¿Accedió el presidente de Murcia, del Partido Popular, a información privilegiada sobre su situación judicial en la Operación Púnica? ¿Es el momento para que asuma responsabilidades políticas y deje el cargo? Estas preguntas siguen coleando desde que hace una semana Pedro Antonio Sánchez presumiese en público de conocer que, además de la Fiscalía Anticorrupción, "cuatro fiscales jefe de las cuatro salas de lo Penal del Tribunal Supremo" se oponían a su investigación y tras su reciente imputación. Y estuvieron en el foco del coloquio posterior al desayuno informativo protagonizado este martes en Madrid por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
En el acto, organizado por Europa Press, el ministro Catalá no se movió ni un ápice del argumentario del Gobierno y del Partido Popular, marcado un día antes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. A saber: respeto a la presunción de inocencia y prudencia antes de tomar decisiones precipitadas.
Catalá señaló que el hecho de que Sánchez vaya a tener que acudir a declarar ante el juez "pone de manifiesto que todos somos iguales ante la ley".
"En mi opinión, no es el momento en que se comparece en el que son exigible las responsabilidades", dijo. Y, sin citar ningún caso, sostuvo que existen "suficientes precedentes recientes como para que nos preguntemos si no hemos aprendido nada". A su juicio, no se puede poner en duda el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy en la lucha contra la corrupción.
¿Peligra el pacto con Ciudadanos en Murcia? "Creo que somos gente seria, responsable, lo que escribimos, lo cumplimos... Somos coherentes con esa posición". "Hasta que sea inculpado no debería exigírsele responsabilidades políticas", subrayó. Pedro Antonio Sánchez es presidente autonómico gracias a los votos del partido de Albert Rivera.
Un día antes, este lunes, la Fiscalía de la Región de Murcia presentó un escrito en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el que pedía "a la mayor brevedad posible" la declaración como investigado -figura jurídica conocida antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) como "imputado"- del actual presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez.
De esta forma, el fiscal encargado del caso, José Luis Díaz Manzanera, trataba de impulsar la investigación del caso Auditorio, que ahora se encuentra en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el que se atribuyen a Sánchez delitos de corrupción en su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras.
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Antes del comienzo del desayuno informativo, el coordinador general del PP y responsable de Organización y Electoral, Fernando Martínez-Maillo, adelantó este que su partido buscará "convencer" a Ciudadanos de que hay que "esperar" antes de pedir la dimisión del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, porque no está afectado por un "caso de corrupción".
"No estamos hablando inicialmente de un caso de corrupción y siempre será en el ámbito del acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular de Murcia", señaló Maillo, que recordó que durante las negociaciones con Ciudadanos a nivel nacional a finales de agosto para el pacto de investidura se hizo "famosa" la frase de que "no es lo mismo meter la pata que meter la mano".
A su jucio, a Sánchez "nadie le acusa de llevarse un solo euro" e insistió que no está en discusión el pacto nacional entre Partido Popular y Ciudadanos.
No obstante, recordó que el verano pasado, durante la negociación entre PP y Ciudadanos, hubo un "caso similar de un diputado de Castellón" que era "prácticamente igual" al de Sánchez y los propios dirigentes de esa formación "entendieron" entonces que no era corrupción.
"Estamos en contacto permanente con Ciudadanos y esperemos poder convencerles de que, como no es un caso de corrupción, hay que esperar a que haya un pronunciamiento mucho más firme por parte de los juzgados y luego ya veremos", manifestó.
Como ya avanzó infoLibre, El Partido Popular y Ciudadanos discrepan sobre cómo debe afectar su pacto anticorrupción al presidente de Murcia. Mientras que desde la formación naranja defienden que debe dejar ya la Presidencia, los conservadores de la Región de Murcia interpretan que este paso debería darse, en todo caso, en el momento de la apertura de juicio oral.
Los conservadores se acogen a una discusión terminológica para aplazar la dimisión al momento previo a la apertura del juicio oral. Subrayan que el pacto fue firmado antes de que la palabra "imputado" fuese sustituida en la ley por "investigado". Esta disparidad de criterios va a poner a prueba la solidez del pacto en los próximos días.
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Además, Catalá demandó que la adopción de medidas provisionales se tomen en base a las circunstancias personales de cada situación y que la prisión provisional es una medida de carácter extraordinario que debe estar justificada, en referencia a la postura de la Fiscalía que sopesa pedir prisión provisional para Iñaki Urdangarin.
Sobre la vista que celebrará la Audiencia Provincial de Baleares este jueves para decidir si se acuerdan medidas cautelares contra Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de prisión y su exsocio Diego Torres, condenado a ocho años, Catalá se mostró confiado en que el tribunal, a la vista de los informes del Ministerio Público y de las partes, decidirá "con arreglo a la ley".
Por otra parte, Catalá rechazó que deba suprimirse el principio de jerarquía en la Fiscalía o que el fiscal general sea designado por el Parlamento como medidas necesarias para que esta institución se dote de mayor independencia de cara a la instrucción penal por los fiscales.
¿Accedió el presidente de Murcia, del Partido Popular, a información privilegiada sobre su situación judicial en la Operación Púnica? ¿Es el momento para que asuma responsabilidades políticas y deje el cargo? Estas preguntas siguen coleando desde que hace una semana Pedro Antonio Sánchez presumiese en público de conocer que, además de la Fiscalía Anticorrupción, "cuatro fiscales jefe de las cuatro salas de lo Penal del Tribunal Supremo" se oponían a su investigación y tras su reciente imputación. Y estuvieron en el foco del coloquio posterior al desayuno informativo protagonizado este martes en Madrid por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.