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Líneas de investigación que se abren, luego se archivan y más tarde se vuelven a abrir. Las pesquisas sobre las finanzas de Podemos se han enquistado en el juzgado de Madrid que abrió las primeras diligencias en el verano de 2020, pues lejos de ir concluyendo, se han ido ampliando, y aunque el magistrado había cerrado la instrucción de algunos procedimientos con el visto bueno de la Fiscalía, las acusaciones populares encabezadas por Vox se han encargado a través de sus recursos de que la investigación siga viva en una causa que ya acumula más de media docena de imputados, incluido el propio partido como persona jurídica, y que centra las sospechas en la gestión por parte de la formación de sus recursos económicos, buena parte de ellos procedentes de los fondos públicos que recibe.
Los autos del titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, no dejan muy claros qué delitos imputa a Podemos en cada línea indagatoria y a los dirigentes que están investigados. Todo parte de una denuncia inicial de dos empleados del partido, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, el primero perteneciente al equipo jurídico y que fue despedido en diciembre de 2019 y la segunda, exresponsable de Cumplimiento Normativo de la formación. Ambos sostienen que fueron apartados de sus funciones después de que la cúpula de la formación se enterara de que estaban investigando posibles irregularidades contables. Lo cierto es que la denuncia inicial de Calvente y los informes entregados después por Carmona ofrecen un relato que, ellos mismos reconocen, se basa en sospechas, rumores y comentarios de personas a las que no identifican.
En cualquier caso, el instructor vio motivos para abrir diligencias. La piedra angular de la causa está en los 363.000 euros que el partido pagó a la empresa Neurona, con matriz en México, para trabajos de la campaña electoral de abril de 2019, trabajos que tanto el juez como la Fiscalía dudan que realmente se prestaran, aunque la diferencia es que el Ministerio Público no ve delito de financiación irregular. Parte de los recelos estriban en la fecha de creación de la filial de Neurona Consulting en España, Neurona Comunidad, poco antes de la campaña y el desvío a una tercera sociedad, la mexicana Creative Advice Interactive Group, de casi la totalidad del dinero abonado por Podemos.
Caja de solidaridad y sobresueldos
Neurona es la parte que ha permanecido abierta en los nueve meses de investigación de Escalonilla. En paralelo, hay líneas de investigación denunciadas por Calvente que han ido abriéndose, cerrándose y volviendo a abrirse a instancias de las acusaciones populares. En los primeros meses de la investigación, de agosto a diciembre, la causa parecía ir adelgazando por momentos, pero el punto de inflexión llegó a principios de 2021 con reaperturas, nuevas imputaciones y tres líneas más de indagación que salen de nuevas sospechas comunicadas al juzgado por la exresponsable de Cumplimiento Normativo.
Un ejemplo de reapertura es la referente a la gestión de la caja de solidaridad de Podemos, una especie de fondo que el partido destina a fines sociales. Las pesquisas se cerraron en octubre, pues el instructor no veía "anómalo o extraño que el numerario sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido". Sin embargo, a petición de Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, la Audiencia Provincial ordenó seguir indagando al apreciar una "vinculación subjetiva encubierta" entre la formación morada y la asociación #404 Comunicación Popular a la que se transfirieron 30.000 euros entre 2019 y 2020.
Otro ejemplo es la reciente reapertura de otras pesquisas a las que el juez había dado cerrojazo hace escasas semanas y que tienen que ver con presuntos sobresueldos que habrían cobrado la gerente y el tesorero del partido, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, respectivamente. Una vez más, Vox recurrió el sobreseimiento provisional, aunque en esta ocasión ha sido el propio magistrado el que ha ordenado la reapertura para comprobar si Val tenía competencias para aprobar complementos salariales. Sus próximas diligencias para agotar la investigación son citar al anterior gerente, Pablo Manuel Fernández Alarcón, y solicitar al partido los estatutos y el informe de ejecución de los presupuestos de 2019, informa Europa Press.
Lo que sí sigue cerrado de momento, a la espera de que se pronuncie la Audiencia Provincial tras un recurso de Pro Lege, son las pesquisas referidas a la financiación de las obras de la nueva sede de Podemos, sobre lo que la Fiscalía no ve motivos para seguir investigando. También está archivada la parte relativa a la contratación de otra consultora, ABD Europa LDA, por la “inexistencia de indicios racionales” que apunten a que los encargos a esta empresa fueran “simulados”, en palabras del juez, que ya constató que el Tribunal de Cuentas había fiscalizado los gastos
Y mientras todo esto ocurría, el ya llamado caso Neurona seguía adelante. Aparte de tomar declaración a imputados como el responsable de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, y testigos, Escalonilla encargó informes a la Policía sobre los aproximadamente 1.400 archivos que la formación le entregó asegurando que se trataba de los encargos realizados por la consultora. La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) puso en duda que parte de esos trabajos hubiesen sido realizados por Neurona, algunos por su contenido pues no correspondían a la campaña de los comicios de abril de 2019 sino a otras citas electorales, otros por la fecha de creación o de modificación de los archivos. Pero tampoco aportaba cifras concretas sobre qué trabajos ve sospechosos y cuáles no, pues habla de "algunos vídeos", "buena parte de ellos" o "gran mayoría". Otro informe anterior elaborado por la Brigada Central de Ciberdelincuencia llegaba a conclusiones distintas, pues argumentaba que “la mayoría” de los archivos entregados por Podemos se crearon entre marzo y abril de 2019, periodo que coincide con las semanas previas a las celebración de las elecciones del 28-A.
Diligencias en España, ninguna en México
Es tarea del juez valorar ambos informes y llegar a una conclusión que permita aportar luz de hacia donde va la investigación y si de ésta se deducen avances significativos. Mientras, ha encargado más diligencias, esta vez propuestas por Podemos, como es tomar declaración a los doce testigos, todos ellos miembros del equipo electoral de la formación que trabajaron en las elecciones de abril de 2019, con lo que tratar de probar que los servicios de la consultora se prestaron y no se trató de un contrato simulado. El partido también aportó billetes de avión y otro material para acreditar que veintiún empleados de la matriz de Neurona se desplazaron a España para la campaña.
Pero por donde no está indagando el juez es en la parte mexicana que afecta a esta causa para rastrear el destino de los fondos traspasados a Creative Advice Interactive Group. Tampoco ha librado ninguna comisión rogatoria al país norteamericano para reclamar el interrogatorio de responsables de esta tercera empresa implicada o de la propia Neurona Consulting a pesar de que el testimonio de uno de los fundadores de esta última, César Hernández, podría aportar luz sobre el origen del contrato con Podemos. Juanma del Olmo le señaló como la persona que le había contactado un año antes para ofrecer los servicios audiovisuales de la consultora.
Monedero y su factura
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Desde que se abrieron las diligencias el verano pasado, se vinculó a Neurona con Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos. Calvente así los relacionaba en su denuncia y en su declaración judicial fue preguntado por ello, a lo que simplemente contestó que entre los trabajadores del partido era vox populi que Monedero podría haber cobrado comisiones de la empresa, pero tampoco aportó ninguna prueba. El instructor no lo dejó correr e investigó en secreto durante meses hasta imputar al fundador del partido, sin especificar el posible delito, por una factura de Neurona Consulting por valor de 26.200 euros cobrada por Monedero en diciembre de 2018, meses antes de la campaña electoral del 28-A y de que se convocaran esos comicios. La Policía tiene sospechas de que se trata de una factura falsa con la que el investigado trató de justificar el ingreso.
El concepto de la factura corresponde a trabajos de consultoría para Neurona en varios países latinoamericanos, y así lo indicó Monedero cuando acudió a declarar al juzgado, aunque también reconoció que la había realizado él mismo, admitiendo que efectivamente contiene errores porque no es un experto en la materia. Negó tajantemente que fuera una comisión por poner en contacto a la consultora con Podemos para la campaña, como sospecha el juez a pesar de que el cobro se produjera semanas antes de que se supiese que la legislatura estaba llegando a su fin y se convocarían elecciones generales.
Además de la imputación de Monedero, hay ya otras tres líneas de investigación en marcha en los juzgados de Madrid, abiertas después de que Mónica Carmona relatara nuevas sospechas sobre la financiación del partido: el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra Irene Montero; el supuesto cobro de unas costas procesales por parte del líder de Podemos, Pablo Iglesias; y las donaciones del partido a la Fundación 25M, de la que es director Juan Carlos Monedero, y al proyecto Escuela Popular Paulo Freire.
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