La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha publicado este jueves la lista de precios de los servicios sanitarios para personas que no tengan derecho a recibir asistencia sanitaria pública y terceros que estén obligados al pago de esos servicios. El documento afirma que estas nuevas tarifas deberán aplicarse a "las asistencias prestadas a partir del 1 de enero de 2013”, por lo que la disposición tiene efecto retroactivo.
Este nuevo escrito establece que las personas a las que hace referencia –los inmigrantes irregulares, por ejemplo, son una buena parte de este colectivo– deberán pagar un mínimo de 81 euros por la primera consulta de atención primaria, y 41 euros por cada una de las consultas sucesivas. En estas tarifas no están incluidas las pruebas complementarias, que de ser necesarias aumentan el precio hasta los 101 euros en primera consulta y 50,7 euros por cada una de las posteriores.
El precio asciende si la consulta es hospitalaria, ya que la tarifa más barata es de 124 euros por hacer uso de una primera consulta, cantidad que puede ser mayor dependiendo de a qué hospital se acuda –en la disposición, la Junta los clasifica en cuatro “tramos” con ligeras variaciones entre sus precios–. No obstante, si esta consulta hospitalaria es de “alta resolución”, es decir, que en ella “queda establecido un diagnóstico, junto con su correspondiente tratamiento, tras la realización de las exploraciones complementarias necesarias, y siendo realizadas estas actividades en una sola jornada”, el precio sube hasta los 195 euros en el tramo más barato.
Las consultas de urgencias tendrán un precio fijo de 236 euros, tarifa que se cobrará sea dado el paciente de alta o sea ingresado. No obstante, esta cifra no cubre toda la asistencia urgente, ya que en la disposición se especifica que “se consideran pruebas adicionales en el servicio de urgencias y por tanto serán facturadas aparte, todas aquellas cuyo precio supere el fijado para la consulta de urgencias“. Por otra parte, si el paciente es ingresado su desembolso aumenta: la hospitalización en planta costará 541 euros al día durante los primeros cinco en el caso más barato, y a partir del sexto día de estancia el precio será de 500 euros al día.
Mayor es el desembolso si el paciente es ingresado en el llamado “servicio quirúrgico”, donde en el mejor de los casos pagará 651 euros al día incluso aunque finalmente no sea operado. El ingreso en la unidad de pediatría es también más caro, con un precio de 738 euros al día los primeros cinco días en el caso más barato, y la hospitalización en Cuidados Intensivos es la más gravosa de todas: 1.587 euros al día durante los primeros cinco días, en el tramo con los precios más baratos.
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Los servicios de maternidad tienen sus propios precios: un parto vaginal sin complicaciones es el tratamiento más barato, con un precio de 2.512 euros. Sin embargo, si el alumbramiento se complica los precios se disparan: un parto natural con complicaciones se cobra a 3.302 euros, una cesárea sin complicaciones a 4.035 y si la operación se complica, el precio es de 4.656 euros. Pero eso no es todo, ya que si la cesárea se considera de alto riesgo y además sufre complicaciones, la tarifa asciende hasta los 6.640 euros.
Varias de las pruebas más habituales tienen también sus propias tarifas detalladas dentro de la disposición. Es el caso, por ejemplo, de la radiografía de tórax (13 euros), las pruebas de alergia (195 euros), la hemodiálisis (300 euros por sesión), la resonancia magnética (312 euros más un suplemento de 175 si es necesaria anestesia) o el tac (168 euros el estudio más básico con el mencionado suplemento de 175 si hace falta anestesia). Las ambulancias también detallan sus tarifas: la que carece de soporte asistencial tiene un coste de 204 euros, mientras que las que sí disfrutan de “servicio vital” disparan los precios: 418 euros el vehículo con servicio vital básico, 434 euros el que dispone de servicio vital básico con enfermería y 1.095 euros la conocida como “UVI móvil”, que tiene servicio vital avanzado.
Según ha afirmado a Europa Press Amparo Carrión, directora general de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), esta disposición está destinada a facturar a las compañías aseguradoras por los servicios que deriven a la sanidad pública. Sin embargo, dicha publicación explicita en su primera página que los precios que se detallan están destinados a "los supuestos cuyo importe ha de reclamarse a los terceros obligados al pago o a los usuarios sin derecho a asistencia sanitaria de la Seguridad Social".
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha publicado este jueves la lista de precios de los servicios sanitarios para personas que no tengan derecho a recibir asistencia sanitaria pública y terceros que estén obligados al pago de esos servicios. El documento afirma que estas nuevas tarifas deberán aplicarse a "las asistencias prestadas a partir del 1 de enero de 2013”, por lo que la disposición tiene efecto retroactivo.