El 'caso Rubiales' aflora cómo los amos del fútbol ganan dinero y poder explotando recursos públicos

Las camisetas de las ganadoras llevaban el escudo oficial España. Oficial era el himno que sonó antes del partido. Los comentaristas usaban la clásica retórica del triunfo nacional, también aplicada al Mundial conquistado por la Selección Femenina hace dos domingos: "una victoria de todo un país" y fórmulas similares. Pero no todo era allí de todos (y todas). Había mucho éxito particular, privatizado. El caso Rubiales, además de haberse convertido en un escándalo internacional, permite observar con nitidez cómo los amos del fútbol, en este caso desde la cúspide de la federación, basan su poder y su modelo de negocio en la explotación de recursos públicos concedida por el Estado.

La liturgia, la puesta en escena, los símbolos, las funciones, incluso el nombre: Real Federación Española de Fútbol. Casi todo en la RFEF invita a pensar que se trata de un organismo público, oficial, estatal. En la última semana han reforzado esa impresión las peticiones de dimisión, que recuerdan a las que se suelen dirigir a representantes políticos.

Pero la RFEF no es pública. Se trata en rigor jurídico de una "entidad asociativa privada" que comercializa derechos deportivos y distribuye ingresos entre sus miembros. En paralelo, eso sí, la RFEF tiene encomendadas funciones públicas que exceden el deporte para alcanzar a la representación de España en el mundo. A ello se suman prerrogativas concedidas por el Estado como la explotación económica del nombre y los símbolos de España y el disfrute de una posición privilegiada en el negocio del fútbol.

Ninguno de los variados escándalos en que se ha visto envuelta la organización a lo largo de su historia ha llevado a cuestionar este privilegiado estatus de la RFEF. Tampoco, hasta el momento, el caso Rubiales, que sí ha supuesto un hito al mover a una reacción gubernamental contra Luis Rubiales. Aunque, eso sí, antes de que el movimiento del Gobierno haya producido efectos ha tenido lugar ya la suspensión por parte de la FIFA, la entidad internacional privada a la que pertenece la RFEF. Lo privado, en el fútbol, siempre va antes.

Ni la RFEF ni el Consejo Superior de Deportes respondieron a las preguntas de infoLibre para este artículo.

Estatus privilegiado

Los estatutos de la RFEF son un baile entre lo público y lo particular, lo oficial y lo discrecional. La entidad, regida por la Ley del Deporte y considerada "de utilidad pública", tiene por objeto el fomento, organización y reglamentación de la práctica del fútbol. Pero sus objetivos más allá. Entre ellos figura el "fomento de la participación de las selecciones españolas" en las competiciones internacionales, para lo que tiene autorizada la utilización del nombre de España y sus símbolos oficiales.

La RFEF, que selecciona a los jugadores para las distintas selecciones y puede sancionar a profesionales del fútbol y clubes según sus normas, organiza las competiciones oficiales y ejerce el control de las subvenciones asignadas a las asociaciones deportivas.

A finales de 2022 el Gobierno aprobó un real decreto para conceder una subvención directa de hasta 7,5 millones de euros a la RFEF para desarrollar la candidatura de España para el Mundial de 2030, que según las previsiones oficiales podría suponer 10.000 millones en ingresos para el país. Es tal el grado de importancia pública de sus cometidos que la RFEF asume que debe ser "neutral en temas de religión y política".

Negocio, diplomacia, sanciones...

Xavier Ginesta, profesor de Comunicación y Deporte en la Universitat Central de Catalunya y uno de los grandes especialistas en el negocio del fútbol en España, señala dos pruebas del especialísimo estatus de la RFEF. La primera es cómo el Estado entrega a la federación y la Liga el control de la competición y el negocio del fútbol, "algo que chirría desde el punto de vista de la libertad económica". "Es una excepción al funcionamiento normal del mercado", dice. La segunda es que la RFEF disfruta del "monopolio de la representación institucional del Estado" en el ámbito futbolístico, con fortísimo impacto sobre la "marca" del país. "La Real Federación Española de Fútbol forma parte de la estructura diplomática del Estado", afirma el autor de La disneytización del fútbol.

"Se trata de una entidad privada, miembro de una organización internacional [la FIFA], que a su vez es delegada para el ejercicio de determinadas funciones del Gobierno: representación internacional de España, organización de competiciones, establecimiento de una primera instancia de potestad disciplinaria...", explica Alberto Palomar, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, que recuerda que la RFEF "juega [en referencia a las selecciones] con el nombre de España y con los símbolos de España y explota el escudo de España". A su juicio, esto constituye una "subvención pública indirecta", porque se permite la "explotación" y "comercialización" de unos recursos oficiales.

437 millones de ingresos en 2022

En paralelo a su elevado relieve institucional, la RFEF tiene "plena capacidad de obrar" y obligaciones de transparencia menores que los organismos públicos. Su naturaleza privada acaba imponiéndose a sus funciones públicas. La RFEF forma parte de los dos grandes transatlánticos del mundo del fútbol, la UEFA y la FIFA, así como del Comité Olímpico Español, igualmente privado.

Aunque por estatutos carece de ánimo de lucro y "los valores deportivos" prevalecen sobre el papel "sobre los intereses comerciales", la RFEF es una organización que se articula y funciona en torno al dinero. La entidad, que comercializa los derechos de la Copa del Rey y la Supercopa, es responsable de la distribución de "los ingresos generados por el fútbol". ¿Cuánto es eso? La RFEF contabilizó en 2022 unos ingresos de 437 millones, de los que en torno a un 30% provienen de derechos audiovisuales y un 23% de patrocinios y publicidad de empresas como Iberia e Iberdrola, entre otras.

Un poder "clientelar" sustentado en el dinero

Así que Rubiales, que suele presumir de sus números al frente de la federación, sustenta su poder en la gestión de un dinero que proviene en parte de la explotación de recursos públicos. Es el ámbito económico el que mejor expresa la discrecionalidad de la presidencia a la hora de asignar estos fondos y de usarlos para proteger su posición, como se ha visto estos días. Rubiales, para el que la federación aprobó en 2022 un sueldo de 675.000 euros brutos, llegó a ofrecer la semana pasada, ante la asamblea de la federación, una mejora de más de 300.000 euros al año de su contrato al seleccionador Jorge Vilda, hasta cobrar medio millón, en un compromiso que obligaba a modificaciones presupuestarias e ignoraba las competencias de los órganos de la RFEF.

La asamblea a la que Rubiales arrancó encendidos aplausos, pese a representar a una organización "de utilidad pública", funciona en la práctica "bajo un régimen de cacicatos territoriales corporeizado en los 19 presidentes de las regionales, miembros natos de la asamblea, como el presidente de la propia federación", explica el periodista deportivo Alfredo Relaño en El País. "Ellos crean una malla protectora del sistema, casi impenetrable, que explica, por ejemplo, que Ángel María Villar se mantuviese 29 años allí hasta ser sacado literalmente por las fuerzas del orden".

"Margen de actuación" del Gobierno y "voluntad política"

Xavier Ginesta cree que el caso Rubiales ha mostrado en plenitud el "clientelismo" por el que se rige esta asamblea de 140 miembros y afirma que es necesaria una "reflexión" que culmine en un "mayor control público" sobre una entidad que "actúa como un agente diplomático de primer orden". Al mismo tiempo, observa que los últimos días han demostrado que el Gobierno tenía un margen de actuación que no ha utilizado antes, a pesar de haber tenido ocasiones tanto con Villar como con Rubiales.

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En el caso del presidente ahora suspendido, Ginesta cita los negocios de Rubiales y Gerard Piqué con Arabia Saudí o el posible pago con dinero de la federación de gastos privados como situaciones que deberían haber dado pie a medidas del Consejo Superior de Deportes. ¿Por qué entonces no se hizo nada? "Por falta de voluntad política para actuar ante el enorme negocio que es el fúbol. Ahora el Gobierno sí interviene, con su denuncia ante el TAD [Tribunal Administrativo del Deporte], por oportunidad política", responde Ginesta.

Un "diseño inestable"

A juicio del jurista especializado en derecho del deporte Alberto Palomar, existe un "diseño inestable" en las relaciones entre el Estado y la RFEF que aboca a conflictos y situaciones de tensión. "Se suele decir que la federación es privada pero está intervenida. El problema de la intervención es que la federación es miembro de una comunidad internacional que la hace difícil", señala Palomar, que recuerda que en 2008 el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, amenazó con la exclusión de España de la Eurocopa después de que el secretario de Estado de Deporte, Jaime Lissavetzky, promoviera la celebración de unas elecciones en las RFEF a las que Villar se oponía.

El Gobierno cedió entonces. Esta vez ha actuado para apartar a Rubiales de la presidencia, lo que ha llevado a una denuncia contra el Gobierno por intervencionismo del secretario general de la RFEF, Andreu Camps. Palomar señala cómo esta denuncia es prueba del mencionado "diseño inestable". "Las relaciones siempre han sido tensas, porque así es el modelo. Otra cosa sería hacer como Inglaterra o Alemania, que no quieren saber nada de sus federaciones y se limitan a controlar las subvenciones. Pero en España, como en Italia, Francia o Bélgica, no lo hemos hecho así", añade Palomar, que recuerda que hay 65 federaciones deportivas en España con un diseño similar.