sentencia no sólo debe ser imparcial, sino parecerlo. "Es importante", anotaron los magistrados, "garantizar la apariencia de imparcialidad de un tribunal, más en casos como el que nos ocupa, [...] un proceso penal por supuestos delitos de corrupción política, en el que aparecen acusados personas muy relevantes de la vida política".
Ver másChaves y Griñán, en el banquillo
Incógnitas jurídicas
Sobre el caso ERE pesan importantes incógnitas jurídicas, nada extraño en un proceso enmarañado, dividido en centenares de piezas que abarcan hechos a menudo distantes entre sí en espacio y tiempo. Alaya era partidaria de mantener todo el caso en una sola pieza, contra el criterio de la Fiscalía. Su tesis de fondo era que los ERE, y más tarde la formación, integraban un solo gran caso de corrupción vinculado a un modelo de clientelismo político pilotado desde San Telmo y al servicio de la hegemonía política del PSOE. Su sustituya en el juzgado 6 de Sevilla, María Núñez, optó por dividir el caso. Esto ha facilitado que haya piezas que estén llegando ya a juicio, pero al mismo tiempo ha suscitado situaciones procesales controvertidas. Por ejemplo, hay imputados en múltiples piezas como el exconsejero Antonio Fernández, el único ex miembro del Gobierno que ha pasado por prisión preventiva, o el propio Javier Guerrero que están invocando su derecho a no ser juzgados más de una vez por los mismos hechos. Guerrero también ha pasado ya dos veces por la cárcel preventivamente.
El primer juicio, en el que se establecerá si el sistema de reparto de fondos era en sí mismo irregular o no, podrá influir decisivamente en la suerte de las demás piezas que lleguen a juicio. Si el marco en el que se produjeron las supuestas irregularidades en las ayudas concretas –intrusos, escasez de documentación...– es un marco declarado ilegal por la justicia, dichas irregularidades pueden alcanzar previsiblemente mayor relevancia penal, analizan fuentes judiciales.
Los penalistas sevillanos tienen una relación un tanto bipolar con Mercedes Alaya (Écija, Sevilla, 1963). Paradójica, se podría decir. Por una parte, sus macrocausas con cientos de imputados les han garantizado trabajo de sobra a lo largo de los últimos siete años. "A muchos nos ha dado de comer", bromea un abogado. Por otra, son pocos, de los que se han visto cara a cara con ella, los que no cuentan algún roce, algún comentario agrio de la instructora. Numerosos abogados la describen como autoritaria e inflexible en los interrogatorios. Hace esperar a todos lo que haga falta y después aparece, parsimoniosa y distante, sin la menor mención a su retraso. Alaya no despierta excesivas simpatías entre los letrados defensores de sus causas. Eso sí, las críticas en público son escasas. La juez que arrastra la maleta tipo trolley, la que que destapó el caso de los ERE, tiene un aura de figura intocable a la que más vale no cabrear. Infunde respeto, o incluso algo más: miedo. No obstante, algunos jirones de su crédito se han quedado por el camino. El archivo de la pieza política de los cursos de formación, una de sus instrucciones más sonadas y ambiciosas, y la sentencia absolutoria del caso de la venta de suelos en Mercasevilla han sido duros golpes para la juez, hoy magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla. Los dos casos habían tenido una enorme repercusión política. Pero nada parecido a su instrucción estelar, el caso de los ERE. El juicio de la pieza política de los ERE, la parte que llega hasta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, empieza el miércoles. Penalmente sólo están en el punto de mira los 22 acusados, la plana mayor de la Junta de Andalucía durante una década. Pero Alaya también se juega su crédito en el proceso.