El futuro de las centrales nucleares en España vuelve a estar sobre la mesa. El debate, abordado en innumerables ocasiones en los últimos años, volvió a reabrirse el pasado mes de febrero, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiese un dictamen –aprobado con el voto favorable de cuatro de los cinco consejeros– en el que avalaba la reapertura de la central burgalesa de Garoña si Nuclenor –operador de la planta participado por Endesa e Iberdrola– se comprometía a realizar las inversiones en materia de seguridad que le son exigidas. Un visto bueno del organismo público que implica que la vida de la central, detenida desde 2012, pueda prolongarse hasta 2031.
El caso de Garoña, una de las centrales nucleares más viejas de Europa –comenzó su actividad en 1971–, es interpretado por los expertos como el primer paso, la punta de lanza, para que el resto de plantas del país puedan sobrepasar los 40 años de vida. Sin embargo, la decisión está ahora en manos del Ministerio de Industria, que tendrá que decidir si da luz verde definitiva al operador para volver a enganchar la planta burgalesa a la red. Nuclenor, por su parte, tampoco ha tomado todavía ninguna decisión: mientras que el presidente de Iberdrola ya ha manifestado su negativa a continuar con la central, el de Endesa no se pronunciará hasta que se conozca la decisión de la cartera dirigida por Álvaro Nadal.
Y, mientras tanto, el debate se intensifica. Asociaciones ecologistas y la oposición parlamentaria exigen el desmantelamiento progresivo de la nuclear en nuestro país. Durante un reciente debate organizado en el Congreso por el presidente de la Comisión de Energía, PSOE y Unidos Podemos dijeron que este tipo de energía no es "imprescindible" en un futuro, lamentaron el estancamiento de la transición energética y exigieron el cierre progresivo de las plantas cuando lleguen a los 40 años de vida. C's, por su parte, sostuvo que las reformas tienen que abordarse ahora, cuando la distribución parlamentaria obliga a llegar a acuerdos.
El PP, sin embargo, se centró en el "lastre económico" para el país que supondría el cerrojazo a la nuclear. El portavoz de Energía del partido conservador, Alberto Herrero, señaló que dar este paso llevaría a España a "un escenario negativo de incertidumbre y de improvisación", cuando lo que se necesita, añadió, es "seguridad y confianza" en el sistema eléctrico. En definitiva, la posición del partido del Gobierno es clara: no existe en España ninguna alternativa que permita que la nuclear desaparezca por completo "sin alterar la seguridad del suministro, la fiabilidad del mismo y con precios razonables".
Impacto en el recibo de la luz
En la misma línea se ha pronunciado el director general de Energía Nuclear de Endesa, Juan María Moreno, durante su comparecencia, a petición de la Ponencia encargada de las relaciones con el CSN, en la Comisión de Energía de la Cámara baja. En su intervención, afirmó que la compañía eléctrica, que en la actualidad es propietaria una parte nada desdeñable de la mayoría de las centrales en funcionamiento, calculaba que tras el cerrojazo el precio del mercado subiría en más de 10 euros el megavatio/hora (MWh), lo que supondría un incremento del 26%.
A cierre de 2016, según datos de Red Eléctrica Española (REE), la energía nuclear cubrió en España una parte importante de la demanda peninsular, en concreto el 22%. Actualmente, según datos del Ministerio de Energía, hay activas siete centrales: Almaraz I y II –propiedad de Iberdrola Generación, S.A. (52,7%), Endesa Generación, S.A (36%) y Gas Natural, S.A (11,3%)–; Ascó I –Endesa Generación (100%)–; Ascó II –Endesa Generación (85%) e Iberdrola Generación (15%)–; Cofrentes –Iberdrola Generación, Nuclear S.A. (100%)–; Vandellós II –Endesa Generación (72%) e Iberdrola Generación (28%)– y Trillo –Iberdrola Generación (48%), Gas Natural (34,5%), Hidroeléctrica Cantábrico (15,5%) y Nuclenor (2%)–. Un total de 7.572 MW de potencia instalada.
Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, explica a infoLibre que un incremento en el precio del mercado como el calculado por Endesa se traduciría en una subida real del precio de la luz que rondaría el 6%. Algo que comparte Francisco Castejón, doctor en Físicas y portavoz de Energía de Ecologistas en Acción: "Nuestros cálculos indican un ligero aumento", sostiene. Tampoco espera un incremento desmesurado Sergio de Otto, patrón de la Fundación Renovables, que recuerda que cuando se cerró la central de Garoña también se anunció "una apocalíptica subida del precio de la luz" que "finalmente no fue tal".
Transición energética
Sin embargo, los tres expertos consultados aseveran que ese aumento se produciría en el escenario de suprimir la nuclear y no compensar esa potencia perdida por otras vías. "Si supones que se va a quitar y no se va a poner nada a cambio, pues claro que subiría el precio, porque entonces se tendría que tirar de centrales de gas, que son muy caras", resume De Labra. En este sentido, los especialistas coinciden en que si el desmantelamiento va acompañado de una potenciación de energías limpias "no sólo no subirá, sino que bajará". "A día de hoy, pueden competir al mismo precio que está cobrando la nuclear", afirma el ingeniero industrial.
Por ello, ninguno de los tres pone sobre la mesa un cerrojazo de la noche a la mañana, sino que apuestan por un desmantelamiento progresivo a medida que las centrales vayan cumpliendo los 40 años de vida. Teniendo en cuenta que las siete plantas activas empezaron su funcionamiento entre 1981 y 1988, el cierre comenzaría en 2021 y terminaría en 2028. Tiempo suficiente, creen, para ir adoptando varias medidas que permitan a España llegar a esa fecha completamente preparada. En este sentido, ponen el foco en un cambio en el funcionamiento del sistema eléctrico, en el desarrollo de medidas de ahorro doméstico y, por supuesto, en el impulso de las renovables.
Unas energías limpias que tendrían que amortizar la pérdida de 7.572 MW de potencia nuclear instalada. Para cubrir esa cifra, el director de Energía Nuclear de Endesa sostuvo en su comparecencia que iban a ser necesarios 29.000 MW adicionales –22.000 eólicos y 7.000 fotovoltaicos–, siempre y cuando España cumpla con los 30.000 MW de energía verde que ha prometido instalar para cumplir con los objetivos de la Unión Europea para 2030. "Están suponiendo una aportación renovable muy limitada, que los parques eólicos o solares tienen eficiencias muy bajas", se queja el portavoz de Ecologistas en Acción.
Por ello, los expertos consultados por este diario rebajan las cifras ofrecidas por la eléctrica. Sergio de Otto, por ejemplo, calcula que se necesitarán unos 20.000 MW más. Castejón, por su parte, cree que, "siendo conservadores", serán necesarios entre 12.000 y 16.000 megavatios extra. Un volumen de instalación que consideran "factible" en el plazo previsto hasta el cierre de la última planta nuclear. "No es algo insensato. Es una cifra asequible tranquilamente en un horizonte de cinco años", apunta el portavoz ecologista. "Sólo entre 2000 y 2010 se instalaron 16.000 de eólica y 3.000 de fotovoltaica", completa De Otto.
Aumento de emisiones y desabastecimiento
Otro de los argumentos que esgrimen los defensores de la nuclear es que el desmantelamiento supondría, en caso de potenciar tanto el carbón como los ciclos combinados, un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un aumento que Endesa cifra en el 50%. "Si todos los cálculos los haces pensando en que se va a quitar la nuclear para meter carbón y gas, claro, se te dispara el precio, las emisiones y volvemos al siglo XVIII", rebate De Labra. "El gas es un apoyo transitorio, no una tecnología que venga a sustituir a las nucleares", apuntala el patrón de la Fundación Renovables.
Tampoco están de acuerdo en que el desmantelamiento pueda alterar, como argumenta el PP, "la seguridad de suministro". "No peligra. Hay suficiente potencia instalada", dice Castejón. "En el momento crítico en España hay un coeficiente de cobertura del 1.4. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 40% más de energía disponible en ese momento que la que se demanda. Por tanto, no habría apagones. Otra cosa es que quieras quitar al mismo tiempo la nuclear y las centrales de carbón y no instalar renovables. Entonces, sí habría un problema", explica De Labra.
La central nuclear de Ascó activa la alerta de emergencia por un incendio
Beneficios económicos
Con todos los elementos sobre la mesa, lo que tienen claro es que el futuro de la energía española no puede seguir pasando por la nuclear, porque "generan un riesgo que la gente sufre sin recibir los beneficios", en palabras de Castejón. El portavoz de Ecologistas en Acción, además, sostiene que el cerrojazo puede favorecer el impulso económico. "Si se llevase a la práctica, significaría un aumento del PIB", dice. Un incremento del Producto Interior Bruto que Greenpeace, en su informe El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social, ha cifrado en 20.000 millones de euros.
La organización ecologista, además, calculaba que las actuaciones ligadas al desmantelamiento, la gestión de los residuos y la sustitución de la nuclear por otras fuentes supondrían la creación neta de 300.000 empleos. En este sentido, De Otto dice que las renovables "por unidad de energía generada producen hasta cuatro o cinco veces más empleo". "En el corto plazo, la destrucción de puestos de trabajo ligados a la nuclear será muy reducida. En el largo plazo, se destruirán en un sitio y se crearán muchos más en otro", concluye De Labra.
El futuro de las centrales nucleares en España vuelve a estar sobre la mesa. El debate, abordado en innumerables ocasiones en los últimos años, volvió a reabrirse el pasado mes de febrero, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiese un dictamen –aprobado con el voto favorable de cuatro de los cinco consejeros– en el que avalaba la reapertura de la central burgalesa de Garoña si Nuclenor –operador de la planta participado por Endesa e Iberdrola– se comprometía a realizar las inversiones en materia de seguridad que le son exigidas. Un visto bueno del organismo público que implica que la vida de la central, detenida desde 2012, pueda prolongarse hasta 2031.