El 6 de agosto de 2008, Baltasar Garzón, entonces titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, dictó un auto tan breve –dos páginas- como deliberadamente oscuro con el que ordenaba incoar unas diligencias secretas. De la lectura de esos dos folios nadie habría podido inferir que acababa de ponerse oficialmente en marcha la investigación judicial sobre la que el tiempo y los hechos confirmarían como la mayor trama de corrupción política destapada en España: el caso Gürtel. Solo en la pieza troncal 27 personas han sido condenadas a 350 años de cárcel. Y esa es la pieza que ha originado la demoledora sentencia que certifica la caja B del PP, duda de la credibilidad de Rajoy, describe un "sistema de corrupción institucional" y declara al PP beneficiario económico de la trama.
Gürtel le ha explotado a Mariano Rajoy en diferido, por usar una locución que ya pertenece al acervo común desde que María Dolores de Cospedal la empleó el 25 de febrero de 2013 para referirse a la insólita fórmula de "despido" del extesorero Luis Bárcenas. Ahora condenado a 33 años y recluido desde el lunes en la prisión madrileña de Soto del Real, el PP siguió cotizando a la Seguridad Social por Bárcenas entre el 16 de abril de 2010, cuando fue imputado por primera vez en Gürtel, y el 31 de enero de 2013. Durante ese periodo, en el que oficialmente Bárcenas ya no era tesorero ni trabajaba para el partido, la organización le pagó 21.000 euros al mes.
Los pagos de ese “despido en diferido” cesaron en efecto de manera abrupta el 31 de enero de 2013. Es decir, el día en que el diario El País publicó los documentos manuscritos en los que año tras año, entre 1990 y 2008, el hombre que durante dos décadas controló las cuentas del PP había ido anotando los movimientos de dinero negro del partido. Bautizados con su apellido, los papeles de Bárcenas son la caja B cuya existencia certifica la resolución de la Audiencia Nacional. Qué hará el antiguo tesorero ahora que su mujer ha recuperado la libertad persiste como incógnita, aunque la potencial amenaza para el PP parece haber disminuido.
Esa caja B, dice ahora la sentencia de la pieza troncal de Gürtel, no se nutría de donaciones hechas "de modo altruista por algunos empresarios" sino "para pagar favores". O lo que es lo mismo, como "contrapartida por adjudicaciones irregulares de contratos". Y por tanto –agrega el texto judicial– las donaciones "no se pueden desvincular de esas adjudicaciones irregulares".
Víctima, colaborador de la justicia o fuerza ajena a las "personas que hacen cosas"
A lo largo de una década, el caso ha sido un auténtico campo minado. Un terreno pedregoso donde desde el primer momento se dieron cita las maniobras dilatorias de los imputados y el PP, las amenazas con revestimiento jurídico en forma de querellas y un discurso político con el que la formación conservadora aunó tres papeles en una sola figura: víctima de una persecución política, colaboradora de la justicia -el PP llegó a ejercer la acusación popular pero fue expulsado por actuar en defensa de Bárcenas- y estructura por completo ajena a lo sucedido. O a las "personas que hacen cosas", como dijo el martes María Dolores de Cospedal.
En ese campo de minas, la investigación fue avanzando a trompicones a despecho de otros obstáculos adicionales: el fraccionamiento de la causa por el aforamiento de distintos imputados -llegó a estar repartida entre el Supremo, el Tribunal Superior de Valencia y el de Madrid- , la guerra por la presencia de jueces afines al PP -tres han sido recusados desde 2015- y el baile de integrantes de los tribunales encargados de juzgar las distintas piezas.
Las trabas para obtener datos de paraísos fiscales, opacos e impermeables por definición, y la abrumadora extensión de la trama se añadieron a lo ya expuesto. Los documentos incautados a Correa y los suyos prueban la vastedad de su espacio de operaciones. Junto con episodios estrella como la boda de la hija de Aznar o del congreso donde en 2008 Mariano Rajoy consolidó su liderazgo interno, la trama no solo trabajó para el partido en territorios tan alejados entre sí como Galicia, Andalucía, Castilla y León, Valencia o Madrid sino que obtuvo contratos públicos allí donde justamente daba servicios electorales al PP. "Génova era mi casa, pasaba más tiempo allí que en mi despacho", resumió el propio Correa al inicio del juicio por el que ha sido condenado a 51 años.
El hecho de que la causa, sin contar el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, quedara dividida nada menos que en 12 piezas -cuatro de ellas, centradas en Valencia, donde la investigación inicial fue asumida por un juez "más que amigo" de Francisco Camps- dificulta cuantificar el daño global infligido al erario público. En 2011, una investigación periodística lo cifró en 120 millones. Solo por los hechos juzgados en la pieza troncal de Gürtel, Francisco Correa percibió 8,4 millones por contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008.
Hoy, a punto de cumplirse 10 años de aquel minúsculo auto de Garzón y cuando el PP ya lo daba por amortizado, el caso Gürtel ha derribado al presidente. La sentencia ha provocado la cristalización de todos aquellos datos que, pese a su gravedad, habían permanecido en estado gaseoso en la atmósfera política. Varias veces en estos años alguna chispa amenazó con provocar el incendio. Pero nunca llegó a ocurrir. Por ejemplo, cuando en julio de 2013 Luis Bárcenas reconoció ante el juez Pablo Ruz que los papeles de la contabilidad B eran auténticos y que también Rajoy había cobrado sobresueldos, acusación que el presidente siempre ha desmentido tajante.
Ahora es la resolución judicial de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional la que ha desmentido con la fuerza de un zarpazo la versión oficial del PP. Y lo ha hecho empezando por el aserto con que, el 11 de febrero de 2009, rodeado de su plana mayor y apenas cinco días después del estallido del caso y las primeras detenciones, respondió Rajoy a las noticias que ya se iban conociendo: “No es una trama del PP sino una trama contra el PP”. Porque la sentencia declara probado que el grupo de Francisco Correa y el PP, ambos de la mano, crearon “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional". En contra de lo que Cospedal -el martes en el Congreso- y el propio Rajoy -este jueves en el debate de la moción de censura- han sostenido, la sentencia condena al PP sólo en el ámbito civil como partícipe a título lucrativo porque, para empezar, en el momento de los hechos el Código Penal no permitía encausar a un partido en un proceso penal. Así lo recalca la resolución de la Audiencia.
Daños 'colaterales': nueve querellas, amenazas y un despido
El PP recurre su condena de 'Gürtel' por no quedar demostrado el beneficio ilícito que obtuvo de la trama
Esa urdimbre que, tejida por el PP y el grupo de Francisco Correa, se valió entre 1989 y 2008 "de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local” -lo dice la sentencia- dejó tras sí múltiples y dolorosos daños colaterales. En 2012, el Tribunal Supremo inhabilitó a Baltasar Garzón como juez por interceptar conversaciones mantenidas en la cárcel por los jefes de Gürtel con sus abogados. Ahora, la Audiencia Nacional se ha negado de plano a considerar esas escuchas como fruto de un ejercicio de prevaricación y, por tanto, como causa de nulidad.
Garzón no fue la única víctima. Con el exministro Federico Trillo como estratega jurídico, el inspector jefe de la Udef encargado del caso, Manuel Morocho, recibió siete querellas del PP . Las fiscales fueron objeto de otra querella planteada por el abogado de un empresario que se sentará en el banquillo de una de las piezas pendientes de juicio y que explota la televisión autonómica de Castilla y León por concesión del Gobierno autonómico del PP. El arrepentido que denunció la red corrupta y cuyas grabaciones resultaron esenciales, José Luis Peñas, sufrió amenazas y fue objeto de otra querella, finalmente archivada y presentada por el exministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos, aquel a quien Correa nombraba en una de las grabaciones como fuente última de las comisiones multimillonarias que aseguraba haber llevado a Bárcenas.
Y el sastre de Camps, por acudir a un último ejemplo, fue despedido. Camps salió ileso del caso de los trajes, aquel cuya instrucción recayó sobre el juez al que tenía por "más que amigo", Juan Luis de la Rúa. Lo absolvió un jurado popular. Y el Supremo confirmó la sentencia. El 2 de febrero de este año, durante su comparecencia ante la comisión que en el Congreso investiga la financiación del PP, Álvaro Pérez, El Bigotes, el antiguo "amiguito del alma" de Camps, dejó esta frase: "Si el Supremo dice que yo no le he regalado trajes, yo no le pienso llevar la contraria". Aquel también fue un disparo en diferido.
El 6 de agosto de 2008, Baltasar Garzón, entonces titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, dictó un auto tan breve –dos páginas- como deliberadamente oscuro con el que ordenaba incoar unas diligencias secretas. De la lectura de esos dos folios nadie habría podido inferir que acababa de ponerse oficialmente en marcha la investigación judicial sobre la que el tiempo y los hechos confirmarían como la mayor trama de corrupción política destapada en España: el caso Gürtel. Solo en la pieza troncal 27 personas han sido condenadas a 350 años de cárcel. Y esa es la pieza que ha originado la demoledora sentencia que certifica la caja B del PP, duda de la credibilidad de Rajoy, describe un "sistema de corrupción institucional" y declara al PP beneficiario económico de la trama.