14 de marzo de 2020, última hora de la tarde. Después de varios aplazamientos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por fin entra en la sala de prensa de La Moncloa para dar cuenta de la activación del estado de alarma aprobada en el Consejo de Ministros. Con chaqueta azul, corbata negra y semblante serio se aproxima al atril y arranca la que probablemente haya sido una de las comparecencias más importantes desde que está al frente del Gobierno: “España se enfrenta a una emergencia de salud que requiere decisiones extraordinarias”. Ahora, casi cien días después de aquel anuncio, el país comienza a recuperar la normalidad. Este domingo, tras seis intensas prórrogas, decae definitivamente la situación de excepcionalidad. Catorce semanas de estado de alarma –el más largo hasta la fecha– que dejarán para la posteridad multitud de cifras. Las más dramáticas y dolorosas: las de fallecidos. También las de sanciones. O las de material sanitario distribuido. Es el balance del momento más difícil de la historia reciente. De un país cerrado a cal y canto durante 2.352 horas.
227 normas dictadas
Durante estos meses, los 315 empleados públicos que forman la plantilla de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (BOE) han trabajado a destajo desde sus casas para poner en orden a través del diario oficial el armazón jurídico que poco a poco iba diseñando el Gobierno. En total, durante la crisis se han dictado 227 normas, la mayoría de ellas órdenes ministeriales –más de un centenar–. A través de esta maraña legal, se ha dado cobertura a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o se ha ido definiendo la desescalada. Sin embargo, no todo se ha centrado en la crisis del coronavirus. De hecho, alguno de los textos aprobados ha sido duramente criticado por la oposición por introducir vía disposiciones cambios normativos que, a priori, nada tenían que ver con la emergencia. Es el caso, por ejemplo, de la modificación de la Ley del Centro Nacional de Inteligencia que habilitaba al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, para que pudiera formar parte del organismo que supervisa y regula los trabajos del CNI.
28.313 muertos
El coronavirus se ha llevado durante toda la crisis sanitaria en nuestro país al menos 28.313 vidas, según difundió este viernes en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón. El dato supone un incremento de más de un millar de muertos con respecto al último balance oficial, que llevaba días congelado. No obstante, esta cifra refleja únicamente el número de muertos diagnosticados. Fuera queda, por el momento, el exceso detectado de 13.000 fallecimientos. ¿El motivo? Que no hay confirmación de que se produjeran por coronavirus, si bien es cierto que Simón ha señalado que probablemente “un porcentaje no excesivamente pequeño” de dicho grupo pereciera por este motivo. “Nosotros decidimos trabajar con un diagnóstico de fallecidos confirmado”, insistió el experto en rueda de prensa.
450.000 vidas salvadas
Los dos primeros meses y medio del estado de alarma fueron los más duros. Las salidas a la calle estaban restringidas a lo esencial y toda la población intentaba sobrellevar el encierro a través de las ventanas o los balcones. Sin embargo, el confinamiento estricto evitó que el desastre hubiera sido todavía mayor. Un estudio publicado en la revista NatureNature estima que la directriz de dejar desiertas las calles españolas habría salvado 450.000 vidas. No obstante, este tipo de modelos suelen ofrecer una sobreestimación. A finales de marzo, por ejemplo, el mismo equipo calculaba que un 15% de la población española –7 millones de personas– habría contraído el virus, una previsión mucho mayor que la que se está desprendiendo del estudio de seroprevalencia –de momento se sitúa en un 5,2%–. Esto, sin embargo, no ha impedido que el Gobierno ponga el trabajo publicado en Nature sobre la mesa cada vez que tiene oportunidad. La última vez, este sábado en la comparecencia de Pedro Sánchez con motivo del final del estado de alarma.
4,8 millones de pruebas realizadas
Dos días después de la activación del estado de alarma, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dio la receta para frenar la pandemia: “Test, test y más test”. Al Ejecutivo de coalición le costó ponerse en marcha. Y cada vez que lo intentaba, se encontraba con obstáculos de todo tipo. Sólo hay que recordar la adquisición de las famosas pruebas defectuosas. Sin embargo, poco a poco fue cogiéndose el ritmo ante las constantes críticas de la oposición. Hasta el pasado 11 de junio, últimos datos disponibles, se habían realizado en nuestro país 3.061.738 PCR –los más fiables–, más de la mitad en Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunitat Valenciana y Euskadi. A estos hay que añadir, por otro lado, 1.764.778 test rápidos. Pruebas que han permitido confirmar, hasta la fecha, más de 245.000 contagios.
211,7 millones de material sanitario distribuido
La falta de material sanitario fue otro problema que estuvo sobre el tapete desde el primer momento. De hecho, buena parte del debate político durante los primeros compases del encierro giraba alrededor de esta cuestión. Pero con el paso de las semanas la situación se fue normalizando. Desde el 10 de marzo, el Ministerio de Sanidad cifra en 211,7 millones la cantidad de material sanitario que ha distribuido a las comunidades autónomas y otros organismos. Se han repartido 135,6 millones de mascarillas, 64,3 millones de guantes, 5,8 millones de kits de diagnóstico rápido, 1,45 millones de kits PCR, 1 millón de soluciones hidroalcohólicas, 952.000 kits de extracción, 913.951 buzos, 895.237 unidades de otros tipos de materiales como calzas o delantales, 353.433 batas desechables, 252.796 gafas de protección, 48.880 hisopos y torundas, 4.693 dispositivos de ventilación mecánica invasiva y 2.694 ventiladores no invasivos.
138.900 millones de euros de gasto
El Ejecutivo trasladó desde el primer minuto del estado de alarma que el país y el mundo se encontraban ante "una crisis histórica". Y que ello le iba a obligar a tomar decisiones sin precedentes. Fuera cual fuera el coste, el Estado iba a "estar ahí para atender la salud de las personas y para proteger a las familias, trabajadores, autónomos y empresas", en palabras del propio Sánchez. Pero, ¿cuál ha sido la factura de la pandemia? El pasado 20 de mayo, Sánchez dio las cifras en el hemiciclo: “El coste estimado de las medidas y garantías incluidas en el programa de estabilidad que la semana pasada enviamos a Bruselas es de más de 138.900 millones de euros”. De ellos, 106.770 millones corresponden a la adopción de medidas económicas, 4.310 millones a medidas sanitarias, más de 27.000 millones a medidas laborales y más de 816 millones de euros a medidas sociales.
224 residencias investigadas
Uno de los agujeros negros más importantes alrededor de la pandemia ha sido el de las residencias, donde han fallecido como consecuencia del coronavirus más de 19.000 ancianos. De hecho, hasta el pasado miércoles la Fiscalía tenía abiertas 224 diligencias de investigación penal sobre posibles delitos cometidos en los centros durante la pandemia. De ellas, 110, casi la mitad, corresponden a establecimientos ubicados en la Comunidad de Madrid. Entre los documentos que tienen sobre la mesa los fiscales de esta región destaca el Protocolo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que prohibía o limitaba el traslado de personas enfermas que vivían en residencias a los hospitales de la comunidad autónoma. Entre los criterios de exclusión había algunos basados en el nivel de dependencia o el grado de demencia senil del residente, aspectos que no guardan relación con sus posibilidades de sobrevivir a la pandemia. Ese documento forma parte de la exhaustiva investigación que lleva haciendo desde hace dos meses infoLibre [puedes consultar aquí todas las informaciones publicadas hasta la fecha].
Más de 1 millón de multas
Uno de los primeros interrogantes que surgió entre la población tras la activación del estado de alarma era qué pasaba si se incumplían las normas. En ese sentido, el Ministerio del Interior trasladó desde el primer momento que los agentes actuarían en todo momento “con diligencia” pero, sobre todo, “aplicando criterios de proporcionalidad”. Pero, ¿cuál ha sido el balance de todas estas semanas? Hace justo un mes, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska contabilizaba 1,01 millones de propuestas de sanción y 8.418 detenidos. Sin embargo, esas cifras a día de hoy son todavía mayores. El 24 de mayo Interior dejó de ostentar el mando único, por lo que los datos que ofrecen actualmente sólo corresponden a Policía Nacional y Guardia Civil. Sin embargo, los que han facilitado a este diario evidencian que durante el último mes ambos cuerpos han registrado otras 63.657 propuestas de sanción y han practicado otras 287 detenciones más por incumplimientos del decreto de estado de alarma.
Una docena de reuniones para reconstruir el país
Sanidad suma un fallecido y 141 casos positivos en las últimas 24 horas
Ver más
El mismo día que el Gobierno aprobó el plan de desescalada, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la conocida como Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Desde entonces, se han celebrado una docena de reuniones con el objetivo de trazar un plan para cerrar las heridas de la pandemia. Por la Cámara Baja han desfilado comparecientes de todos los ámbitos. Desde la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria hasta la Alianza de Organizaciones Ecologistas, pasando por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la Unión de Asociaciones de Autónomos o la ONCE. Y las propuestas de la sociedad están siendo abundantes. Hasta la fecha, en la página web del Congreso se contabilizan casi 250 contribuciones enviadas a través del canal de participación ciudadana. Documentos que, en la mayor parte de los casos, proceden de particulares.
34 brotes
Pero por mucho que se hayan relajado las restricciones y decaiga el estado de alarma este domingo, el coronavirus todavía sigue ahí. No se cansan de avisarlo los expertos. Y las noticias dan buena cuenta de ello. Desde el 11 de mayo, según los datos facilitados este viernes por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se han registrado 34 brotes que han afectado en su conjunto a casi un millar de personas. Por el momento se mantienen activos 9 de ellos, aunque las autoridades aseguran que “todos están bajo control”. Por eso, es fundamental no relajarse y seguir adoptando las medidas de seguridad necesarias para evitar los contagios. Porque la prioridad máxima consiste en que la curva de contagios no vuelva a dispararse.