Una entrevista con un guión prácticamente escrito, un camino que sigue adelante y una fecha, 9 de noviembre, para la que quedan exactamente un centenar de días –101 días, para ser exactos– y un escenario posterior repleto de incertidumbres.
La consulta fue el asunto medular de la reunión de dos horas y cuarto de Mariano Rajoy y Artur Mas ayer miércoles en el palacio de la Moncloa. Acuerdo, ninguno. Lo que se esperaba. El presidente le trasladó que es "ilegal" y que "ni se puede celebrar ni se puede celebrar". Pero la mera negación no hace que se evapore el plan soberanista. El president lo anticipó con meridiana claridad: "Yo convocaré la consulta". Los pasos están más o menos cantados: aprobación de la ley por el Parlament, publicación del decreto de convocatoria, impugnación del Gobierno ante el Tribunal Constitucional y paralización del plebiscito. Todo ello en un escenario de crispación, con una Diada que se prevé masiva –"espectacular", auguró Mas– y una tensión en ascenso.
Saber qué puede ocurrir después no es sencillo, y ninguno de los partidos catalanes apuesta por un escenario único, más allá de la casi certeza de que no habrá referéndum porque el TC lo prohibirá. El jefe del Govern, que en otras ocasiones sí ha pespunteado su plan B –unas elecciones plebiscitarias–, ayer rehusó expresamente a señalar qué puede pasar una vez que el Estado imponga su veto. Mas podría ofrecer un Ejecutivo de concentración a ERC, podría llamar a comicios anticipados, podría intentar resistir... o podría ser que la situación se desbordara. El escándalo del caso Pujol, la enorme sacudida por la confesión del expresident de que defraudó a Hacienda una cantidad millonaria durante 34 años, ayuda a añadir más incógnitas y hacer más volátiles todas las previsiones.
01. APERTURA DEL DIÁLOGO, PERO CHOQUE POR LA CONSULTA
Ni Rajoy ni Mas se han movido un solo milímetro. El jefe del Ejecutivo se limitó a decir a Mas que la consulta soberanista ni cabe en el marco legal "ni se va a celebrar". Más aún, le advirtió de los riesgos que la "inestabilidad política" podría suponer para "el incipiente proceso de recuperación económica". Pero no le presentó ninguna otra propuesta alternativa. Ni la apertura de un proceso de reforma constitucional –la tercera vía por la que aboga el PSOE–, ni siquiera una negociación del modelo de financiación autonómica. Sólo le adelantó algunas líneas del nuevo paquete de apoyo a las comunidades que contempla la reestructuración de la deuda del fondo de rescate de las CCAA (el FLA) con el "consiguiente alivio de su carga de intereses y la reestructuración de las devoluciones negativas de las CCAA", según el comunicado que lanzó el Gobierno tras la reunión.
Mas, por su parte, insistió en que no tiene ninguna alternativa al referéndum soberanista, que lo convocará dentro del marco legal –la Ley de Consultas catalana– y que sólo la pregunta a los catalanes puede ofrecer una solución "estable" y "duradera" al "conflicto" de Cataluña y España.
Las posturas fueron irreconciliables. Sin ningún punto de acercamiento. Sin que sirviera para poner otras alternativas encima de la mesa. Mas señaló que había viajado a Madrid, a su encuentro en la Moncloa, con la "expectativa" de encontrar alguna salida por parte de Rajoy. Pero como no la hubo porque el presidente se negó a negociar sobre la consulta, no cupo hablar de otra fecha, otra formulación de la pregunta, relató.
El president, sin embargo, hizo mucho hincapié, durante su comparecencia de 90 minutos ante la prensa en el centro cultural Blanquerna –sede de la Generalitat de Catalunya en la capital–, en que los puentes entre Madrid y Barcelona siguen en pie. "Podría haber dicho que aquí se termina todo, pero hay un clima de diálogo abierto". Una puerta abierta a la negociación para buscar una salida "civilizada" y, sobre todo, para discutir sobre las 23 propuestas que Mas llevó a la Moncloa y que afectan a asuntos dispares como el sostenimiento de los servicios públicos, las infraestructuras o la invasión de competencias, sobre los que podría haber acuerdos antes de fin de año.
02. LOS PASOS HASTA EL 9-N
El pasado 16 de julio la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament aprobó el dictamen de la Ley de Consultas, el penúltimo trámite. En septiembre, el pleno de la Cámara le dará el visto bueno definitivo, una vez que llegue la resolución del Consell de Garanties Estatutàries, el órgano consultivo de la Generalitat, y que se prevé que pida algunos mínimos cambios técnicos. Una vez publicada la norma y entre en vigor, el president tendrá el soporte legal necesario para firmar el decreto de convocatoria del referéndum. Mas ha de suscribirlo como muy tarde el 9 de octubre, porque la norma fija un plazo de entre 30 y 60 días desde la convocatoria de la consulta hasta su fecha de celebración. En ella podrán participar los catalanes mayores de 16 años que residen en Cataluña y los que están en el extranjero, pero no los que vivan en otras autonomías. Como censo electoral, se utilizará el registro de población de Cataluña.
Lo previsible es que Mas apure los plazos al máximo, para conceder menos tiempo de reacción al Ejecutivo central. Además, se espera que suceda tras la Diada y el debate de política general en el Parlament, que comenzará el 16 de septiembre.
La organización de la manifestación del Onze de Setembre corre a cargo, como la marcha de 2012 y la Via Catalana que recorrió Cataluña en 2013, de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que preside la militante de ERC Carme Forcadell, y Òmnium Cultural. Ambas entidades esperan lograr en la Diada de este año la "mayor movilización de la historia", con una cadena humana en forma de V en Barcelona, de 11 kilómetros, que llene la avenida Diagonal desde la entrada de la ciudad hasta la plaza de las Glòries y, a partir de ahí, enlazar por la Gran Vía de les Corts Catalanes. El lema elegido es Ara és l'hora (Ahora es la hora).
¿Por qué una V? "Porque simboliza la Vía para hacer explícita nuestra Voluntad a través de la acción de Votar" [sic], según explican los organizadores en su web. "Así, crearemos una imagen única que el mundo entenderá, con una V gigante que pintaremos con los colores de la senyera gracias a la camiseta oficial de la Vía", de doble color, roja y amarilla.
El PSC, mientras, está dándole vueltas a la posibilidad de participar en la movilización de la Diada. Aún no hay ninguna decisión pero, como señala a este periódico una dirigente muy cercana al líder, Miquel Iceta, este año el lema es algo más incluyente que el de 2013, más “amplio” –Ahora es la hora–, en defensa del derecho a decidir, algo que el partido defiende, siempre que se ejerza de forma legal y acordada con el Estado. Aspecto en el que choca con el PSOE.
El Gobierno tardará poco en reaccionar. Rajoy no se lo explicitó ayer a Mas. Pero, como este dijo, "a buen entendedor pocas palabras bastan". El Ejecutivo llevará el decreto y quizá la Ley de Consultas al Tribunal Constitucional y este, si obedece su doctrina –la expresada con la paralización del referéndum soberanista de Euskadi, en 2008, y la sentencia de marzo de este año, donde anulaba parcialmente la declaración soberanista del Parlament de 2013–, vetará el plebiscito.
03. LAS DUDAS SOBRE EL 10-N
Mas se mantuvo rocoso. Los periodistas intentaron ayer obtener la respuesta de qué ocurrirá cuando el TC paralice la consulta. El president dijo que entonces se entraría en otra "fase", "quizá la última", pero rechazó "comentar" ese supuesto, porque "la fase, la clave y el objetivo es votar el 9-N, legalmente y, a poder ser, de acuerdo con el Estado". "No hay planes B", remachó.
Las declaraciones satisficieron a ERC, socia de CiU fuera del Govern, básicamente porque Mas no había entrado en especulaciones sobre el escenario posterior y había manifestado su voluntad inequívoca de convocar el referéndum. "Una vez más se ha puesto de manifiesto que el Estado español no escucha a los catalanes", por lo que "no hay otra salida" que la de mantener la convocatoria, sancionó el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras.
ERC no imagina otro escenario que la consulta se celebre, aun con el peso del no del TC sobre la mesa. "Ya la firma del decreto será histórica. El plan A es, por tanto, convocarla y el plan B, hacerla. La decisión de qué hacer no le corresponde a Mas", indicaba ayer un diputado republicano, en declaraciones a este diario. Deslizaba así otra de las ideas bastante aquilatadas: en cuanto llegue el veto del Estado, y en un ambiente de máxima crispación, el president podría reunir a los integrantes del frente proconsulta –CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP– para reescribir la hoja de ruta.
¿Saldrán las urnas a la calle? Pocos esperan que eso ocurra. El PSOE –tanto Alfredo Pérez Rubalcaba en su día como Pedro Sánchez– y el PSC han venido remarcando que el president siempre les confió que nunca haría nada ilegal. Y así lo creen, por ejemplo, en la cúpula de ICV, que estiman que celebrar la consulta sí o sí, con la prohibición del Estado, comprometiendo a funcionarios públicos, con la segura hostilidad de los ayuntamientos más refractarios al referéndum, y una baja participación no llevaría a ningún lado. "¿Qué hacemos si en Santa Coloma no se pone ni una urna?", pregunta un importante dirigente ecosocialista, señalando a una de las ciudades más pobladas de Cataluña, y que gobierna Núria Parlon, del PSC.
Hasta en la CUP barajan ese "mal escenario", que CiU se retraiga. Pero la pequeña formación asamblearia llamará a la "desobediencia institucional", para que se obvie la prohibición del Estado y se siga adelante con los planes, que se vaya "tan lejos como quiera la gente". La CUP querría tirar de la cuerda incluso hasta que el Gobierno central se viera obligado a intervenir. "Tenemos que estar dispuestos a perder la autonomía, a arriesgar. No se trata de acomodar las migajas, es una cuestión de democracia, y no hay término intermedio", confía un alto mando de la organización.
Según desvelaba el pasado lunes El Periódico de CatalunyaEl Periódico de Catalunya, el número dos de Convergència, Josep Rull, adelantó a las juventudes de su partido que los planes de Mas, ante la impugnación del referéndum, pasaban por un Govern de unidad que convoque las plebiscitarias para final de legislatura. ERC le dijo enseguida al president que se olvidara de planes B.
La entrada en el Ejecutivo catalán de los republicanos, sin embargo, es una de las opciones que distintos conocedores del proceso manejan como posible. "Yo no lo descarto –dice un destacado militante de ERC–, aunque ninguno tenga verdaderas ganas. A CiU le interesaría el oxígeno de ERC, y a ERC le sería difícil decir que no en esa coyuntura". La CUP no tacha esa posibilidad de un Govern de unidad, a la que no se sumaría. Como tampoco lo haría ICV. Los ecosocialistas, sin embargo, no ven tan fácil que los de Junqueras se incorporen al Ejecutivo. "Yo antes lo veía complicado, pero ahora más aún, tras el escándalo de Pujol", vaticina un alto dirigente rojiverde.
Según el razonamiento de este responsable, la confesión inesperada del expresident “cambia todo”, máxime si el caso “no se queda en la herencia de un padre [Florenci Pujol] a un hijo”, Jordi Pujol, sino que evoluciona y acaba descubriendo un sistema de corrupción generalizado que puede acabar salpicando al propio Mas. En este último extremo, la sacudida sería mayor, “un terremoto”, que hasta podría “llevarse por delante a CiU”.
En el PSC, partido que se bajó del frente preconsulta en noviembre pasado, también creen que el caso Pujol está “debilitando” al president y enrareciendo el ambiente en Cataluña. El afectado, Mas, desechó ayer la idea de la erosión: “La debilidad y la fuerza no me la da Pujol sino el pueblo de Cataluña”.
Para cuándo los comicios
La Generalitat no podrá animar a los ciudadanos que voten en la consulta
Siguiendo la hipótesis de una próxima convocatoria de plebiscitarias, la pregunta lógica es cuándo. Los convergentes querrían agotar la legislatura, pero ese cálculo, a ojos de los demás partidos catalanes, se antoja demasiado optimista. Algunos manejan que esos comicios se convoquen este otoño, o en febrero de 2015, o incluso coincidiendo con las municipales, buscando un efecto imitación de las locales del 12 de abril de 1931, donde la victoria de las candidaturas republicanas en las grandes ciudades acabó tumbando, por aclamación popular, la monarquía. Otros, sin embargo, no ven conveniente sumar procesos electorales. Llevar más lejos en el tiempo las autonómicas sería más complicado. Aun así, queda la duda de que ERC se avenga a compartir lista con CiU, ahora que su proyección es ascendente.
En este complejo tablero algunos dirigentes juegan con otra pieza: las generales, por si Rajoy estuviera barajando adelantarlas para cortar el despegue del PSOE, limitar el ascenso de Podemos y combatir un mal resultado en las municipales. Los socialistas son los que están más convencidos de que un cambio en la Moncloa podría facilitar la interlocución con Cataluña, desencasquillar el conflicto, al ofrecer una plataforma de diálogo como la propuesta de reforma federal de la Constitución, que armó Rubalcaba con los barones en 2013 con la Declaración de Granada y que ha defendido su sucesor, Pedro Sánchez, y también el nuevo primer secretario del PSC, Miquel Iceta. En ICV creen que con unas generales los catalanes podrían visualizar la oferta de cada partido para Cataluña, y en la CUP sostienen que el hecho de que ganara el PSOE no arreglaría nada el conflicto.
¿Habrá declaración unilateral de independencia? Ese horizonte está apuntado, pero de momento queda lejos para los partidos. La ANC, que ha ejercido un papel movilizador clave en este proceso, sí tiene claro que no cabe perder el rumbo: en su hoja de ruta, diseñada el pasado abril, propone que se declare la segregación de Cataluña, si no hay acuerdo con el Estado, el 23 de abril de 2015, festividad de Sant Jordi, patrón de la comunidad. A tan sólo nueve meses vista.
Una entrevista con un guión prácticamente escrito, un camino que sigue adelante y una fecha, 9 de noviembre, para la que quedan exactamente un centenar de días –101 días, para ser exactos– y un escenario posterior repleto de incertidumbres.