A sus 72 años, Manuel Chaves, la figura política más relevante de la historia de la autonomía andaluza, que presidió de 1990 a 2009, vivió este lunes una de las jornadas más difíciles de su larga trayectoria, que arranca en 1977 como diputado y abarca dos ministerios, una vicepresidencia del Gobierno, el Congreso, el Parlamento andaluz y la presidencia de su partido de toda la vida, el PSOE. Chaves dejó su militancia en 2015, imputado en los ERE, el caso que arruinó el final de su vida política y que ha sentado en el banquillo toda una era de poder socialista en Andalucía, el principal feudo del PSOE.
Este lunes le tocó a Chaves, en el juicio de la parte política del caso, sentarse ante el tribunal que preside el magistrado Juan Antonio Calle y responder. No se juega, a diferencia de Griñán, la libertad, porque no está acusado de malversación, sino únicamente de prevaricación, por lo que la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación, una condena poco relevante para un político retirado, un pensionista que no tiene previsto volver a la política. Lo que se pretende dilucidar es si Chaves prevaricó al aprobar y presupuestar las partidas del fondo de los ERE. Eso sí, además de este extremo, está en juego el legado político de uno de los históricos barones del PSOE.
El que fue presidente de la Junta entre 1990 y 2009 negó reiteradamente haber conocido ilegalidades o irregularidades vinculadas al fondo para ayudas sociolaborales dotado entre 2000 y 2011 con unos 855 millones de euros. Chaves circunscribió su labor al enfoque político para afrontar las graves crisis industriales atendidas con el fondo: Santana, Astilleros, Delphi... "Hablábamos [en el Consejo de Gobierno], desde una perspectiva política, sobre cómo afrontar estas situaciones y sus repercusiones sociales", explicó. Chaves aseguró que su "criterio y opinión" era que "a una empresa en crisis había que tratar de salvarla", para lo que la Junta aprobaba planes de viabilidad seguidos en mesas de negociación de las que la Administración formaba parte. Si esta estrategia fracasaba –y fracasaba con frecuencia–, era cuando se tiraba del fondo. Y de ese fondo, Chaves afirma que desconoció cómo se gestionaba.
"Yo sabía que se daban ayudas sociolaborales, igual que la Junta daba un complemento de las becas Erasmus, o ayudas deportivas, medioambientales. ¿Cómo se daban esas ayudas? Yo no lo sabía. Eso correspondía a un ámbito político de decisión diferente. ¿Cómo se hacía? ¿Qué procedimiento? ¿Qué requisitos? ¿Cuál era la exigencia y los beneficiarios? Eso no era parte de mi ámbito político de decisión", afirmó. El expresidente reiteró esa idea, más o menos con las mismas palabras, cada vez que el interrogatorio del fiscal se aproximaba a su grado de conocimiento del funcionamiento del fondo de los ERE, que según la instrucción impulsada por la jueza Mercedes Alaya sirvió para pagar prejubilaciones de intrusos sin relación con las empresas, sobrecomisiones a intermediadosy ayudas sin justificación suficiente a sociedades, instituciones y particulares afines al PSOE. "Mi ámbito de decisión política era poner en marcha un plan de viabilidad", afirmó Chaves, que no se sometió a las preguntas de las acusaciones particulares (PP y Manos Limpias), sólo del fiscal y de su abogado.
Al expresidente no le preocupa sólo su inocencia. También su imagen. Quiso aparecer tranquilo y confiado. Incluso lanzó una "anécdota", con permiso del presidente del tribunal. Contó que de la lectura de Juliano el apóstata, una semblanza del emperador Juliano escrita por Gore Vidal, aprendió que, en caso de conflicto, había que dar siempre la razón al ministro o al consejero económico, porque de lo contrario el gobierno se venía abajo. Afirma que así lo hizo cuando entraron en contradicción los departamentos de Hacienda y de Empleo. Es en este último en el que Griñán situó el fraude. Chaves no apuntó directamente contra dicho departamento. Ni contra los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera, ni tampoco contra el ex director general Javier Guerrero, el hombre de la caja. Pero de su declaración sí se deriva que, de haber responsabilidades penales o irregularidades, estarían en la consejería competente: Empleo.
Chaves no quería aparecer como un escapista, como un responsable político que, a la hora de la verdad, se lava las manos. "No es un problema de dejación de responsabilidades, ni de querer esconder nuestras responsabilidades", afirmó. El expresidente explicó que el presupuesto de la Junta de Andalucía es mayor que el de varios Estados de la Unión Europea. Y que para él era imposible conocer el detalle de la ejecución de las partidas presupuestarias, tanto del fondo de los ERE como de cualquier otra. Tampoco –dijo– se planteó jamás oponerse, ni siquiera discutir, las modificaciones presupuestarias que engordaron esa partida, porque llegaban al Consejo de Gobierno "en el índice verde", y eso ni se debate ni se discute. Al término de la sesión se lo dijo expresamente al juez, que se interés especialmente por este punto. Al igual que Griñán, Chaves se mostró en desacuerdo con la idea –expresada por el exconsejero Antonio Fernández durante la instrucción– de que los miembros del gobierno debían conocer el detalle de las modificaciones presupuestarias.
El expresidente no acusó a nadie de hacer nada ilegal ni delictivo. Se limitó a señalar que para él era "muy difícil" pensar que un consejero "pudiera establecer algún procedimiento conscientemente ilegal". "Siempre he creído que mis consejeros y consejeras cumplían la ley. Me ha costado creer y me cuesta que se hubiera podido establecer un procedimiento irregular o para burlar la ley. Partía del hecho de que en una estructura de gobierno se respetaba la ley", afirmó.
Una instrucción que apunta a la cúpula de la Junta
El caso de los ERE se subdivide en unas 200 piezas. Esta es la primera que llega a juicio, la llamada parte política. Es la culminación de la línea de investigación más controvertida de la jueza Alaya. En ella desarrolló una idea central de su instrucción: que el caso de los ERE no consistía en la delimitación penal de las supuestas irregularidades cometidas con el dinero del fondo, a cargo de aprovechados con la participación o complicidad de políticos de la Consejería de Empleo. Es decir, Alaya siempre pensó que el caso no iba del ex director general Guerrero hacia abajo, sino hacia arriba, hasta la cúspide de la Junta de Andalucía, porque había existido –según la jueza– una maquinación de altos cargos a gran escala para crear, mantener y cebar un fondo de ayudas que les permitiese a su vez alimentar una tupida red clientelar y garantizar la llamada "paz social", sintagma que este lunes usó el propio Chaves.
El fiscal no preguntó expresamente por esta trama. Pero las respuestas de Chaves se orientaban a desmontar esta idea. Según su relato, como presidente se ocupaba de los grandes temas, de las grandes líneas políticas, sin llegar al detalle suficiente de las ejecuciones presupuestarias concretas. El fiscal Juan Enrique Egocheaga fijó con insistencia su atención en los acuerdos que como presidente alcanzó con la patronal y los sindicatos UGT y CCOO, los llamados "pactos de concertación", así como en su implicación directa en las negociaciones para evitar cierres de empresas o mitigar el coste laboral de las mismas. "Yo hablaba con los sindicatos de las grandes empresas. Mi única condición es que los secretarios generales de los sindicatos respaldaran las reuniones. Era normalidad democrática. Lo anormal hubiera sido que el presidente del Gobierno [andaluz] no se reuniera con los comités de empresa de Santana o Delphi".
Chaves reiteró que no conoció, porque no tenía que conocer, "ninguna normativa concreta [interna] de ninguna consejería". Lo mismo dijo del convenio, firmado en 2001 por la Consejería de Empleo y la empresa pública IFA, que dio cobertura a la dotación de fondos, y que según la Fiscalía fue un ingenio deliberado para garantizar la opacidad del reparto. El expresidente dijo que, de hecho, no conoció ningún convenio interno de la Administración. No despachaba, por respeto a los principios jerárquicos y de confianza, con nadie por debajo de sus consejeros, afirmó. Dijo que no conoció la transformación del fondo 22E en el fondo 31L, que más tarde sería conocido, a raíz de una declaración policial de Javier Guerrero, como "fondo de reptiles".
– ¿Pero sabía que la partida 31L era de la Consejería de Empleo? –le preguntó el fiscal.
– Sí –respondió Chaves. Y añadió, como subrayando lo obvio–: Igual que sabía las becas eran de la Consejería de Educación.
Chaves abandona una comisión que investiga la corrupción porque la considera "un acto de campaña electoral"
Exactamente lo mismo que de las modificaciones presupuestarias –que afirmó que ni conocía ni tenía que conocer– dijo sobre el modo en que "se ejecutaban y tramitaban las transferencias de financiación", la figura técnica que, según las acusaciones, permitía evitar los controles internos. Sobre las modificaciones presupuestarias para engordar la partida en cuestión, recordó que pasaban por el Parlamento. "Era la ley. Por definición una ley no puede ser ilegal", dijo. Chaves aseguró que nunca fue alertado de ilegalidad alguna. Más tarde añadió, cuando se amontaron las respuestas del tipo "no lo conocí y no pude conocerlo": "No quiero hurtar mi responsabilidad". La explicación a su alegada falta de conocimiento, aseguró, no era más que resultado de la propia naturaleza del cargo de presidente, desde el que no se aterriza en detalles procedimentales de las consejerías.
El abogado de Chaves, Pablo Jiménez de Parga, se esforzó en ubicar la cuestión en los puntos concretos donde las acusaciones señalan una responsabilidad penal. Interrogó a su cliente sobre su grado de conocimiento del detalle de los presupuestos. Chaves llevaba incluso una hoja con un cuadro con tres conceptos: consejería, cuantía y capítulo. Nada más. El expresidente mostró la hoja al tribunal. Cualquier detalle fuera de esa hoja, dijo, era competencia del consejero competente. Chaves afirmó que ni siquiera participaba directamente en el debate parlamentario sobre los presupuestos. Al igual que hizo con Griñán, el juez que preside el tribunal no le apretó las tuercas con sus preguntas. Le preguntó si se ratificaba en su declaración ante el Tribunal Supremo, en la que también defendió su inocencia. Chaves dijo que sí, aunque ahora sabe "más cosas que entonces".
El juez Calle se interesó también brevemente por su grado de conocimiento de las interioridades de las modificaciones presupuestarias. Fue un intercambio de apenas dos minutos. Luego levantó la sesión, alrededor de las 14.10. El que quisiera tenía margen incluso para llegar a comer a la Feria de Abril. Aunque con prudencia, el juicio sigue este martes.
A sus 72 años, Manuel Chaves, la figura política más relevante de la historia de la autonomía andaluza, que presidió de 1990 a 2009, vivió este lunes una de las jornadas más difíciles de su larga trayectoria, que arranca en 1977 como diputado y abarca dos ministerios, una vicepresidencia del Gobierno, el Congreso, el Parlamento andaluz y la presidencia de su partido de toda la vida, el PSOE. Chaves dejó su militancia en 2015, imputado en los ERE, el caso que arruinó el final de su vida política y que ha sentado en el banquillo toda una era de poder socialista en Andalucía, el principal feudo del PSOE.