"Nada se puede construir desde el olvido, desde una memoria fragmentada". Con esas palabras como telón de fondo, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentó este lunes su propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica en un lugar cargado de simbología: el Paredón de Paterna (València), donde fueron asesinadas más de un millar de personas. Arropado por dirigentes de la formación y familiares de las víctimas de la dictadura franquista, el líder de los socialistas aprovechó el décimo aniversario de la aprobación en el Congreso de los Diputados de una de las medidas estrella del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para dar a conocer las líneas generales de un parche legislativo con el que pretenden "garantizar" el "cumplimiento efectivo" de "una norma de extraordinario valor para el conjunto del socialismo y la izquierda". Una ley cuyo flagrante incumplimiento vienen denunciando desde hace varios años los colectivos de memoria histórica.
"Las únicas heridas abiertas", apuntó Sánchez durante el acto, "son las de las fosas cerradas". "La memoria no es de izquierdas ni de derechas, es patrimonio de los demócratas y una democracia no puede ser plena si los poderes se ponen de perfil", aseveró el secretario general del PSOE, que cargó con dureza contra un PP que desde que llegó al Ejecutivo ha ignorado "de forma consciente" la Ley de Memoria Histórica. "Ha demostrado no tener voluntad política; ha demostrado no volcar recursos económicos para su aplicación, tampoco tiene instrumentos de desarrollo y tampoco hay una vocación de diálogo con asociaciones y colectivos que han seguido trabajando desde la soledad y con el silencio incomprensible de la administración general del Estado", sentenció el líder de los socialistas, apostillando a renglón seguido que "un país que puede mirar al futuro con garantías es un país que está en paz con el pasado".
Según explicó Sánchez, la reforma –cuyo texto se conocerá este martes y que contempla la tan esperada creación de una Comisión de la Verdad– ha sido negociada durante meses con las organizaciones y colectivos vinculados a la memoria histórica, los que "más han hecho ante la desidia del Gobierno", como por ejemplo el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH). Sin embargo, las dos principales asociaciones memorialistas a nivel estatal, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que llevan años trabajando en esta materia, aseguran a infoLibre que la formación liderada por Pedro Sánchez no les ha invitado a participar en la elaboración de la propuesta legislativa. "No hemos tenido noticias de ellos", señala Emilio Silva, presidente de la ARMH.
Exhumaciones para el Gobierno
Uno de los principales pilares de la reforma que plantearán los socialistas girará en torno a la localización, exhumación e identificación de las más de 100.000 personas que a día de hoy todavía permanecen sepultadas en fosas comunes y que hacen que España sea el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos, sólo por detrás de Camboya. En este sentido, los socialistas proponen que el Estado coja de una vez por todas el relevo a las asociaciones de memoria histórica, asumiendo la tarea "que le es propia". Así, según fuentes socialistas consultadas por infoLibre, se pretende acabar con la privatización de la "gestión de las exhumaciones" –las asociaciones se encargan y el Ejecutivo subvenciona–. "Proponemos que sea una acción pública del Gobierno, igual que lo es sanidad, educación o servicios sociales", añaden.
Estas mismas fuentes concretan que se prevé la elaboración de "planes" para organizar las actuaciones –"Por ejemplo, tales años se abren las de Castilla y León, después las de la Comunitat Valenciana", explican– y, por supuesto, la creación de un Banco de ADN. Con este cambio, completan, se pondría fin a los bloqueos derivados de la alternancia de partidos en el Ejecutivo. Y lo dicen poniendo el foco en un PP que, según han denunciado en repetidas ocasiones los colectivos memorialistas, ha derogado "de facto" la Ley de Memoria Histórica con la eliminación de las ayudas públicas que se llevaban destinando a esta materia desde 2006. Las asociaciones llevan desde 2013 trabajando en la localización y exhumación de víctimas con los escasos recursos –tanto materiales como económicos– que tienen a su alcance.
Nulidad de las sentencias del franquismo
La ley de 2007 declaraba, en su artículo 3, la "ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones". Por ser "contrarios a derecho" y vulnerar "las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo", la norma aprobada durante la primera legislatura de Zapatero declaraba ilegítimos, por ejemplo, tanto el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo y el Tribunal de Orden Público como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa.
El tercer artículo de la Ley de Memoria Histórica también declaraba "ilegítimas", por vicios de forma y fondo, "las condenas y sanciones dictadas" en este sentido. Sin embargo, no las declaraba nulas, un paso que llevan años exigiendo desde los colectivos memorialistas y que también se recoge en la reforma que propondrán desde las filas socialistas. "Una cosa es que declares ilegítimo el tribunal, pero la condena sigue existiendo", señalan las fuentes consultadas por infoLibre. En este sentido, señalan, el documento que se presentará en la Cámara Baja incluirá la anulación de las sentencias, algo que ya han hecho otros países, como por ejemplo Alemania. "Tú podrás ir con tu condena para que la declaren nula de pleno derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el fusilamiento, por poner un ejemplo, se declarará injusto", apuntan en conversación con este diario.
"Pero no sólo esto –continúan–. Además, si me incautaron mi casa y la subastaron, entregándosela al jefe local de la Falange, el Estado, al igual que se ha hecho con partidos políticos o sindicatos, tendrá que resarcir ese daño". En este sentido, el abogado memorialista Eduardo Ranz, uno de los expertos que han trabajado en la propuesta, explica que la reforma contemplará la creación de un Registro de Bienes Incautados que se construirá en función de la base de expedientes que ya existe en el Banco de España. Es otra de las novedades en comparación con la norma del Ejecutivo de Zapatero.
Plazos y sanciones
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley estatal en relación con la retirada de vestigios franquistas, la reforma que propondrá el PSOE recogerá también el establecimiento de tiempos y sanciones, otra de las medidas han exigido los colectivos memorialistas por activa y por pasiva. Así, según las fuentes consultadas por este diario, se impondrá un plazo de "seis meses desde la entrada en vigor de la ley" para que la retirada de esta simbología sea una realidad. En el caso de incumplimiento, la nueva norma, completan las mismas fuentes, recoge sanciones económicas. "Es la única manera de conseguir que algunos ayuntamientos cumplan con la ley", explica Matías Alonso, presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica. Según Ranz, estas sanciones administrativas podrían llegar "hasta los 150.000 euros".
Es un avance en comparación con la normativa de 2007, en la que sólo se establece que las Administraciones públicas están obligadas a tomar "las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas". La ausencia de un cuadro sancionador rígido en este sentido ha permitido que un gran número de consistorios a lo largo y ancho de la geografía española hayan hecho caso omiso a las obligaciones que emanan de la ley estatal. A modo de ejemplo: en 2015, según una investigación de El Confidencial, los nombres de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco estaban presentes en casi 700 calles de España.
El Valle de los Caídos
Otra de las claves de la propuesta socialista se centra en el Valle de los Caídos. Así, la reforma de la Ley de Memoria Histórica recogerá la resignificación, de una vez por todas, de Cuelgamuros como lugar de memoria histórica que recuerde "a las víctimas afectadas por la guerra y la posguerra", un asunto pendiente que hace que España contraste con otros países como Alemania o Argentina, por ejemplo. En la normativa que ahora los socialistas buscan mejorar, sólo se contemplaba que El Valle de los Caídos "se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos" y que "en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo".
Además, se incluirá la exhumación de los restos del dictador, otra de las heridas abiertas en esta línea. "Lo lógico es que allí sólo estén las víctimas afectadas por la guerra y la posguerra", afirman desde el PSOE. El Congreso ya aprobó el pasado mes de mayo, con 198 votos a favor y 140 abstenciones –las del PP y ERC–, una proposición no de ley en la que se pedía al Gobierno de Rajoy la exhumación de Francisco Franco y el traslado de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, a un lugar "no preeminente" del edificio. Casi siete meses después, el Ejecutivo, que no tiene la obligación jurídica de dar cumplimiento a las PNL, mantiene la iniciativa guardada en un cajón.
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Ilegalización de la Fundación Franco
La reforma del PSOE, además, incluirá el "delito de exaltación del franquismo y el fascismo, equiparable al de exaltación del nazismo que hay en Alemania". En este sentido, completan las fuentes consultadas por este diario, la propuesta que llevarán al Congreso de los Diputados recogerá también la prohibición de asociaciones y fundaciones que exalten tanto la dictadura como la figura del dictador. Entre ellas, destaca la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), cuyo objetivo, recogido en sus estatutos, es la "proyección" del ideario del dictador "sobre el futuro de la vida española" y "difundir el conocimiento" sobre la trayectoria del golpista y "exaltar su vida como modelo de virtudes".
A finales de noviembre, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica entregó en el Congreso 218.600 firmas recogidas por infoLibre a través de una campaña en change.org para reclamar a los partidos la ilegalización de la FNFF –este lunes, se han sobrepasado las 229.000 rúbricas–. Según detalló la ARMH en un comunicado, el objetivo es que se impida "la actividad de cualquier fundación que actúe o realice campañas de difusión contra los derechos humanos o que ensalce, enaltezca o trate de convertir en referente moral la figura personas que hayan cometido violaciones de derechos humanos", mediante "un cambio en la ley de Fundaciones". El colectivo memorialista se plantea, incluso, llevarlas "a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo".
"Nada se puede construir desde el olvido, desde una memoria fragmentada". Con esas palabras como telón de fondo, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentó este lunes su propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica en un lugar cargado de simbología: el Paredón de Paterna (València), donde fueron asesinadas más de un millar de personas. Arropado por dirigentes de la formación y familiares de las víctimas de la dictadura franquista, el líder de los socialistas aprovechó el décimo aniversario de la aprobación en el Congreso de los Diputados de una de las medidas estrella del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para dar a conocer las líneas generales de un parche legislativo con el que pretenden "garantizar" el "cumplimiento efectivo" de "una norma de extraordinario valor para el conjunto del socialismo y la izquierda". Una ley cuyo flagrante incumplimiento vienen denunciando desde hace varios años los colectivos de memoria histórica.