La etapa bajo investigación judicial de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que arranca a primeros de la década pasada y se prolonga hasta principios de la presente, continúa supurando irregularidades. A los casos de los ERE, con dos expresidentes en el banquillo de los acusados, y de los cursos de formación se suma una ramificación de la época de los desmanes que cuantitativamente es menor que los casos antes mencionados, pero cualitativamente tiene un gran potencial para minar el crédito de la administración pública andaluza: el desvelamiento de una supuesta malversación en la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe), ente dependiente de la consejería, cuyas tarjetas de crédito con acceso a fondos públicos fueron utilizadas para gastos privados, entre ellos 32.000 euros en cinco prostíbulos, al menos entre 2004 y 2010. En el punto de mira de la investigación está el que fuera director general de la Faffe, Fernando Villén, que dispuso de seis tarjetas de tres cuentas corrientes. Gastó, según la Guardia Civil, más de 72.000 euros entre burdeles, prostíbulos, hoteles, peajes y otros conceptos, sin que esté determinado con exactitud qué parte de los gastado fue en el ejercicio de sus funciones.
El caso pone el foco en la antigua fundación contra el paro de la Junta, extinguida en 2001 y convertida en ejemplo del sobredimensionamiento lo que los sindicatos críticos y partidos de la oposición llaman "administración paralela". Con cargo a un terminal de dicha administración se acabaron pagando noches en La Casita, Don Ángelo, Top Show, Club Bahía 2 y Sala Delux, a los que se suman gastos en restaurantes y discotecas, entre otros. Un informe de la Guardia Civil señala además que se produjeron manipulaciones contables tras los gastos privados con fondos públicos para su ocultación, intentando aparentar que las cantidades eran respuestas. Durante los seis años (2004-2010) en que se prolongó la situación no saltó ni una alarma en la administración. Aunque la Faffe cerró en 2011, hasta 2016 no fue registrada la baja en el Registro de Fundaciones.
La Consejería de Empleo aclara que las cuentas de la fundación fueron auditadas tres veces a lo largo del proceso de liquidación, la última tras un concurso público en 2014. "Sus conclusiones se remitieron a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la comisión de investigación del Parlamento sobre formación, al juzgado instructor. La consejería recuerda que el Tribunal de Cuentas descartó la existencia de "actos con alcance contable que requiriesen un reintegro posterior en la subvenciones concedidas a la Faffe".
"Los apuntes sólo recogían 'Liquidación tarjeta' y eran, desde un punto de vista estrictamente contable, correctos. Una vez conocida la posible existencia de pagos que podrían ser irregulares desde la consejería se solicitó a las entidades bancarias los extractos, se trasladó al juzgado el primero de los extractos recibidos, y se solicitó la declaración de Fernando Villén".
Una fundación en el punto de mira
La Faffe fue fundada en 2003, con Manuel Chaves en la presidencia de la Junta, José Antonio Viera como consejero de Empleo y Francisco Javier Guerrero como director general de Empleo. Los tres están imputados en los ERE. Fuentes de la administración calculan en unos 1.500 el número de trabajadores que alcanzó la fundación. "¿Para qué se creó? Está muy claro. Para hacer como administración paralela lo que no puedes hacer como administración pública. Para gestionar dinero público con menos controles, como si fuera dinero privado. Se convirtió en un punto neurálgico de los cursos de formación, que ya sabemos cómo acabaron", señala el parlamentario andaluz Juan Ignacio Moreno Yagüe, que representó a Podemos en la comisión de investigación sobre los cursos. Moreno Yagüe también apunta a los menores controles para la contratación de personal de estos organismos en comparación con la administración funcionarial.
La fundación se extinguió en 2011, pero la justicia aún persigue sus actividades. La jueza María Núñez Bolaños ha imputado al menos a 23 personas por contratos supuestamente irregulares para la realización de cursos de formación de la Faffe, por valor de 9,4 millones de euros. Aunque la llamada pieza política de la formación que impulsó Mercedes Alaya se cayó a lo largo de la instrucción, el caso sigue vivo en diversas piezas, como la que afecta a las empresas del exconsejero Ángel Ojeda, las ayudas a Delphi o la de la Faffe, entre otras. Los imputados por Núñez –sucesora de Alaya en el célebre juzgado de instrucción 6– por la Faffe declararon a lo largo de los meses de enero y febrero, explican fuentes judiciales.
Las supuestas irregularidades de los cursos, pese a su gravedad, están casi amortizadas políticamente. Pero en las entrañas de la Faffe latía una bomba de relojería en forma de juergas en burdeles con cargo al erario público que ha venido a explotar en 2018. No es que hasta este año la Faffe no haya estado en el punto de mira. De hecho es la fundación más cuestionada de la administración pública andaluza.
Un informe de la Cámara de Cuentas desveló en 2014 que entre 2009 y 2010 la fundación había recibido 49 millones de euros sin suficiente justificación. Aunque lo más singular de la Faffe está en el apartado de personal. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) denunció en mayo de 2018 ante el juzgado 16 de Sevilla que la Faffe fue epicentro de una dinámica de "clientelismo" y "nepotismo" basada en contrataciones irregulares de personal, al margen del mérito y la capacidad. El SAF daba incluso decenas de nombres de exalcaldes y exconcejales del PSOE, así como de familiares, amigos y convecinos de cargos socialistas. Un portavoz del SAF afirma que tras su cierre el grueso de la plantilla de la Faffe fue absorbida por los servicios centrales de la consejería y por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), asumiendo trabajadores que habían accedido sin méritos acreditados. Son más de 1.000 trabajadores los absorbidos, según el SAF.
Accesos al empleo bajo sospecha
El juzgado archivó la denuncia del SAF, al no ver relevancia penal. infoLibre preguntó a la Consejería de Empleo cuántos trabajadores tiene, tanto en los servicios centrales como en los organismos dependientes, cuántos provienen de la Faffe y qué funciones tienen, y cómo accedieron a su puesto de trabajo las personas señaladas por el SAF. La Consejería está trabajando en la recopilación de dicha información, señalaron desde el departamento. El PP, que ha sido el partido que ha denunciado públicamente los gastos en prostíbulos, se refiere a la Faffe como "agencia de colocación" del PSOE.
El sobredimensionamiento de la plantilla de Empleo a raíz de la subrogación de trabajadores de la Faffe es un hecho conocido. " No se puede permitir que haya gente cobrando y mano sobre mano", afirmó en 2016 el entonces portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, una declaración que causó un pequeño terremoto. Además el acceso por caminos torcidos a la función pública es un viejo conocido de la Consejería de Empleo. El que fuera director de Empleo, Francisco Javier Guerrero, incorporó trabajadores a la consejería a través de la contratación en una empresa privada, Umax, a la que accedían sin el menor control, en base a indicaciones del propio Guerrero al propietario de la compañía, con el que había alcanzado un acuerdo. Así entraron allegados del propio Guerrero, según la investigación judicial.
El caso Umax es otro de los que está pendiente de juicio, todo ello mientras se celebra el juicio de la parte política de los ERE, que será el preludio de un maratón de juicios por distintas ayudas concedidas con cargo al "fondo de reptiles" supuestamente irregulares. A ello se suman las piezas del caso de la formación en instrucción, entre ellas la Faffe. Es decir, aún le queda amplio recorrido judicial a los años de descontrol en Empleo.
Villén, citado a declarar
Pero ha sido la Faffe lo que se ha convertido ahora en un quebradero de cabeza para el Gobierno andaluz en la apertura de la carrera electoral. Y no por las supuestas irregularidades en las ayudas recibidas o por el modo de acceso al empleo público, sino por las tarjetas de crédito. El PP viene denunciando desde mayo los gastos en prostíbulos con cargo a tarjetas oficiales por parte de quien fue director general de la fundación, Fernando Villén. La jueza Núñez Bolaños está instruyendo una investigación. El propio Villén está citado a declarar este jueves, confirmaron fuentes judiciales. Y además hay un informe de la Guardia Civil entregado al juzgado de Núñez Bolaños el pasado 2 de octubre, y cuyo contenido fue dado a conocer este lunes por el PP, que pone negro sobre blanco seis años de gastos personales con cargo al erario público.
El gasto con las tarjetas de Villén en prostítubos asciende a unos 32.000 euros. Las fechas son importantes para poner el contexto. Por ejemplo, Villén cargó con una de sus seis tarjetas oficiales 15 pagos por valor de 14.737 euros entre las 20.57 del 22 de marzo de 2010 y las 2.43 horas del 23 en Don Ángelo. Ese mismo 22 de marzo había sido cesado el que era consejero de Empleo, Antonio Fernández, responsable político máximo de la Faffe, que ha acabado imputado en numerosas piezas del caso de los ERE y ha pasado por prisión preventiva. ¿Fue la juerga una especie de homenaje tras el cese de Fernández? ¿Quién más estaba presente y participó?
El caso evoca las juergas con alcohol y cocaína con dinero público que desveló durante la instrucción de los ERE el chófer de Guerrero. Además de los 31.969 euros en clubs de alterne con tarjetas de crédito en 12 pagos, a los que se suman 306 en un pago en efectivo, hubo gastos de casi 22.000 euros en restaurantes, 1.805 en hoteles, 173,79 en un taller, 113,9 en El Corte Inglés y 136,1 en la discoteca sevillana Buddha, entre otros cargos. También hay más de 11.000 euros en peajes. Hay más de 4.000 euros que la Guardia Civil no ha conseguido identificar. Los gastos de las tarjetas de Villén ascienden a 72.486,73 euros. No sólo Fernando Villén tuvo tarjetas. También tuvo dos su hermano Manuel Villén, que fue director de Administraciones Públicas de la Faffe, aunque sólo las empleó para pagar peajes de autopistas, con las que realizó 871 pagos, por un importe total de 8.109,03 euros entre 2006 y 2011, según el informe policial.
"Camuflaje contable"
Al margen de los aspectos cuantitativos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advierte una "dinámica dirigida a camuflar contablemente" los gastos del que fue máximo responsable de la Faffe, "a todas luces alejados de cualquier actividad de representación de la fundación". Los investigadores policiales creen que la Faffe introducía falsos asientos contables con supuestas devoluciones del dinero. "Estas supuestas devoluciones entran en contradicción directa con declarado en sede policial" por trabajadores de la Faffe, señala el informe de la UCO, que apunta indiciariamente a la comisión de un delito de malversación.
La Guardia Civil no se cree las supuestas devoluciones del dinero. Fernando Villén declaró a ABC en mayo, cuando aún no se conocía el informe de la UCO que pone de relieve que no hubo una sola noche de burdel, que cargó "por error" un pago en un club de alterne a la Faffe, pero que después lo arregló. "Si hubiera tenido que meter el PIN, ese error no se hubiese producido, pero te salía un papelito, tú lo firmabas y ya está", declaró Villén. Esta versión es difícilmente compatible con más de una decena de noches de prostíbulo con seis tarjetas oficiales.
Responsabilidades políticas
Todos los gastos en cuestión se producen antes de que ninguno de los actuales miembros del Gobierno andaluz ocupara ninguna consejería, y antes de que la actual presidenta, Susana Díaz, formase parte del Ejecutivo autonómico. No obstante, la oposición, en plena precampaña electoral, trata de impedir que el caso se despache aludiendo a que es una etapa anterior.
La oposición acusa al Gobierno de obstruir el acceso a la información y apunta al consejero de Empleo, Javier Carnero.La Junta puso a disposición del juzgado la información sobre los gastos del 1 de junio. Pero el consejero de Empleo no aludió a la misma durante una comparecencia dedicada a las "tarjetas black" de la Faffe en la comisión del ramo que tuvo lugar el 22 de marzo sobre la Faffe. El 31 de julio Carnero volvió a comparecer, pero la oposición no se dio por satisfecha y se acabó aprobando una comisión de investigación que ha quedado abortada por la disolución del Parlamento.
La Consejería de Empleo recuerda que el consejero ha abordado este tema en diez comparecencias en el Parlamento, "ofreciendo la información disponible". Y añade que Villén ha sido citado a declarar a petición de la propia Junta.
La parlamentaria del PP Teresa Ruiz Sillero afirma que la Junta conoce los hechos desde el principio, y que he hecho sigue resistiendo a proporcionarle información sobre el proceso de liquidación de la Faffe. "Tienen mucho que ocultar", afirma.
"Más de 3 millones de registros contables"
La Junta lo niega y asegura que está colaborando con la justicia. La Consejería de Empleo añade que ha remitido a la justicia "más de 3 millones de registros contables" de 2003 a 2011, años de fundación y extinción de la Faffe. "Se han atendido las peticiones de libros y anotaciones de registro de entrada correspondientes a esos mismos años. Se ha entregado a la UCO acceso completo y sin restricciones a los programas de contabilidad usados por este organismo (SAP y Navision), así como un equipo informático, y se les ha brindado la formación técnica necesaria para utilizarlos convenientemente. Y ha sido la propia Consejería la que ha solicitado a las entidades bancarias los extractos de las cuentas y ha trasladado, por intermedio del Gabinete Jurídico de la Junta, la información proporcionada por Unicaja, y la necesidad de reiterar desde el Juzgado la petición de información a Caixabank, ante la falta de respuesta oficial", señala la Consejería.
Según Empleo, Caixabank no facilita la información solicitada. infoLibre preguntó a Empleo cuántas tarjetas hubo en total, información que aún está recabando.
La etapa bajo investigación judicial de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que arranca a primeros de la década pasada y se prolonga hasta principios de la presente, continúa supurando irregularidades. A los casos de los ERE, con dos expresidentes en el banquillo de los acusados, y de los cursos de formación se suma una ramificación de la época de los desmanes que cuantitativamente es menor que los casos antes mencionados, pero cualitativamente tiene un gran potencial para minar el crédito de la administración pública andaluza: el desvelamiento de una supuesta malversación en la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe), ente dependiente de la consejería, cuyas tarjetas de crédito con acceso a fondos públicos fueron utilizadas para gastos privados, entre ellos 32.000 euros en cinco prostíbulos, al menos entre 2004 y 2010. En el punto de mira de la investigación está el que fuera director general de la Faffe, Fernando Villén, que dispuso de seis tarjetas de tres cuentas corrientes. Gastó, según la Guardia Civil, más de 72.000 euros entre burdeles, prostíbulos, hoteles, peajes y otros conceptos, sin que esté determinado con exactitud qué parte de los gastado fue en el ejercicio de sus funciones.