Madrugada del viernes 14 de noviembre de 2014. El boyante programa de permisos de residencia por inversión salta por los aires en Portugal. Después de meses de pesquisas, la Policía Judicial detiene a once personas sospechosas de corrupción, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y malversación en el marco de la conocida como Operación Laberinto, una investigación sobre la presunta corrupción en la concesión de las conocidas como Golden VisaGolden Visa en suelo luso. El escándalo golpea de lleno a altos cargos del Estado. Arrestan al presidente del Instituto de Registros y Notariado, Antonio Figuereido; a la secretaria general del Ministerio de Justicia, Maria Antonia Anes; y al director nacional del Servicio de Fronteras y Extranjeros, Manuel Jarmela Palos. La desarticulación de la trama provoca la salida del ministro del Interior, Miguel Macedo, y pone de relieve los peligros que pueden arrastrar este tipo de planes si no se ejerce un control exhaustivo sobre ellos.
Casi cuatro años después del estallido de la Operación Laberinto, el tema sigue generando un tremendo debate en el Viejo Continente. De hecho, a mediados de noviembre el Comité Especial sobre Delitos Financieros, Evasión Fiscal y Elusión Fiscal del Parlamento Europeo examinó los posibles riesgos que los programas de ciudadanía y residencia por inversión pueden ocasionar en la lucha contra el lavado de dinero en suelo comunitario. La Eurocámara ya expresó en 2014 su malestar ante el uso de este tipo de esquemas en varios Estados miembro, alertando de los posibles efectos secundarios que podrían tener aparejados. Así, a través de una resolución planteada al hemiciclo por dos eurodiputadas socialdemócratas –Sylvie Guillaume y Kinga Göncz– y aprobada por mayoría absoluta, el Parlamento pidió a los países que “tengan en cuenta los asuntos penales relacionados con el fraude como el blanqueo de capitales” antes de expedir una Golden Visa.
Pero de poco han servido las alertas de Bruselas sobre este lucrativo negocio, del que se han beneficiado hasta la fecha en suelo europeo 104.734 inversores de terceros países. “Las tasas de éxito de los solicitantes parecen indicar que algunos Estados miembro no son especialmente selectivos, lo que genera dudas sobre el rigor de los controles realizados a los inversores”, denunciaron recientemente las organizaciones Global Witness y Transparencia Internacional en su informe Escapada europea. Dentro del oscuro negocio de las Golden Visas. En este sentido, pusieron el ejemplo de Hungría, Letonia y Reino Unido, donde se otorgó la residencia por inversión a más del 90% de las personas que la solicitaron. Estas fallas de control han provocado, por ejemplo, que Hungría suspendiera el pasado verano su programa de Golden Visa tras detectarse que individuos con “antecedentes dudosos” recurrieron a él para hacerse con visados a golpe de billetera.
Los controles en España
Tras la salida de Hungría del negocio, trece Estados miembro se reparten en la actualidad el jugoso mercado en el Viejo Continente. Y, de ellos, España es el que hace más caja. Según el estudio, nuestro país ingresa anualmente de media a través de su programa de residencia por inversión 976 millones de euros, una cifra que le sitúa por delante de otros Estados como Portugal –670 millones–, Reino Unido –498 millones–, Grecia –250 millones–, Letonia –180 millones– o Irlanda –43 millones–. De hecho, desde la aprobación en 2013 de la Ley de Apoyo a Emprendedores y su Internacionalización, norma de la que emana el sistema de Golden Visas en nuestro país, se han expedido 24.755 visados de residencia por inversión, según el informe. El último balance oficial del Ministerio de Economía, publicado el pasado mes de mayo, eleva hasta 41.094 el número permisos que concedidos hasta finales de 2017.
La normativa española establece, en su artículo 63, los requisitos de inversión indispensables para la obtención de un visado de residencia para uno o dos años, ampliable en el caso de que la inversión se mantenga y se haya visitado España al menos una vez durante ese periodo. Barreras al alcance de pocos bolsillos: comprar propiedades por valor de 500.000 euros; acciones, depósitos bancarios o participaciones sociales de empresas españolas por valor de 1 millón; o la compra de deuda pública por valor de 2 millones de euros. También recoge la posibilidad de acogerse a este Programa de Residencia para Inversores y Emprendedores (PRIE) en caso de “proyectos empresariales” considerados “de interés general” siempre y cuando creen puestos de trabajo, se realice “una inversión con impacto socioeconómico” y que suponga una “aportación relevante a la innovación científica y tecnológica”.
Pero, ¿cómo controlan las autoridades españolas el origen de esas cantidades invertidas? En este sentido, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores consultadas por infoLibre explican que la Ley de Apoyo a Emprendedores y su Internacionalización, en su artículo 62, deja bien claro, por un lado, “que los sujetos” que quieran optar a un permiso de residencia por inversión “están obligados a cumplir con lo establecido en la Ley de prevención del blanqueo de capitales”. “Por otro lado, en el artículo 63 se señala que, en el caso de personas jurídicas, no se podrán aceptar inversiones que provengan de territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal, de acuerdo con la normativa española”, añaden desde Exteriores. Actualmente, la lista de jurisdicciones no cooperativas española incluye más de una treintena de Estados, entre los que se encuentran Bahréin, Islas Caimán, Islas Malvinas o Bermuda, entre otros.
Así, según las fuentes consultadas por este diario, este tipo de inversiones pasan por “dos grandes vías de control”. “Una es la que llevan a cabo las embajadas, requiriendo una serie de documentación y de justificaciones de la inversión”, apuntan. En este sentido, afirman que a la hora de solicitar esta Golden Visa los inversores deben presentar “un certificado negativo de antecedentes penales”. Con esta medida de prevención pretenden bloquear la entrada de aquellas personas condenadas “por corrupción, narcotráfico u otro tipo de delitos”. Así, “si la oficina consular detecta” que dicho inversor tiene antecedentes penales o que ese dinero procede de fondos no declarados, “no se le concederá el visado”. “Además de ese filtro que se hace a nivel de consulado, también se realizan controles a la inversión en los diferentes organismos radicados ya en España, principalmente a través del Ministerio de Hacienda y de la Comisión contra el Blanqueo de Capitales”, destacan.
Filtros que han fallado en otros países
Bruselas advierte de que las 'golden visa' conllevan riesgos de "corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal"
Las advertencias sobre la concesión descontrolada de Golden Visas en el Viejo Continente también han llegado desde el Ejecutivo comunitario. El pasado mes de agosto, la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, alertó en una entrevista concedida a Deutsche Welle del “gran riesgo para la seguridad” que pueden suponer los programas de este tipo. “La Unión Europea no debe convertirse en un refugio seguro para delincuentes, corrupción y dinero sucio”, señaló la política checa. En este sentido, la comisaria insistió en que los Estados miembro deberían “adoptar rápidamente” las nuevas normas comunitarias para luchar contra el lavado de dinero y añadió que hay que evitar a toda costa que en el Viejo Continente se cuele cualquier “caballo de Troya”. “Algunos Estados miembros deben hacer más para garantizar que la ciudadanía no se otorgue a delincuentes”, sentenció Jourova.
Los múltiples avisos enviados desde las instituciones comunitarias responden a los continuos errores de filtrado que se han detectado en los últimos años. Hungría, por ejemplo, concedió en 2014 un visado al sirio Atiya Khoury, un financiador del régimen de Bashar al-Assad sancionado por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, no es el único personaje ligado al presidente sirio que se ha aprovechado de estos esquemas para asentarse en la UE. Rami Makhlouf, primo de al-Assad, consiguió la nacionalidad chipriota a cambio de jugosas inversiones en la isla. Como él, también se aprovecharon del programa varios oligarcas rusos y millonarios ucranianos acusados de corrupción. En esta lista se pueden encontrar nombres como el de Dmitry Rybolovlev, un empresario acusado de intentar comprar a jueces y altas figuras de Mónaco, o el de Oleg Deripaska, al que en 2017 concedieron el pasaporte chipriota a pesar de haber sido sancionado por EEUU por actividades criminales.
Tampoco han funcionado los controles en países como Malta o Portugal. En la isla, donde fue asesinada la periodista Daphne Caruana, que investigaba la corrupción alrededor de estos programas de Golden Visa, se concedió la nacionalidad a varios oligarcas rusos incluidos por EEUU en la famosa Lista del Kremlin. En suelo luso, por otra parte, se instalaron a través de estos esquemas varios empresarios brasileños implicados en escándalos de corrupción o familiares de un político angoleño acusado de sobornos. El primer ministro luso, António Costa, se comprometió hace dos semanas a revisar el programa de visados por inversión. Así, durante un debate en el Parlamento, aseveró que su Ejecutivo “está siempre disponible” para analizar todos los riesgos de corrupción y para estudiar qué clase de inversiones pueden ser relevantes para atribuir dichos permisos de residencia.
Madrugada del viernes 14 de noviembre de 2014. El boyante programa de permisos de residencia por inversión salta por los aires en Portugal. Después de meses de pesquisas, la Policía Judicial detiene a once personas sospechosas de corrupción, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y malversación en el marco de la conocida como Operación Laberinto, una investigación sobre la presunta corrupción en la concesión de las conocidas como Golden VisaGolden Visa en suelo luso. El escándalo golpea de lleno a altos cargos del Estado. Arrestan al presidente del Instituto de Registros y Notariado, Antonio Figuereido; a la secretaria general del Ministerio de Justicia, Maria Antonia Anes; y al director nacional del Servicio de Fronteras y Extranjeros, Manuel Jarmela Palos. La desarticulación de la trama provoca la salida del ministro del Interior, Miguel Macedo, y pone de relieve los peligros que pueden arrastrar este tipo de planes si no se ejerce un control exhaustivo sobre ellos.