El nuevo PP todavía no sabe cómo es. O al menos no lo manifiesta. Para saber qué piensan Alberto Núñez Feijóo y su comité de dirección, reunido por primera vez este lunes en la sede nacional del partido, habrá que esperar.
Eso es al menos lo que se deduce de la primera rueda de prensa que ofreció la nueva número dos del partido, Cuca Gamarra. La que también ha venido siendo la número tres del partido durante el mandato de Pablo Casado no pudo precisar si el PP mantiene el bloqueo decretado por su anterior jefe de filas sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o si va a someter a revisión las propuestas y proyectos impulsados hasta la fecha por el antecesor de Feijóo. El PP “mantiene su programa”, se limitó a decir.
La indefinición con la que ha comenzado la nueva etapa es tal que, según Gamarra, Feijóo no llevará ninguna propuesta a la reunión que este jueves mantendrá en La Moncloa con el presidente del Gobierno y en la que previsiblemente Sánchez le emplazará a negociar la renovación del CGPJ y a respaldar el plan de medidas para contener las consecuencias económicas y sociales de la invasión rusa de Ucrania. La ha convocado Sánchez “con un SMS y un tuit” y sin “un orden del día”, subrayó a modo de explicación.
El nuevo líder del PP irá “a escuchar” lo que tenga que decir el presidente y a conocer cuál es su “actitud”, sus “intenciones” y si hay “voluntad de entendimiento”, porque los ciudadanos quieren “acuerdo” y “convivencia”. “Estamos convencidos de que desde ese diálogo y esa búsqueda del encuentro y del acuerdo es como se construye la España que los españoles quieren y anhelan y ahí vamos a estar”, aunque ”no hay que confundir la moderación con la sumisión o el entreguismo”, advirtió.
Gamarra no ha querido explicar si Feijóo acudirá a la entrevista con líneas rojas. Las preguntas de los periodistas pidiéndole que aclarara si el PP mantiene el bloqueo del CGPJ o si exigirá bajadas de impuestos para respaldar el plan anticrisis quedaron sin respuesta.
infoLibre repasa a continuación siete asuntos sobre los que Alberto Núñez Feijóo se verá obligado a pronunciarse y que definirán hasta dónde llega el perfil de moderado que asegura tener.
El bloqueo del CGPJ
Casado decidió bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace tres años, porque no está de acuerdo con la ley vigente. Puso como condición reformar el método de elección, a pesar de que su modelo fue rechazado por la mayoría de los partidos del Congreso. La norma actual, en vigor desde hace casi 37 años, obliga a los partidos a negociar la composición de este órgano: ocho puestos libremente, como establece la Constitución, y doce a partir de las propuestas de jueces y magistrados. Casado pretendía que estos últimos doce fuesen designados directamente por los jueces, sin participación del Congreso.
El bloqueo del CGPJ afecta no sólo a muchos nombramientos pendientes en los principales tribunales españoles sino al Constitucional, que en junio debe renovar a cuatro de sus miembros, dos a propuesta del Gobierno y otros dos por designación del Consejo.
Medidas para paliar las consecuencias de la guerra
Sánchez planteó su plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania como un asunto de Estado en el que debían participar todas las fuerzas políticas del Congreso y en particular el PP porque el compromiso de España con las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia iban a tener, y están teniendo, graves repercusiones en la economía española. Está en peligro la recuperación económica tras la pandemia, que ni siquiera había llegado a despegar del todo.
El plan pilló al PP en plena transición de poder y fue aprobado por el Gobierno sin negociar su contenido. Ya está en vigor pero tiene que ser convalidado por el Congreso y, aunque a Feijóo no le gusta, de momento no ha dicho que su partido vaya a votar en contra.
El presidente de la Xunta quiere que el texto incluya rebajas generalizadas de impuestos y reducción de gasto, pero no ha entrado en detalles sobre los ingresos de los que quiere privar al Estado ni acerca de qué actuaciones públicas quiere suprimir eliminando partidas presupuestarias. Tampoco ha explicado qué mecanismo quiere utilizar: si una reforma del Real Decreto que se va a debatir en el Congreso o la aprobación de un plan complementario.
La ‘Ley Mordaza’
El PP de Casado se unió a Vox contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, actualmente en trámite parlamentario y más conocida como ley Mordaza desde que el Gobierno de Mariano Rajoy la modificó para reducir las protestas contra sus recortes. Y lo hizo sobre la base de afirmaciones falsas, como que determinadas modificaciones van a perjudicar el trabajo de los agentes y a desprotegerles, o que ya no será necesario comunicar previamente las manfestaciones.
La reforma pondrá fin a uno de los artículos más polémicos de la ley: la prohibición de grabar a los agentes de policía y guardias civiles en su trabajo profesional, una demanda unánime de los medios de comunicación.
La Ley de Eutanasia
Alberto Nuñez Feijóo no comparte el conservadurismo moral de muchas de las posiciones políticas de Casado. De hecho, el mismo día en que su antecesor al frente del PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Eutanasia, el presidente de la Xunta activó los mecanismos para garantizar que en Galicia se cumplía ese derecho y que los interesados pudiesen iniciar el trámite de forma “inmediata”, todo lo contrario de lo que hizo su homóloga madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Feijóo tendrá que aclarar definitivamente qué piensa sobre la ley. Y decidir si su partido mantiene o retira el recurso de inconstitucionalidad contra el derecho a morir dignamente.
La financiación autonómica
El actual modelo de financiación autonómica caducó en 2014, pero Mariano Rajoy, que era quien presidía el Gobierno entonces, fue incapaz de abrir una negociación para su modificación. Ahora hay una propuesta encima de la mesa, redactada por el Ministerio de Hacienda a partir de aportaciones de expertos y peticiones de las Comunidades Autónomas, pero para pactar un nuevo sistema es necesario, según la ministra María Jesús Montero, que PSOE y PP pongan primero de acuerdo a sus respectivos barones antes de sentarse a negociar entre sí, porque el nuevo modelo debe aprobarse en el Congreso de los Diputados.
En este capítulo, Feijóo se alineó con las comunidades más despobladas y con población más envejecida: Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón, La Rioja y Extremadura. A los barones del PSOE también les va a resultar muy difícil ponerse de acuerdo, pero la cosa no será fácil tampoco para los del PP, porque Andalucía, Madrid y Murcia, gobernadas por este partido, están en las antípodas de lo que hasta ahora había venido defendiendo el presidente de la Xunta y reclaman un reparto más ajustado a la población real.
La ley de Memoria Democrática
A Feijóo no le gustan las iniciativas para impulsar la memoria histórica, pero su punto de visto a la hora de abordar este asunto es mucho menos radical que el de Casado. En julio del año pasado esas diferencias quedaron patentes cuando el hasta ahora presidente del PP describió la guerra civil española como “un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia”, desatando la indignación de los historiadores. En aquella ocasión, Feijóo no tuvo dudas a la hora de distanciarse de su líder: “La Guerra Civil fue un golpe de Estado, con independencia de que el Gobierno de la época estaba en una situación de desgobierno. Con independencia de que nuestro país tuviese unas tensiones enormes territoriales e ideológicas, y con independencia de los actos vandálicos y de los asesinatos que se produjeron antes”. Lo que había dicho Casado fue, en su opinión, “una forma muy resumida y probablemente incompleta de explicar las cosas”.
Feijóo tiene ante sí una oportunidad a la hora de marcar perfil propio. En el Congreso está pendiente de trámite el proyecto de Ley de Memoria Democrática impulsado por el Gobierno, pero la iniciativa permanece atascada porque el Ejecutivo no tiene apoyo suficiente para sacarla adelante. Casado, además, había anunciado que cuando llegara al Gobierno derogaría la legislación actual, que data de la época de José Luis Rodríguez Zapatero.
La Ley del Aborto
Casado pretendía reformar la vigente Ley del Aborto para restringir el derecho que asiste a las mujeres con el fin de interrumpir voluntariamente sus embarazos en las primeras semanas de gestación. El derrocado líder del PP nunca precisó hasta dónde pretendía llegar con esta reforma, pero siempre se manifestó en contra de la ley.
Feijóo no ha seguido nunca esa línea. Ya en 2014 se manifestó en contra de la reforma que aquel año intentó impulsar el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y manifestó su temor a que las mujeres españolas tuviesen que volver a salir de España para abortar si se aprobase “una legislación muy estricta”. “Tenemos que ser conscientes de que vivimos pegados a Portugal y a mí no me gustaría que haya personas en España que crucen la frontera para realizar actos que en mi país no se admitan, declaró entonces. “Somos ciudadanos de la Unión Europea” y eso “nos exige que nuestra legislación española deba adecuarse al contexto europeo”.
Ahora tendrá una gran oportunidad de probar que sigue pensando lo mismo. Como presidente del PP puede no sólo reorientar la política del partido en esta materia sino ordenar la retirada del recurso de inconstitucionalidad que su formación presentó en 2010 contra la ley vigente y que hoy, más de una década después, el alto tribunal sigue sin ser capaz de resolver.
La reforma de las pensiones
¿En qué cree Feijóo? Los mensajes clave de un discurso repleto de incógnitas
En abril de 2018 Rajoy suspendió la aplicación de las dos medidas estrella de la reforma de las pensiones que el PP había aprobado en solitario cinco años atrás. A cambio del apoyo del PNV a su proyecto de Presupuestos Generales, el Gobierno popular subió las pensiones según el IPC y retrasó cuatro años la entrada en vigor del factor sostenibilidad, un mecanismo destinado a recortar la cuantía de la pensión inicial según la esperanza de vida de cada generación.
Ese “factor de sostenibilidad” fue eliminado por el Gobierno de Sánchez de común acuerdo con sindicatos y empresarios, pero el PP de Casado impulsó la recuperación de la reforma de 2013, la única que sobre pensiones se ha aprobado hasta ahora sin el consenso de todos los partidos.
Feijóo, que en su día apoyó la reforma de Rajoy, debe decidir qué camino toma asumiendo o despreciando lo que proponía Casado: alargar la vida laboral, impulsar los sistemas de capitalización mixta –pensiones privadas– e ir a un modelo de reparto en el que las prestaciones se adecúen a los ingresos; es decir, con mecanismos de recorte como los recién derogados.
El nuevo PP todavía no sabe cómo es. O al menos no lo manifiesta. Para saber qué piensan Alberto Núñez Feijóo y su comité de dirección, reunido por primera vez este lunes en la sede nacional del partido, habrá que esperar.