¿Y los 'chiringuitos' que ya dan clase? Más preguntas que respuestas en el plan que acota la universidad privada

"Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas". Con estas palabras resumía la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, el nuevo decreto con el que el Ejecutivo pretende frenar la proliferación de centros privados que, a pesar de tener una dudosa calidad, imparten clase a miles de estudiantes. El objetivo es dejar a un lado el "todo vale". A partir de ahora hay que cumplir unos requisitos mínimos. Y no son recomendaciones, sino obligaciones. Si no se obedecen, no se puede echar a andar. Al menos, no como una universidad acreditada como tal. Ahora bien, ¿qué va a pasar con las que ya pasaron ese trámite y no se ajustan a esas condiciones?

La medida anunciada este lunes por Pedro Sánchez era un clamor. La comunidad universitaria llevaba meses alertando de una infrafinanciación del sistema público que deja cada vez más terreno a la universidad privada. Madrid es el paradigma de esto. La Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso invierte ahora un 5,1% menos de lo que destinaba a sus seis instituciones públicas en 2009, el año previo a los recortes. Por eso fue allí donde los rectores dieron la mayor voz de alarma, advirtiendo de que caminan inevitablemente hacia la desaparición. Aun así, ha sido la conservadora una de las que menos ha tardado en criticar los planes del Ejecutivo. Y una de las que lo ha hecho con un discurso más duro.

Este martes, mientras Alegría detallaba el trámite de urgencia para la aprobación del decreto aprobado en el Consejo de Ministros, la presidenta madrileña acusaba al presidente del Gobierno de poner en marcha una campaña contra la universidad privada "por motivos ideológicos y con fines divisorios" para crear una "pretendida lucha de clases" y enfrentar, añadió, "dos modelos educativos que son complementarios". No se quedó ahí, defendió también que la privada funciona como una suerte de segunda opción para aquellas familias que no obtienen plaza en la pública.

Las estadísticas en cualquier caso dibujan una realidad que es muy diferente. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el curso pasado estos centros tenían ya 300.994 matriculados, un 81% más que hace una década. Además, en términos relativos, en ese mismo periodo los estudiantes de los centros privados han pasado de suponer el 11,5% del total de universitarios al 21,8%.

El mapa universitario en España lo conforman ahora mismo 50 universidades públicas y 41 privadas. De estas últimas, sólo 13 están en Madrid, que ya prácticamente duplica su oferta pública. A nivel nacional, en el último cuarto de siglo se abrieron 25 universidades. Dicho de otro modo: los centros privados llevan desde los 2000 creciendo a un ritmo de uno al año. Y así se preveía que siguiera ocurriendo, hasta tal punto que algunos expertos cifraban en 54 las instituciones privadas que iban a estar activas en 2026. En gran medida, además, en manos de fondos de inversión. Sin embargo, el Gobierno ya ha puesto en marcha los planes para impedirlo.

Informes consultivos y moratoria de cinco años

El deseo del Ejecutivo no es limitar la universidad privada per sé, sino impedir la apertura de aquellas que no tengan "proyectos de calidad". Los centros, señaló Sánchez este lunes, "no pueden ser una máquina expendedora de títulos". "Hay que perseguir las prácticas que atenten contra los estándares de calidad universitaria", dijo. Y en este sentido detalló varias líneas de actuación. La primera, que con el nuevo decreto el informe de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) —donde está el Ministerio y las comunidades autónomas—, así como los que emite la ANECA y las agencias autonómicas equivalentes serán vinculantes. Y que los centros tendrán que alcanzar los 4.500 estudiantes en cinco años. Y garantizar alojamiento para su alumnado.

Todo deberán hacerlo desde el principio. Precisamente porque los informes de evaluación serán vinculantes. No habrá, por tanto, moratoria de cinco años. Y ahí ponen el foco los expertos consultados. "Está bien corregir esto, porque hay que ser estrictos en la creación de nuevos centros", celebra la profesora de Sociología de la Educación en la UCM María Fernández Mellizo-Soto.

Cuando se aprobó el actual decreto que ahora modifica el Gobierno, se especificó que las universidades de nueva creación tenían que cumplir ciertos requisitos que serían evaluados por esa CGPU, pero se les otorgaba un periodo de cinco años para adaptarse si no lo hacían. Pasado ese tiempo, se miraría qué habría pasado y mientras tanto podrían funcionar. Porque la última palabra, además, la tenía la comunidad autónoma donde se instalaría. "Esa moratoria tenía sentido para dar un margen a los centros para que pudieran cumplir las obligaciones que se pusieron con esa norma, el problema es que desde entonces se han colado igualmente muchas nuevas universidades que no los cumplen" y que tienen el mismo plazo para hacerlo, lamenta Fernández Mellizo-Soto.

Era en ese momento 2021, así que en principio iba a ser en 2026 cuando todas, hubieran sido creadas cuando hubieran sido creadas, se sometieran al examen para comprobar si habían hecho o no los deberes. Ahora bien, en caso de que el nuevo decreto finalmente se apruebe, los plazos cambiarían. O al menos esa es la idea que maneja el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, según explican sus fuentes a infoLibre.

En concreto, detallan, la idea es que todas cumplan los mismos requisitos. No hacerlo, lamentan, "podría generar un sistema universitario dual". De este modo, las que ya están en funcionamiento y asentadas en su actividad tendrán tres años desde que se dé luz verde al decreto para adaptarse, un periodo que aumentará hasta los cuatro para aquellos centros "creados o reconocidos por Ley pendientes de recibir la autorización para el inicio de su actividad académica". Es decir, que el decreto que plantea el Gobierno será inmediato para lo que surja a partir de ahora, pero no impedirá el funcionamiento de algunos de esos centros 'chiringuito' hasta, mínimo, dentro de tres años.

En cualquier caso, insisten fuentes del departamento de Diana Morant, todos estos detalles podrían modificarse durante el periodo de consulta pública que se abre este miércoles.

Los títulos, los estudiantes y posibles cierres

¿Qué pasaría, en cualquier caso, si los centros se someten a examen y no lo aprueban? Aquí está el quid de la cuestión, independientemente de la fecha de esa evaluación. Según explica Fernández Mellizo-Soto, "si las cosas se hicieran bien" habría que clausurar los centros que estuvieran en esa situación o, como mínimo, dejar de considerar esos títulos como oficiales. ¿E implicaría eso que los ya expedidos dejarían de serlo? A juicio de la experta, no. Sólo lo harían, considera, los que se emitieran a partir de entonces.

Sin profesores ni investigación: las lagunas con las que Madrid autoriza universidades privadas

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El problema es que considera que llegar a ese punto es complicado. Y así lo valora también el doctor en Ciencias Económicas y colaborador de Fundación Alternativas Martí Parellada, que recuerda que en otros países sí ha ocurrido esto, obligando a los estudiantes a reubicarse en centros públicos. Ha ocurrido, por ejemplo, en Perú. "Aquí no será tan fácil porque, además, la última palabra la tienen las autonomías que ya dieron luz verde a esos centros", completa el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León Enrique Díez Gutiérrez.

Vuelve a destacar Madrid. Allí no sólo se han abierto universidades privadas con informes en contra del Ministerio, sino también con exámenes muy negativos del organismo autonómico Fundación para el Conocimiento Madri+d. La Universidad Abierta de Europa, por ejemplo, no disponía cuando se evaluó "de un proyecto de investigación propio" y ni siquiera concretaba "algunas cuestiones importantes como la colaboración con sectores productivos". Además, faltaba "información sobre los títulos propios", se desconocía "el número de alumnos" y de plantilla" y tampoco estaban acreditados "los espacios y las infraestructuras para llevar a cabo la actividad investigadora". El proyecto se presentó, en resumen, con "numerosas lagunas y deficiencias". Pero la región, aun así, autorizó tramitar su apertura.

Según los datos publicados por El País, desde que los socialistas llegaron al Gobierno en 2018 se han emitido 21 informes desfavorables, cinco positivos y dos condicionados a cambios. Actualmente además, según especificó Sánchez este lunes, otros nueve proyectos esperan para ser examinados. Y lo harán con los requisitos, por ahora, establecidos en 2021.