Hasta cinco candidatos a las próximas elecciones se sientan en el salón de plenos del Supremo

Fernando Varela

El Salón de Plenos del Tribunal Supremo en el que desde hace dos semanas se ventila uno de los procesos judiciales de mayor trascendencia de la historia democrática española es también un escaparate electoral. En esa sala se sientan al menos cinco probables candidatos en tres de las próximas convocatorias electorales: generales, municipales y europeas.

Uno de ellos, el exmilitar y secretario general de Vox Javier Ortega Smith, lo hace en el estrado en representación de la formación ultraderechista que ejerce la acusación popular contra los líderes independentistas desde que la evolución del proceso le dio oportunidad de hacerlo. Encaramado a esa posición pide al tribunal condenas de más de 700 años, las más duras previstas para los delitos de los que están siendo acusados.

Ortega, sin embargo, ha visto limitada la proyección que esperaba conseguir a través del juicio por decisión de los acusados, que sistemáticamente se están negando a responder a sus preguntas. El presidente de la Sala, el juez Manuel Marchena, tampoco le ha dejado hacer sus preguntas, así que su protagonismo en el juicio, casi garantizado hace unos días, se ha visto notablemente reducido, De momento sólo cuenta con los micrófonos que, al terminar cada una de las sesiones, se prestan a recoger sus opiniones sobre lo que los acusados están declarando.

Eso sí, cuando empiecen a declarar los testigos, entre ellos algunos tan relevantes con el expresidente Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, no podrán negarse a responder a sus preguntas. Y en ese momento sabe que todos los focos estarán sobre él.

 

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y el vicesecretario jurídico de Vox, Pedro Fernández, que ejercen la acusación popular.

Ortega Smith es el número dos de Santiago Abascal, el líder de la formación ultraderechista que puso la política española patas arriba con su irrupción en el Parlamento andaluz el pasado 2 de diciembre y, sobre todo, con su capacidad de influencia sobre PP y Ciudadanos, dispuestos a llegar a acuerdos con Vox con tal de echar a a la izquierda de la instituciones. Y será con toda probabilidad candidato del partido por Madrid al Congreso de los Diputados en las elecciones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado para el próximo 28 de abril.

En el banquillo

Además del abogado de la acusación popular, hay otros cuatro probables candidatos en la sala de plenos del Supremo, pero a diferencia de él se sientan todos en el banquillo de los acusados.

El primero y el el más famoso es Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), vicepresidente de la Generalitat hasta su destitución por Mariano Rajoy en aplicación de la intervención de la autonomía catalana el 27 de octubre de 2017 y en prisión desde hace 476 días. Junqueras será el cabeza de cartel de la coalición europea Ahora Repúblicas (AR), compuesta por Esquerra, EH-Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Esta marca electoral (Ara Repúbliques, Orain Errepublikak o Agora Repúblicas en su formulación catalana, vasca y gallega, respectivamente) pretende poner el énfasis en la situación de Junqueras, bien conocido en el Parlamento de Estrasburgo porque allí ocupó durante casi tres años plaza de eurodiputado, y en el derecho a la autodeterminación. Acompañando al líder republicano como número dos de la candidatura no estará su compañero de prisión, el exconseller Raül Romeva, pero sí su pareja, la pedagoga, librera y activista Diana Riba. Los puestos tres y cuatro los ocuparán Josu Juaristi (EH-Bildu) y Ana Miranda (BNG).

 

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El tercer candidato en la sala —segundo en el banquillo— es Joaquim Forn. El exconseller de Interior ha sido el elegido por Carles Puigdemont para encabezar su candidatura a la Alcaldía de Barcelona por la Crida o el PDeCAT, la fórmula que el independentismo posconvergente acabe eligiendo y para la que siguen reclamando a Esquerra y la CUP, sin ningún éxito, unidad de acción. No se conoce todavía el nombre de su número dos, pero en las últimas semanas sonó con insistencia el de la consellera de Presidència y actual portavoz del Govern, Elsa Artadi, también de absoluta confianza del expresident huido a Bruselas.

 

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La lista de candidatos a las próximas elecciones se completa, de momento, con otros dos nombres que, no obstante, todavía no han superado la fase de propuesta de la mano también de Puigdemont. El primero es Jordi Turull, el exconseller de Presidència del Govern que organizó el referéndum del 1 de octubre, quien hace sólo un mes se puso a disposición de su partido para encabezar la candidatura posconvegente al Parlamento Europeo, sea esta construida por la Crida o el PDeCAT, una decisión delicada porque de ella depende la posibilidad de acudir a las elecciones en coalición con el PNV —los nacionalistas vascos descartan cualquier alianza preelectoral con el proyecto político de Puigdemont—. Si se confirma, la candidatura de Turull competiría con la de Junqueras, ambas en prisión provisional y acusados, como Forn, de haber cometido un entre otros uno delito de rebelión castigada con duras condenas.

 

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Completa el grupo de candidatos presentes en la sala de plenos del Supremo el exconseller Josep Rull, al que en pleno juicio Puigdemont acaba de señalar como su preferido para situarse al frente de la candidatura con la que los posconvergentes —bajo las siglas de la Crida, PDeCAT o incluso JuntsxCat, si asi lo acuerdan finalmente— pretenden conseguir representación en el Congreso de los Diputados. Con Rull irían, probablemente, Eduard Pujol —ahora portavoz en el Parlament— y Miriam Nogueras, otros dos incondicionales del inquilino de la Casa de la República de Waterloo, perfilando así un grupo político mucho menos permeable a la negociación dentro de la ley que ha venido planteando hasta ahora el presidente Sánchez.

 

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La preferencia de Puigdemont por los cabeza de lista encarcelados extiende a todas las convocatorias electorales la estrategia de Esquerra: hacer ver, sobre todo a los ojos de Europa, el apoyo popular que sus dirigentes presos siguen teniendo entre la población catalana.

De los cinco, si finalmente se confirman todas las candidaturas, con seguridad sólo uno tendrá ocasión de tomar posesión de su escaño. Será el ultraderechista Ortega Smith. Los otros cuatro —Junqueras y Turull en Estrasburgo, Forn en el Ayuntamiento de Barcelona y Rull en el Congreso— seguirán en prisión provisional, puede que todavía asistiendo a la vista oral o tal vez a la espera de sentencia. Por esa razón es muy improbable que las autoridades judiciales les permitan tomar posesión de sus escaños. Fuentes jurídicas dan además por segura su condena, como mínimo, a las penas de inhabilitación que se derivan de la acusación más leve que pesa sobre ellos, la de desobediencia, y esa circunstancia tampoco les permitiría ejercer sus nuevos cargos de representación.

El Salón de Plenos del Tribunal Supremo en el que desde hace dos semanas se ventila uno de los procesos judiciales de mayor trascendencia de la historia democrática española es también un escaparate electoral. En esa sala se sientan al menos cinco probables candidatos en tres de las próximas convocatorias electorales: generales, municipales y europeas.

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