“En plena precampaña de Castilla y León no parece el mejor momento”. La respuesta es cada vez más recurrente cuando se pregunta por el estado de algunos de los grandes temas pendientes de la agenda política que estaban previsto abordarse para el mes de enero. A nadie se le pasa por la cabeza, por ejemplo, que sea posible avanzar en asuntos como el diálogo con Cataluña, el nuevo sistema de financiación autonómica o la renovación del Consejo General del Poder Judicial mientras los principales partidos estén inmersos en la primera contienda electoral del nuevo ciclo. Y la lista de temas afectados es larga.
Para la propia comunidad de Castilla y León la afectación es directa. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, decidió disolver las Cortes y convocar elecciones la misma semana que estaba previsto el debate parlamentario para intentar sacar adelante los presupuestos regionales de 2022. La legislatura allí, por tanto, saltó por los aires y, sin esas cuentas aprobadas, la oposición considera que se podrían poner en riesgo “cientos de millones de euros” de los fondos europeos por la inexistencia de partidas específicas para su implementación. Dependiendo del resultado de las elecciones y de la posterior formación de Gobierno, la aprobación de unas nuevas cuentas podría retrasarse, como mínimo, hasta mediados de año.
Pero, más allá de Castilla y León, los comicios autonómicos del 13 de febrero tienen impacto en el conjunto de la actividad política. Todo el mundo interpreta esa cita con las urnas como el pistoletazo de salida de un nuevo ciclo electoral en el que, además, tiene especial interés Pablo Casado por las perspectivas de un gran resultado para el PP que pueda empezar a minar el terreno de las generales para Pedro Sánchez. En ese ambiente, a nadie se le pasa por la cabeza que asuntos que requieren de un mínimo consenso entre los dos principales partidos, como la renovación del CGPJ, estén ahora siquiera sobre la mesa.
Negociaciones imposibles
Algo parecido a lo que ocurre con otro asunto crucial como es el sistema de financiación autonómica. A finales de enero concluye el plazo para que las Comunidades manden al Gobierno central una respuesta a la propuesta enviada desde el Ministerio de Hacienda con los criterios de población ajustada. Y las expectativas sobre una posibilidad de acuerdo son casi inexistentes. Para Compromís, socio parlamentario del Gobierno para el que esa reforma es piedra angular de la legislatura, resulta sorprendente que el tema haya desaparecido de las conversaciones entre los grupos: “No se le está dando ninguna relevancia. Nos sorprendió muchísimo que en el plan normativo del Gobierno no se incluyese la reforma de la financiación autonómica. No sabemos si es que no tienen prisa o que son pesimistas al respecto”, cuentan desde la formación de Joan Baldoví.
Desde luego, optimistas no son desde el Gobierno, donde recuerdan que una reforma de tanto calado como es el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas no se puede sacar adelante “con la mayoría del Congreso”. Fuentes del Ejecutivo subrayan la necesidad de incluir al PP en un acuerdo de tanta trascendencia y para el que no se contempla seguir adelante de espaldas a la opinión de territorios como Galicia, Andalucía, Murcia o Castilla y León, todos con gobiernos populares. Aseguran en el Ministerio de Hacienda que la voluntad es la de llegar a un acuerdo, aunque admiten que las expectativas son escasas por la actitud de la oposición en cualquier tema que implique pactar con el Gobierno y por el propio ambiente electoral.
Temas aparcados
Pero la lista de temas aparcados por la inconveniencia política de abordar según qué asuntos en campaña es aún más larga. Tal y como adelantó infoLibre, en la Moncloa retrasan cualquier cita importante que tenga que ver con Cataluña hasta después de las elecciones de Castilla y León. Lo apalabrado en su día entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès es que la mesa de diálogo entre ambos gobiernos volviera a convocarse “a principios de año”, aunque ninguna de las dos partes contempla que vaya a ocurrir durante el mes de enero y mucho menos durante las dos semanas de campaña electoral.
“El Gobierno acaba de salir del embrollo de la ganadería y del lío interno de la coalición, no parece desde luego el mejor momento para meterse ahora con lo de Cataluña”, explican fuentes socialistas que asumen que con el enredo de las macrogranjas ya le han regalado diez días de precampaña gratuita al PP. Desde la Generalitat no meterán prisa por la concreción de la fecha porque no quieren enfrentarse a una nueva reunión bilateral sin que puedan darse pasos que les permitan vender algún tipo de avance ante el independentismo más radical, parte del cual presiona desde el propio Govern. Y sabe Aragonès que el contexto para Sánchez, con las urnas de por medio, no es ahora mismo el más propicio.
El Gobierno no contempla reunir a la mesa de diálogo con Cataluña hasta después de las elecciones de Castilla y León
Incluso desde el punto de vista legislativo también hay ejemplos de las repercusiones que parece tener la cita de Castilla y León. Desde Unidas Podemos llevan semanas denunciando que su socio de coalición está paralizando la Ley de protección animal tras la polémica de las macrogranjas. Según pudo confirmar infoLibre, no está previsto que el anteproyecto de Ley pase por el Consejo de Ministros hasta el 22 de febrero pese a estar listo y acordado desde finales de noviembre.
Hay quien cree en el Gobierno que explicar ahora un texto que, entre otras cosas, busca poner fin a prácticas como las peleas de gallos, el uso de animales salvajes en circos o la cría descontrolada de animales, podría llevar a interpretaciones distorsionadas como en el caso de Garzón, teniendo en cuenta que varias asociaciones de caza ya le han declarado la guerra a la futura ley. En el sector morado del Gobierno creen que los socialistas quieren evitar titulares que puedan ser "sacados de contexto" en plena precampaña, de ahí que aplacen su aprobación.
También se espera que se dé oficialidad a la conferencia de presidentes comprometida por Pedro Sánchez para el mes de enero y que tendrá lugar en la isla de la Palma. Nadie en el Gobierno se atreve a confirmar que esa cita también esté en peligro por la campaña electoral autonómica aunque no existen, por el momento, detalles de la convocatoria. Todo el mundo coincide en señalar en que “cuando pasen las elecciones todo será más fácil”. El problema es que, cuando pasen las de Castilla y León, empezará la cuenta atrás para Andalucía, primero, y para el resto de autonómicas y municipales después. Una campaña electoral eterna que comprometerá, aún más, la posibilidad de hacer política.
“En plena precampaña de Castilla y León no parece el mejor momento”. La respuesta es cada vez más recurrente cuando se pregunta por el estado de algunos de los grandes temas pendientes de la agenda política que estaban previsto abordarse para el mes de enero. A nadie se le pasa por la cabeza, por ejemplo, que sea posible avanzar en asuntos como el diálogo con Cataluña, el nuevo sistema de financiación autonómica o la renovación del Consejo General del Poder Judicial mientras los principales partidos estén inmersos en la primera contienda electoral del nuevo ciclo. Y la lista de temas afectados es larga.