Cuatro días después de que El País publicara los ataques del magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, a la exministra de Igualdad, Irene Montero, a la que acusó de intentar de explicar a los juristas qué es el consentimiento "desde su cajero del Mercadona", el Consejo General del Poder Judicial no ha tomado ninguna decisión sobre si las palabras del juez merecen algún tipo de investigación disciplinaria. El órgano de gobierno de los jueces esperará hasta la semana que viene la entrada de una queja pero, en caso de que no llegue, la idea es iniciar de oficio el procedimiento contra el magistrado de la Audiencia Nacional por la falta grave de "censurar a las autoridades". Fuentes del Consejo aseguran que entre los vocales hay consenso en considerar que sus manifestaciones son "intolerables".
Si la comisión permanente decide abrir la investigación disciplinaria, el asunto pasará a la comisión permanente que, en primer lugar, tendrá que aprobar la apertura de unas diligencias informativas para contrastar los hechos que, hasta el momento, solo se han conocido a través de los medios. Una vez recabados todos los datos, sus siete miembros deberán decidir sobre la apertura de expediente disciplinario. En caso de que en ese momento el Consejo no haya elegido todavía al Promotor de la Acción Disciplinaria -lo que se espera para las próximas semanas- será una de las letradas del órgano que ejerce provisionalmente sus funciones quien dirija la investigación y proponga la sanción a imponer.
En caso de que no haya denuncia, la decisión de poner el caso de Velasco en manos de la comisión disciplinaria de oficio puede partir, no solo de la comisión permanente. También de la presidenta, la progresista Isabel Perelló, del Pleno e incluso de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional -de cuya Sala de Apelación el magistrado es miembro- aunque fuentes de la comisión disciplinaria descartan que esta última posibilidad pueda producirse por "corporativismo". Hasta este viernes, ni Irene Montero, a la que iban dirigidas sus palabras, ni ninguna otra persona o asociación habían presentado una queja en el registro del Consejo.
Varios de los vocales consultados creen que las palabras de Velasco podrían constituir una falta grave recogida en el artículo 418.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese precepto castiga la acción de "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de dicha condición". La exministra de Podemos es actualmente eurodiputada. La sanción prevista en la ley para ese tipo de infracciones es una multa de entre 501 y 6.000 euros y el órgano que tendría que decidir si la impone, al tratarse de una infracción grave, es la comisión disciplinaria.
Otros vocales, sin embargo, entienden a priori que las manifestaciones de Velasco se produjeron al margen de su actividad como juez —las dijo en una conferencia sobre cumplimiento normativo en las empresas— por lo que, pese a considerarlas "muy desafortunadas", creen que solo habrían vulnerado el código ético de los jueces y magistrados, lo que no conlleva ningún tipo de sanción. El punto 22 de ese código establece que los jueces deben observar "una conducta que reafirme la confianza de los ciudadanos en la administración de Justicia". El 31 afirma que "como ciudadanos", tienen derecho "a la libertad de expresión que ejercerán con prudencia y moderación con el fin de preservar su independencia y su apariencia de imparcialidad y mantener la confianza social en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales".
Durante una conferencia celebrada el pasado 13 de noviembre, Velasco cargó contra Podemos y contra la exministra de Igualdad de esa formación, cuyo departamento elaboró la ley del solo sí es sí. "De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás", dijo el magistrado.
Tras la publicación de las palabras del juez, Montero le respondió a través de un post en X, la antigua Twitter. "Que los jueces necesitáis formación en violencias machistas lo mandatan las leyes y lo dice la ONU: 'los estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa", escribió la ex ministra. Después añadió: "De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar. La exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género y también juez, Victoria Rosell, acusó a su compañero de "clasismo y machismo" y recordó que la ley que criticaba Velasco "exige formar a la judicatura". "Lo ha dicho la ONU, el Consejo de Europa y el Gobierno español".
Cuatro días después de que El País publicara los ataques del magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, a la exministra de Igualdad, Irene Montero, a la que acusó de intentar de explicar a los juristas qué es el consentimiento "desde su cajero del Mercadona", el Consejo General del Poder Judicial no ha tomado ninguna decisión sobre si las palabras del juez merecen algún tipo de investigación disciplinaria. El órgano de gobierno de los jueces esperará hasta la semana que viene la entrada de una queja pero, en caso de que no llegue, la idea es iniciar de oficio el procedimiento contra el magistrado de la Audiencia Nacional por la falta grave de "censurar a las autoridades". Fuentes del Consejo aseguran que entre los vocales hay consenso en considerar que sus manifestaciones son "intolerables".