Cuando cayó a comienzos de los años treinta, el famoso gánster Alphonse Gabriel Capone –más conocido como Al Capone o Scarface– llevaba ya más de una década bajo la lupa de la policía. El equipo de Eliot Ness, los famosos Intocables, se dedicó durante años a localizar y desmantelar las destilerías utilizadas por el mafioso para hacer negocio en plena Ley Seca. Pero no fue el contrabando de alcohol, sino el fisco estadounidense, el que logró darle la estocada definitiva. Casi un siglo después, el caso Negreira ha vuelto a desempolvar aquella historia. No porque exista semejanza entre los protagonistas, sino por el papel clave que también aquí ha jugado la Hacienda Pública. Un ejemplo que pone de relieve que no todos los casos vinculados a la corrupción salen siempre de una denuncia. A veces, el sistema también es capaz de cazarlos.
El pastel que ha puesto patas arriba la escena deportiva nacional se empezó a destapar hace casi cuatro años. En julio de 2019, la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña inició "actuaciones inspectoras de carácter general" al Fútbol Club Barcelona por los impuestos de Sociedades e IVA de los ejercicios comprendidos entre 2015 y 2018 derivadas de la relación con las sociedades Dasnil 95 SL y Nisdal SCP, propiedad del exárbitro y exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira. El equipo de fútbol quería deducirse casi 900.000 euros. Y el fisco le pidió copia de las facturas, descripción de los servicios prestados relativos a cada una de ellas y contratos suscritos.
El FC Barcelona aportó las facturas. Pero la Inspección Tributaria, a fin de justificar la naturaleza y efectividad de los servicios descritos, solicitó que se identificaran a los "profesionales, técnicos o personal auxiliar" y que se aportaran los vídeos, documentos o informes en los que se concretaron todos esos trabajos de asesoramiento. El club respondió que no encontraba esa documentación. Una falta de pruebas que llevó al fisco a concluir que esas facturas no se correspondían con prestaciones de servicios. A partir de ahí, se investigó a Negreira y a sus sociedades. Y el caso acabó en manos de la Fiscalía, que ya ha interpuesto una denuncia por administración desleal, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo o falsedad en documento mercantil.
No es la primera vez que las actuaciones de Hacienda terminan por poner los cimientos de un caso que acaba en los tribunales. A finales de 2014, la Agencia Tributaria hizo llegar a la Fiscalía Anticorrupción un duro informe en el que destapaba el supuesto pago de comisiones para levantar parques eólicos en Castilla y León. Vio así la luz la llamada trama eólica, que ha terminado por convertirse en uno de los mayores casos de corrupción en la región y por la que han sido encausadas más de una quincena de personas, entre ellas el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado. En total, el Ministerio Público ha pedido ya penas que suman 138 años de cárcel. Sobre la mesa, delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, extorsión o blanqueo de capitales.
La investigación judicial derivada de aquel aviso de Hacienda acabó poniendo de manifiesto, según el relato de Anticorrupción, que se ideó un plan para "exigir ilegalmente" a los promotores cuyos parques eólicos poseían visos de "obtener la autorización" que cedieran o permitiesen "la participación de empresas locales" en los proyectos, participación que se requería que fuera "próxima al 40%", bajo "la amenaza" de no lograr el permiso necesario si no lo hacían. A partir de ahí, continúa la Fiscalía, se seleccionaban y favorecían "ilegalmente" a empresas pertenecientes a personas con las que se tenía una "especial relación" para que les "fuera transferida una importante participación" en los parques cuya autorización "se había previsto".
También la inteligencia del Ministerio de Economía ha jugado un papel determinante a la hora de destapar algunas tramas recientes. El llamado caso mascarillas, en el que se investiga el cobro de comisiones por parte del empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina en la compra de material sanitario por parte del Ayuntamiento de Madrid, vio la luz a raíz de un informe que recibió en el verano de 2020 Anticorrupción procedente del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). Aquel documento, que ponía de manifiesto hechos que para la unidad de inteligencia podían ser constitutivos de delitos de malversación o blanqueo de capitales, fue el que llevó al Ministerio Público a abrir una investigación que acabaría con la interposición de una querella.
De los avisos internacionales a las Cámaras de Cuentas
En otras ocasiones, han sido los avisos internacionales los que han hecho saltar las alarmas del sistema. Es lo que ocurrió en Púnica y Defex. En el primer caso, el Ministerio Público inició sus pesquisas después de que Suiza les informase de que, en el marco de una operación de blanqueo de dinero –operation Parcelle–, se habían topado con los nombres del constructor David Marjaliza y del exconsejero madrileño Francisco Granados. En el segundo, centrado en una presunta trama de corrupción alrededor de la empresa semipública de venta de armas, fue una alerta de las autoridades de Luxemburgo, también en el marco de otra investigación en el Gran Ducado, la que permitió a Anticorrupción tirar del hilo y descubrir el pastel.
Los organismos fiscalizadores también son capaces, en ocasiones, de hacer saltar la liebre. Y el caso Campus de la Justicia es un claro ejemplo. En marzo de 2018, la Cámara de Cuentas de Madrid emitió un informe en el que ponía de manifiesto una serie de irregularidades relacionadas con la empresa pública que se constituyó para gestionar el macroproyecto urbanístico del Gobierno de Aguirre que levantaría, según sus propias palabras, "el complejo judicial más moderno de Europa". Aquel documento fue trasladado por el propio Ejecutivo regional, entonces liderado por Cristina Cifuentes, a la Fiscalía. Un Ministerio Público al que, un mes antes, ya habían acudido los principales partidos de la oposición con todos los datos que sobre este asunto habían recabado en la Comisión de Estudio de la Auditoría del Endeudamiento.
No suele ser habitual que administraciones de un partido pongan en conocimiento de las autoridades comportamientos relativos a otros gobiernos anteriores del mismo color. Pero el Ejecutivo de Cifuentes lo hizo. Y no solo en el Campus de la Justicia, sino también en Lezo, el caso que gira alrededor del expresidente madrileño Ignacio González. En el verano de 2016, el Gobierno madrileño trasladó al Ministerio Público las presuntas irregularidades cometidas alrededor de la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II, unas alarmas que saltaron a raíz de una investigación interna que se hizo por parte del ente. Por aquel entonces, la Fiscalía Anticorrupción ya estaba indagando alrededor de González.
'Autodenuncias' sólo en guerras internas
'Lezo', 'Operación Cataluña', 'Kitchen' o 'Gürtel': la Justicia no preocupa a los españoles, pero obsesiona al PP
A nadie se le escapa, no obstante, que aquellos movimientos se produjeron en un contexto de guerra permanente en el seno del PP de Madrid, batalla que terminaría también por propiciar la caída de la propia Cifuentes días después de que su Gobierno llevara a Anticorrupción el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Campus de la Justicia. Fue este tipo de enfrentamientos internos los que, hace solo un año, terminarían por sacar también a la luz la comisión percibida por el hermano de la presidenta madrileña por sus trabajos alrededor de un contrato del propio Ejecutivo regional para la compra de mascarillas. Quien puso el asunto sobre la mesa fue la dirección nacional del PP, entonces encabezada por Pablo Casado, tras meses de tensiones con Isabel Díaz Ayuso.
Que sean los partidos los que destapen prácticas irregulares de sus propios miembros no suele ser común. "Sería un milagro", apunta Lara Carrasco, impulsora del colectivo Corruptil. De hecho, los sondeos ponen de manifiesto que los ciudadanos apenas confían en la clase política cuando se habla de estas conductas. Según el último Eurobarómetro centrado en dicha cuestión, sólo un 5% de los españoles confiaría en un representante político a la hora de denunciar la corrupción, una lacra que casi siete de cada diez ciudadanos cree que es habitual en nuestro país.
Carrasco, además, considera que no hay ni "medios" ni "interés" en llevar a cabo una lucha sin cuartel contra este tipo de prácticas corruptas en nuestro país. Así, pone como ejemplo la tardanza del Gobierno a la hora de transponer la directiva europea sobre alertadores de corrupción. O que la ley que finalmente lo ha hecho cree una Autoridad Independiente para denunciar infracciones cuyo presidente propone el propio Ministerio de Justicia. "Órgano de control controlado", resume la impulsora de Corruptil. Una norma que, además, obliga a los partidos políticos a contar con un sistema interno de información para "atajar con rapidez cualquier indicio de infracción penal o administrativa grave o muy grave". Un mecanismo que también es obligatorio para el sector público.
Cuando cayó a comienzos de los años treinta, el famoso gánster Alphonse Gabriel Capone –más conocido como Al Capone o Scarface– llevaba ya más de una década bajo la lupa de la policía. El equipo de Eliot Ness, los famosos Intocables, se dedicó durante años a localizar y desmantelar las destilerías utilizadas por el mafioso para hacer negocio en plena Ley Seca. Pero no fue el contrabando de alcohol, sino el fisco estadounidense, el que logró darle la estocada definitiva. Casi un siglo después, el caso Negreira ha vuelto a desempolvar aquella historia. No porque exista semejanza entre los protagonistas, sino por el papel clave que también aquí ha jugado la Hacienda Pública. Un ejemplo que pone de relieve que no todos los casos vinculados a la corrupción salen siempre de una denuncia. A veces, el sistema también es capaz de cazarlos.