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El 'chiringuito' público en el que Ignacio González colocó a Santiago Abascal no pudo ser fiscalizado por opaco

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Un informe aprobado por la Cámara de Cuentas de Madrid hace apenas dos meses ha dejado al descubierto la opacidad de la fundación pública madrileña a cuyo frente colocó el Gobierno de Ignacio González a Santiago Abascal: la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la Comunidad de Madrid, cuya extinción ordenó su patronato en diciembre de 2013 y que en abril de ese mismo ejercicio había fichado como gerente al ahora líder de Vox con un sueldo anual de 82.491 euros. Bajo el mandato de Esperanza Aguirre, Abascal ya había dirigido la Agencia de Protección de Datos de Madrid.

El informe desvela que la fundación ni siquiera rendía cuentas ante el organismo fiscalizador, que para el conjunto de las entidades públicas analizadas arrancaba en 2011. "Dada la insuficiencia de datos aportados –advierte la Cámara– no se ha podido examinar la fiabilidad de las cuentas durante el periodo en que la referida fundación se encontraba en activo".

En febrero de 2017, los auditores públicos pidieron a la Intervención General de la Comunidad de Madrid (IGCM) que le aportasen una serie de datos que el informe no detalla. Pero la Intervención se limitó a enviar una respuesta de seis líneas donde constataba que la fundación se había extinguido en virtud de un acuerdo adoptado por su patronato el 17 de diciembre de 2013 y que "los bienes resultantes de su liquidación (229,49 euros) se ingresaron en la Caja General de la Comunidad de Madrid".

Un tercio del presupuesto iba a su sueldo

El sueldo de Abascal equivalía a un tercio del presupuesto total disponible para la fundación, aunque esos datos no proceden de la Cámara de Cuentas sino de una comparecencia ante la Asamblea de Madrid protagonizada por el ahora líder de Vox el 5 de noviembre de aquel año y que había sido forzada por el entonces diputado de UPyD Alberto Reyero, hoy en las filas de Ciudadanos. La fundación –espetó Reyero a Abascal tras escuchar su intervención– "no deja de ser un chiringuito que sirve para colocar personas afines".

El Diario de Sesiones reproduce los argumentos con que Reyero se dirigió a Abascal, jefe máximo del partido que en Andalucía se presenta hoy como martillo de los "chiringuitos de género" y, en general, de la denominada "Administración paralela". Y lo que Reyero le dijo al ahora líder de Vox es esto: "Después de escucharle atentamente (...), la opinión de mi Grupo es que no entendemos el sentido de esta fundación; entendemos que no tiene absolutamente ningún sentido. Nos parece que es un gasto superfluo; todo lo que ustedes realizan podría realizarse desde cualquier Dirección General o desde las Direcciones Generales correspondientes".

Al día siguiente y desde su cuenta de Twitter, Iñaki Oyarzabal se sumó a las críticas contra Abascal por todo lo que su comparecencia había dejado tras sí. "Basta de chiringuitos", escribió el en aquel momento secretario de justicia y libertades del PP y hoy presidente del PP de Álava.

Durante su comparecencia, Abascal apenas concretó más allá de los datos relativos a la plantilla real de la fundación que ese año contaba con un presupuesto de 252.818 euros, según sus propios datos: él mismo y un ayudante. El principal interrogante planteado por Reyero y secundado por los otros dos partidos de oposición representados entonces en la Cámara –PSOE e IU– quedó sin respuesta: el de para qué, exactamente, existía esa fundación. Constituida en 2001, el informe de la Cámara de Cuentas reproduce así su objeto: “La Fundación tiene por objeto la gestión de operaciones de patrocinio y mecenazgo destinadas a actividades de interés social, el apoyo a instituciones que persigan finalidades de interés general, el asesoramiento a empresas y entidades sobre las potencialidades del patrocinio y el mecenazgo social, así como la sensibilización de la sociedad sobre

esta modalidad de actuación social”. 

La Cámara de Cuentas no dispuso "de documentación relativa a la escritura pública de constitución". Ni de información sobre la dotación inicial. Ni de documentación sobre el porcentaje de participación de cada uno de los socios fundadores, que el informe enumera así: "Comunidad de Madrid, Caja Madrid, Obra Social [de esa misma extinta entidad de ahorro], Arpegio Sociedad Anónima y Madrid Excelente Sociedad Anónima". Todos, salvo Caja Madrid, eran organismos dependientes del Ejecutivo autonómico madrileño.

Una decisión inesperada tras el rapapolvo parlamentario

Aunque Abascal había dedicado la mayor parte de su intervención a hablar de gestiones todavía por cerrar –tenía en marcha un "plan de acción" que no llegó a detallar, dijo–, el patronato decidió de forma abrupta la clausura de la fundación. Como publicó entonces infoLibre, el órgano rector de la fundación encomendó al político vasco el proceso de liquidación.

Ahora, fuentes del Ejecutivo madrileño han confirmado a este periódico que la relación profesional de Abascal con la fundación se extendió entre el 18 de febrero de 2013 y el 28 de enero de 2014, en que cesó "a petición propia".

infoLibre envió este martes un mensaje a los portavoces de Vox para conocer su opinión sobre el hecho de que la Cámara de Cuentas no pudiese fiscalizar la fundación de Abascal porque ni siquiera pudo obtener los documentos necesarios para ello.  No hubo respuesta. Tampoco fue posible averiguar por qué la Intervención General de la Comunidad de Madrid despachó la solicitud de información del organismo fiscalizador con una respuesta de seis líneas. 

Un informe aprobado por la Cámara de Cuentas de Madrid hace apenas dos meses ha dejado al descubierto la opacidad de la fundación pública madrileña a cuyo frente colocó el Gobierno de Ignacio González a Santiago Abascal: la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la Comunidad de Madrid, cuya extinción ordenó su patronato en diciembre de 2013 y que en abril de ese mismo ejercicio había fichado como gerente al ahora líder de Vox con un sueldo anual de 82.491 euros. Bajo el mandato de Esperanza Aguirre, Abascal ya había dirigido la Agencia de Protección de Datos de Madrid.

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