La práctica de la caza en España, entendida como una actividad respetuosa con el entorno natural, garante de la biodiversidad y una tradición a preservar por algunos, y como un abuso y un maltrato contra la fauna, una apropiación del espacio público y un elemento de desestabilización de los ecosistemas por otros, está en el punto de mira. Lo curioso es que ninguna iniciativa legislativa, ningún programa, ninguna circunstancia amenaza la actividad cinegética en España, que está tan protegida como siempre. Ha bastado la irrupción de Vox en el tablero tras las elecciones andaluzas, que ha provocado un terremoto en el resto de partidos, y unas polémicas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegurando que prefiere "a los animales vivos" en contraposición a las prácticas que los hacen sufrir o los matan –"a título personal", asegura ella–.
Vox ha llegado al Parlamento andaluz prometiendo defender los toros y la caza, aunque apenas ninguna fuerza política con representación en ninguna cámara los ha puesto en riesgo. Como ejemplos anecdóticos, el referéndum que propuso el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre las dos prácticas. Hasta ahí. Ante el temor de que la ultraderecha les robe votos en los próximos comicios, y aceptando que cambien la agenda a su antojo, PP y PSOE se han movilizado. Los conservadores, sabiéndose principal caladero de Vox, intensifican sus posicionamientos a favor de la actividad cinegética, empezando por su líder, Pablo Casado. Los socialistas se dividen entre la opinión de sus ministros y las de sus barones territoriales: concretamente, los de Castilla-La Mancha y Extremadura.
Los presidentes Emiliano García Page y Guillermo Fernández Vara han salido en defensa de la caza sin dudarlo. Aunque eso signifique cargar las tintas contra un miembro del Ejecutivo socialista. "Respetando profundamente tu posición personal al respecto, quiero recordarte nuestra posición en defensa de la actividad cinegética", afirmaba en una carta oficial dirigida a Ribera el líder del Ejecutivo castellano-manchego. "Nosotros hablamos con hechos", contestaba a la ministra, por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, que recordaba en un tuit sus medidas a favor de los toros y la caza. El PSOE andaluz también ha creído pertinente recordar al Gobierno su compromiso con los cazadores. "Un colectivo formado por más de 250.000 andaluces que practican su actividad en más del 80% del territorio andaluz", cifraron los socialistas en un comunicado.
La Constitución protege el derecho de las autonomías a legislar la caza como consideren oportuno, por lo que no solo se trata de que Transición Ecológica no tenga las competencias, sino que el propio Gobierno central tendría muy difícil poner coto a la actividad cinegética. Andalucía, pero sobre todo Extremadura y Castilla-la Mancha son las grandes regiones de la caza en España. El sector se mantiene en pie gracias a 800.000 licencias en todo el país, aunque el número real de practicantes de la actividad es menor, ya que una sola persona puede tener varias licencias autonómicas. Y en las zonas rurales, teniendo en cuenta empleos directos e indirectos que genera, aficionados, profesionales y simpatizantes, da muchos votos. En consecuencia, la inestabilidad política ha encumbrado un tema habitualmente menor a la primera plana. Analizamos los argumentos de sus partidarios y detractores.
A favor de la caza
La fundación Artemisan es el principal lobby en favor de la caza. El Gobierno de Castilla-La Mancha le encargó un informe sobre los impactos de la caza en la economía de la región y en el medio natural. Artemisan, a su vez, se lo encargó a la consultora Deloitte. El documento vio la luz en febrero de 2018 en forma de una auténtica loa. Con el prólogo del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez, el trabajo analiza los principales indicadores económicos de la actividad. Así, se afirma que los agentes cinegéticos realizaron un gasto de 604,3 millones de euros en Castilla-La Mancha en 2016, lo que generó 634 millones de euros de PIB, un 1,7% del indicador total de la comunidad autónoma. Constata, además, que durante ese año se mantuvieron 23.550 puestos de trabajo, de los cuales 7 de cada 10 son de personas con nivel de estudios primarios. "La caza es clave para la integración laboral de perfiles con un encaje complejo en el mercado laboral", afirma el informe.
El informe de Deloitte y la Fundación Artemisan destaca, también, el positivo impacto ambiental de la actividad cinegética. Tres de cada cuatro cotos, refleja, organizan actividades de sensibilización y concienciación para fomentar la caza sostenible y la conservación de la biodiversidad, y los propietarios y los terrenos invirtieron en 2016 52 millones de euros "en acciones de gestión y conservación para la caza y fauna silvestre".
Defienden los cazadores que su hobby es mucho más que matar animales. Coinciden con la tauromaquia en señalar la importancia de sus tradiciones y en el ya conocido cuidamos los animales mejor que nadie, pero van más allá. Aseguran que su actividad mantiene el mundo rural vivo, que generan riqueza, empleo y atraen a visitantes; que el cuidado de los caminos, los bosques y la naturaleza en general es su principal prioridad, al ser el campo su lugar de trabajo; y que respetan y fortalecen la biodiversidad al potenciar el control de la superpoblación de determinadas especies que puedan alterar los ecosistemas.
"La caza, más allá de cifras económicas, es importante bajo el prisma del capital ambiental, ejerciendo durante generaciones una labor silenciosa de conservación. En el control de las sobrepoblaciones y de las enfermedades, en el cuidado, gestión y conservación del medio natural, en el mantenimiento de los espacios naturales protegidos…", asegura el director de la Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva, en su carta abierta a Teresa Ribera: la llamó "irresponsable" e "ignorante" por sus declaraciones en contra de la caza.
En contra de la caza
Se suele situar a los animalistas como el único frente en contra de la actividad cinegética: sin embargo, los ecologistas les acompañan en la trinchera. El informe de julio de 2018 Impactos de la caza en otros usos del medio rural y natural en España, de Ecologistas en Acción, recoge 30 casos en los que "la caza está impactando de forma muy negativa en las actividades que se desarrollan en el medio natural y rural". La organización denuncia que los cazadores, a diferencia de lo que argumentan, "solo buscan su beneficio y su propia supervivencia" y generan conflictos con otros usuarios del campo: agricultores, propietarios de terrenos y gente que practica senderismo o, simplemente, quiere ir a dar un paseo. Veredas cerradas que restringen el espacio público, amenazas de los cazadores y accidentes, muchas veces mortales, son algunos tipos de incidentes que denuncian los activistas.
El documento, curiosamente, no menciona el papel de conservadores de la biodiversidad que se arrogan los cazadores, respaldado por asociaciones como WWF en situaciones y circunstancias concretas. Sin embargo, también se pone en duda, y dentro de la propia federación. En las alegaciones a la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, Ecologistas en Acción Toledo denunciaba que la norma, pactada entre el PSOE y Podemos, "autoriza la alimentación suplementaría del jabalí, práctica ya muy común (aunque hasta ahora ilegal), que ha favorecido una explosión demográfica de esta especie, generando fuertes desequilibrios ecológicos". Precisamente el jabalí fue utilizado como argumento por el director de la Fundación Artemisan para asegurarle a Ribera que la actividad cinegética controla la sobrepoblación.
Pacma, la principal fuerza animalista en el país, también tiene argumentos ecologistas. "Los cazadores son responsables de la practica extinción de la perdiz roja. Se están vendiendo como los máximos preservadores del medio ambiente. Y no es cierto. Han acabado con los depredadores naturales de sus piezas para justificar la necesidad de su caza", asegura la presidenta del partido, Silvia Barquero. Defiende que las acciones en favor del medio natural de la actividad cinegética son, solamente, por un interés "personal" de supervivencia de la práctica y no por conciencia medioambiental.
Barquero, que denuncia que los cazadores esparcen en el medio natural "6.000 toneladas de plomo al año", con el riesgo de envenenamiento para acuíferos y para la cadena trófica que representa, no olvida el motivo fundamental de su oposición: “La caza es por diversión”. No consideran moral ni ético hacer sufrir ni darles muerte a los animales por ese motivo. Señala, además, el "encasillamiento" que se hace del mundo rural: considera que no todos sus habitantes premian, alientan o defienden la práctica. "Apostamos por un motor del mundo rural alternativo", basado en prácticas sostenibles con la naturaleza, concluye.
Una revista avalada por TVE muestra una portada con un niño portando un arma de caza
Puertas abiertas en la legislación
La caza es competencia de las comunidades autónomas y, como tal, las comunidades autónomas la regulan. En Castilla-La Mancha, el PSOE pactó con Podemos una nueva Ley de Caza, que si bien no fue del agrado del PP –que defendió la norma elaborada por Cospedal– puso pocas trabas a la actividad cazadora: eso sí, defendió el papel de los cotos sociales –gestionados por la Administración y con precios modestos para aficionados sin posibilidades económicas para participar en las grandes cacerías–y elevó la edad mínima para participar de los 14 a los 16 años. Los socialistas, tras el último revuelo, presentarán además una proposición no de ley en las Cortes de Castilla-La Mancha para defender la actividad cinegética. El PP, por su parte, presentará una de ley para volver a la etapa de Cospedal. En esta región, los dos grandes partidos, a derecha y a izquierda, compiten para ver quién es más amigo de los cazadores.
Extremadura, el otro gran coto de caza, hará realidad previsiblemente a principios de 2019 su nueva Ley de Caza, "pactada con la federación", según confirmó Fernández Vara: es decir, sin ningún elemento que pueda contrariar a los cazadores. La norma se centrará en unificar trámites y eliminar barreras burocráticas para los practicantes de la actividad cinegética, bajar las tasas e incluir –y proteger– nuevas modalidades. Los últimos acontecimientos evidencian que, contrariamente a lo que pueda parecer tras las declaraciones de algunos políticos, en España la caza no está amenazada: cada vez está más blindada.
La práctica de la caza en España, entendida como una actividad respetuosa con el entorno natural, garante de la biodiversidad y una tradición a preservar por algunos, y como un abuso y un maltrato contra la fauna, una apropiación del espacio público y un elemento de desestabilización de los ecosistemas por otros, está en el punto de mira. Lo curioso es que ninguna iniciativa legislativa, ningún programa, ninguna circunstancia amenaza la actividad cinegética en España, que está tan protegida como siempre. Ha bastado la irrupción de Vox en el tablero tras las elecciones andaluzas, que ha provocado un terremoto en el resto de partidos, y unas polémicas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegurando que prefiere "a los animales vivos" en contraposición a las prácticas que los hacen sufrir o los matan –"a título personal", asegura ella–.