El Gobierno aprobó el pasado 29 de diciembre, en el último Consejo de Ministros de 2017, el documento que regirá la estrategia española en ciencia, tecnología e innovación durante los próximos dos años y que contiene las actuaciones de la Administración General del Estado destinadas a fomentar la generación de conocimientos científicos y tecnológicos. En sus 84 páginas, sin embargo, el Plan Estatal de I+D+i 2017-2020 [consultar, aquí], no incluye una planificación presupuestaria anual lo que, según los expertos consultados por infoLibre, convierte el texto en un "brindis al sol".
"La falta de planificación financiera y de una previsión de los recursos necesarios para su puesta en marcha es un defecto claro en un documento que pretende ser parte esencial de las políticas públicas sobre investigación científica, avance tecnológico e innovación", señala José Molero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la comisión de presupuestos de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), la mayor agrupación de científicos del país.
El documento, elaborado por la Secretaría de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, establece que "incrementar la inversión total en I+D en España" es uno de sus "objetivos", si bien se limita a detallar únicamente que la intención del Ejecutivo es que el gasto total en I+D llegue al 2% del PIB en 2020 (fue del 1,33% en 2017). De hecho, subraya que los "créditos disponibles acorde las prioridades establecidas" se establecerán anualmente teniendo en cuenta los recursos disponibles y, especialmente, las "medidas de consolidación fiscal" fijadas por el Gobierno.
Para Mario Díaz, investigador científico del CSIC y miembro de la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET), la ausencia de planificación financiera también es clave porque impide hacer una política a largo plazo que permita "dimensionar" el sistema. Díaz recuerda que el documento alude en varias ocasiones a que la incorporación de talento es una prioridad de la política de I+D+i estatal, si bien en ningún momento se detalla cuántos profesionales habría que incorporar.
"Si queremos mejorar o, al menos, volver a donde estábamos antes de la crisis, hace falta una política estable de captación de investigadores", señala Díaz, que también es presidente del comité científico de la ONG SEO/BirdLife. Los datos oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran de manera muy clara el impacto que la crisis económica ha tenido en el empleo en el sector de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. El número total de empleados pasó de 220.777 en 2010 a 205.873 en 2016. Es decir, 14.904 menos (-6,8%). Y el número de investigadores se redujo en 8.020 en el mismo período: de 134.653 a 126.633 (-6%).
Estas cifras concuerdan con el hecho de que, desde 2009, el conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación en España acumula un recorte de 20.000 millones de euros. De hecho, la recuperación de los presupuestos sólo ha propiciado la congelación de los recursos para investigación. Sobre el papel, en 2017 estaba previsto dedicar 6.513 millones de euros a la política científica, 84 millones de euros más que en el ejercicio anterior. Sin embargo, ese aumento fue, en realidad, una congelación pues la subida fue inferior a la inflación prevista para ese ejercicio.
En el plan el propio Gobierno asume que la "lenta recuperación" a partir de 2014 de la inversión en I+D+i tras la "contracción" vivida desde 2009 es "insuficiente para retomar un proceso de convergencia con los países líderes en Europa". De ahí que los expertos consultados insistan en la gran carencia que supone la falta de un presupuesto que permita concretar las medidas a poner en marcha de la nueva etapa.
Inversión en el sector privado
En relación a la cuestión presupuestaria, Mario Díaz, de la AEET, también critica que el plan mantiene la tendencia de estimular la investigación y la innovación del sector privado de manera "injustificada" y "sin datos" que sustenten esta decisión. "Es cierto que España tiene el reto de cambiar la baja participación del sector privado en investigación, pero habría que preguntarse si esas inyecciones de dinero público están funcionando", asevera. Este investigador científico recuerda el sector público español ocupa el décimo puesto mundial en producción científica, mientras que el privado está en el 28.
Díaz recuerda que esa tendencia ya se incorporó en el plan precedente 2013-2016 y que fue prorrogado hasta 2017. De hecho, el 57% de su presupuesto se dedicó a créditos financieros bonificados para empresas y el 43% restante a subvenciones a fondo perdido organismos públicos. Esta estrategia es muy controvertida, pues ha provocado que buena parte del presupuesto dedicado a fomentar las actividades de investigación científica no se ejecute.
Otras carencias del plan
No obstante, la cuestión presupuestaria no es la única vía de mejora que los expertos consultados ven en el plan aprobado por el Gobierno hace apenas dos semanas. Por ejemplo, el catedrático de Economía Aplicada José Molero destaca las escasas referencias a políticas destinadas a potenciar la internacionalización del sector. "Es grave que no haya medidas para favorecer la actividad innovadora que empresas extranjeras hacen en España, pues las multinacionales invierten en I+D más del 40% de todo lo que gastan en esta cuestión las empresas en España. No se puede dejar de atender esta realidad", señala. Molero destaca que el plan también pasa por alto la realidad de las empresas españolas que, al margen de convenios y programas marco oficiales, se asocian con compañías de otros países para desarrollar su actividad tecnológica en el extranjero.
El cóctel que amenaza con llevar al colapso a la I+D española: escasez de recursos y excesiva burocracia
Por otro lado, Molero cree que está muy poco tratada la innovación en el sector de los servicios y, especialmente, en un área esencial para la economía española como es el turismo. "Algo habrá que hacer si el objetivo es pasar de un turismo únicamente de sol y playa a uno de alto valor añadido. Claro que hay empresas turísticas que están innovado, pero si tanto se presume de que es la primera industria nacional, requeriría de alguna medida específica en este plan", sostiene.
Asimismo, Molero cuestiona que el plan sólo contenga "generalidades" de una cuestión que él considera muy relevante: la evaluación del impacto en la economía y en la sociedad de las medidas tomadas. "Para medir si un plan como este funciona no basta con decir tenía cien y me he gastado cien, sino qué impacto han tenido esos cien que yo me he gastado en mis empresas, en mi sociedad...". A este respeto Mario Díaz, de la AEET, también critica la ausencia de rigor y base cuantitativa en la evaluación del plan anterior.
No obstante, el documento del Gobierno también contiene cuestiones positivas, según los especialistas consultados. Para Díaz, la propia existencia del plan ya es interesante en sí misma. "El hecho de tener una política científica a siete años vista ya es algo inaudito y, por tanto, muy positivo", reseña. Molero, por su parte, ve muy relevante el "claro alineamiento" del documento con las prioridades establecidas por los programas europeos en materia de ciencia, tecnología e innovación.
El Gobierno aprobó el pasado 29 de diciembre, en el último Consejo de Ministros de 2017, el documento que regirá la estrategia española en ciencia, tecnología e innovación durante los próximos dos años y que contiene las actuaciones de la Administración General del Estado destinadas a fomentar la generación de conocimientos científicos y tecnológicos. En sus 84 páginas, sin embargo, el Plan Estatal de I+D+i 2017-2020 [consultar, aquí], no incluye una planificación presupuestaria anual lo que, según los expertos consultados por infoLibre, convierte el texto en un "brindis al sol".