Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siguen unidos en su propósito de que los nombramientos continúen aun estando su mandato caducado desde hace casi dos años y a pesar de que el Gobierno ha anunciado la paralización de la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos para darle una nueva oportunidad a la negociación con el PP de cara a nombrar un nuevo órgano de gobierno de los jueces con el máximo consenso y la necesaria mayoría de tres quintos de Congreso y Senado que, hoy por hoy, sigue vigente.
El Pleno de octubre del CGPJ ha llevado a término la adjudicación de ocho plazas en tribunales superiores de justicia (TSJ) y audiencias provinciales y lo ha vuelto a hacer con un consenso pocas veces visto: 19 votos a favor, incluido el del presidente, Carlos Lesmes. Siguen sin dar su visto bueno a estos nombramientos los vocales Álvaro Cuesta y Concepción Sáez, nombrados a propuesta de PSOE e IU, respectivamente, hace ya siete años. Así, este jueves se ha visto el mismo acuerdo que ya generó tanta polémica el mes pasado, cuando el organismo designó a los magistrados que se harían cargo de seis plazas clave en el Tribunal Supremo.
Si bien es cierto que los nombramientos de este jueves no tienen la trascendencia de los que fueron adjudicados en el Pleno de septiembre, esta decisión sigue sin ser vista con buenos ojos por el Gobierno, que considera que, estando en funciones, este órgano no debería tomar decisiones de tal trascendencia como conceder plazas, sean del tribunal que sean. Los vocales, en cambio, defienden una vez más que la ley no les impide explícitamente esta función, estén o no en interinidad, y apuntan que es el bloqueo político el que les aboca a seguir ejerciendo la labor para la que fueron elegidos.
Este mes, el CGPJ ha nombrado a los presidentes de los tribunales superiores de justicia de Baleares y Cantabria y el de la Audiencia Provincial de Ourense, así como a los presidentes de cinco salas de los tribunales superiores de Andalucía, Murcia, Navarra, Cantabria y Asturias. En seis de estas ocho plazas, sólo había un candidato al puesto, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces. Con las seis adjudicaciones que anunció en septiembre, ya son 14 los magistrados que han sido nombrados en un mes y que tomarán posesión en los próximos días. Cerca de una veintena siguen pendientes.
Las seis plazas del Supremo adjudicadas hace un mes generaron críticas por parte del Gobierno, que señala al PP como el culpable del bloqueo en el que se encuentra el CGPJ desde el 4 de diciembre de 2018, cuando la renovación de los vocales, que ya estaba finiquitada, se frustró y desde entonces socialistas y conservadores no se ponen de acuerdo. El órgano dio un último voto de confianza el pasado mes de julio, cuando parecía que los contactos se habían retomado y el acuerdo estaba cerca. Pero, una vez más, las negociaciones se rompieron después de que el PP marcara como línea roja seguir dialogando con un Ejecutivo en el que uno de los integrantes de la coalición carga contra la Monarquía. Sectores de este partido meten también en la coctelera para explicar esta estrategia las críticas de la exportavoz en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo con el acercamiento al Ejecutivo en materia judicial.
El problema no hace más que enquistarse y los socios del Gobierno de coalición propusieron como solución al bloqueo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que no ha hecho sino agitar más las aguas en el sector judicial, pues planteaba que los 12 vocales del CGPJ elegidos de entre los jueces pudieran salir de una mayoría absoluta de las Cortes y no por un voto reforzado de tres quintos. La mayoría de los vocales del órgano de gobierno de los jueces no están de acuerdo en que se haya enquistado su sustitución, pero tampoco ven esta reforma como la solución. Es más, los hay que la consideran directamente inconstitucional.
Fue esta la razón del Pleno extraordinario que se celebró el miércoles a propuesta de siete vocales y que mantuvieron a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anunciado una paralización de la propuesta del PSOE y Unidas Podemos para darle una nueva oportunidad a las negociaciones para renovar el CGPJ con la ley actual. Una prueba que puso al líder del PP, Pablo Casado, después del discurso que éste pronunció en el Congreso durante la moción de censura de Vox en el que quiso distanciarse del partido de Santiago Abascal.
Fractura en el Pleno extraordinario
Vocales que no habían pedido el Pleno extraordinario consideran que esta reunión ya no tenía objeto, una vez que la proposición de ley está congelada, pero aun así no fue retirada y la división sobre el objetivo de la convocatoria se vio en sus resoluciones: trece votos a favor, cuatro en contra y otros cuatro en blanco a un comunicado que decide no comunicar por el momento ninguna "opinión fundada" sobre la reforma dirigida a rebajar las mayoría parlamentaria necesaria para renovar este órgano en espera de la "evolución de los acontecimientos". No obstante, sí apuntaron su preocupación porque la propuesta que se pueda hacer en un futuro sea "exquisitamente conforme con la Constitución" y con el derecho de la UE".
El PP denunciará con mociones en toda España que la reforma judicial de Sánchez busca controlar jueces como en Venezuela
Lo que se vio el miércoles fue una fractura en el seno del CGPJ dadas las diferentes opiniones sobre la oportunidad de una reunión y las manifestaciones que deben hacerse sobre un trámite que está parado. Así, lo que resultó fue un texto apoyado por poco más de la mitad de los vocales, votos particulares en contra por considerar, por un lado, que no era el momento oportuno y, por otro, que no era lo suficientemente crítico con el documento presentado por PSOE y Unidas Podemos, y votos en blanco. Una ruptura que, sin embargo, ni apareció en el Pleno ordinario del día siguiente, cuando el órgano acordó los ocho nuevos nombramientos por 19 votos favorables de 21 posibles.
Las críticas de los jueces no son el único frente al que se enfrenta el Gobierno por la propuesta de reforma de la Ley del Poder Judicial, pues se ha tenido que defender ante el Consejo de Europa tras los duros reproches que le dirigió hace una semana. El Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo lleva desde entonces preparando un informe al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) que ha presentado este jueves y en el que asegura que la propuesta no implica un "cambio estructural" del modelo existente.
Las explicaciones, ofrecidas por la representante española ante este grupo de trabajo, han justificado que, en caso de que la reforma se lleve adelante, consistiría en requerir una mayoría absoluta, algo que en Justicia ven "igualmente cualificada" que los tres quintos, con el objeto de "promover el cumplimiento de una obligación constitucional y evitar así el bloqueo en la renovación de un órgano constitucional". Y apunta que esta mayoría absoluta es la misma que exige para "aprobar las leyes más relevantes del Estado, incluidas las que regulan los derechos fundamentales y las libertades públicas". En todo caso, España deja claro al Consejo de Europa que, de momento, tal reforma ha sido paralizada.
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siguen unidos en su propósito de que los nombramientos continúen aun estando su mandato caducado desde hace casi dos años y a pesar de que el Gobierno ha anunciado la paralización de la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos para darle una nueva oportunidad a la negociación con el PP de cara a nombrar un nuevo órgano de gobierno de los jueces con el máximo consenso y la necesaria mayoría de tres quintos de Congreso y Senado que, hoy por hoy, sigue vigente.