"¿Esto también lo tengo que leer?". El secretario judicial Rafael Castro dibujó un nítido gesto de exasperación cuando el fiscal le solicitó que diera lectura del listado de las preguntas formuladas al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, en el juicio por el caso de los ERE, que sienta en el banquillo una década de poder socialista en Andalucía. "No soy una máquina, yo también necesito descansar. Tengo derecho a beber un poco de agua", añadió el hombre con el gesto arrugado.
La impaciencia de Castro, que más tarde se disculpó por las formas, es compartida por no pocas defensas. Los periodistas se pasean entre la expectación y el tedio por la sala con televisión en directo habilitada en un edificio contiguo a la Audiencia Provincial de Sevilla. El motivo es la morosidad del juicio, que comenzó el 13 de diciembre y desde el principio ha avanzado a trompicones. Desde el planteamiento y resolución de las cuestiones previas a la lectura completa de los escritos de acusación y defensa, todo han sido dilaciones en un juicio de enorme complejidad por la presencia de 22 acusados, cada cual con su estrategia, en el banquillo.
El lunes se sentó finalmente ante el tribunal el que fuera director general de Trabajo entre 1999 y 2008, Javier Guerrero, considerado principal responsable del fondo de dinero público del que salieron 855 millones de euros en ayudas sociolaborales, utilizando un sistema que según la instrucción impulsada por la juez Mercedes Alaya era irregular y fue diseñado y mantenido para evitar los controles y favorecer un reparto arbitrario del dinero. Guerrero era un plato fuerte: el hombre de la caja, un partícipe decisivo en las negociaciones con empresas y sindicatos para la concesión de ayudas.
Además llevaba siete años generando expectativas. Sus declaraciones ante la Policía, ante Alaya, en la comisión de investigación y hasta en los medios de comunicación, lo habían desvelado como un personaje dado a la manifestación espontánea y poco calculada. Y habían incomodado seriamente a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como al exconsejero José Antonio Viera –que fue su superior directo– y otros ex altos cargos sentados ahora en el banquillo. No porque los acusara directamente, sino porque diluía su posible responsabilidad en el funcionamiento de una Administración verticalizada donde él era, como se dice coloquialmente, un mandado.
Pero Guerrero cambió el paso. Aleccionado en las formas –evitó sus corrientes salidas de tono–, en el fondo se mantuvo fiel a una idea: no señalar a nadie, negar cualquier ilegalidad en el procedimiento. En esencia, Guerrero da cobertura a la tesis mayoritaria de las defensas, que podría resumirse así: si hubo fraude, no reside en el propio sistema con el que se repartieron las ayudas entre 2000 y 2011, sino en el mal uso que algunos hicieron del sistema con fines lucrativos: sobrecomisiones, intrusos, tratos de favor, ayudas sin justificar... Todo ello se dirimirá en otros juicios, no en éste, en el que sólo se establecen las responsabilidades de los políticos que idearon y mantuvieron el sistema. Este juicio es para saber si el cesto estaba podrido. En sucesivos juicios –hay unas 200 piezas abiertas– se observará con detalle cada una de las manzanas.
La bajada de tono de Guerrero abundó en la impresión de un juicio templado, sin bombazos. Pasado el tempestuoso ex director general, raro será que algún acusado se salga del guión. Los periodistas que esperaban titulares de relumbrón se llevaron un chasco con la declaración de Guerrero. A lo largo de los dos meses desde su inicio, el juicio ha ido perdiendo espacio en la cobertura de los telediarios nacionales, extendiéndose la idea de que "no está pasando nada" más allá de la intentona frustrada del PP de que declarase Susana Díaz como testigo y la exclusión del delito de asociación ilícita. Pero sí está pasando. Dentro de la sala, o en el desarrollo de la instrucción de las piezas restantes a cargo de la juez María Núñez –sustituta de Alaya–, se suceden acontecimientos de notable relevancia para el caso.
1. Marcha atrás de Guerrero
El problema para Guerrero, y para los ex consejeros Viera y Antonio Fernández, es que la mayoría de los acusados, al eludir su responsabilidad, la circunscriben a la Consejería de Empleo, en la que durante años reinó el descontrol. Así se observó en la lectura de los escritos de defensa, por ejemplo de Chaves y de Griñán. Circula además una frase de Manuel Chaves, en la que atribuía el caso a "cuatro golfos" entre los que estarían el propio Guerrero y el sindicalista Juan Lanzas, que durante años ha sido tomada por el ex director general como una ofensa personal. ¿Tomaría revancha en la sala? No. El ex director general de Trabajo se contuvo. No respondió a los relatos que apuntan hacia él –siempre de manera implícita– disparando hacia arriba, ni poniendo el ventilador, ni presentándose como cabeza de turco.
Esto era una cuestión crucial. En el banquillo de los acusados preocupaba que el juicio se convirtiera en un "sálvese quien pueda" en el que, más que en la defensa del procedimiento, los procesados se dedicaran a situar la responsabilidad en el de enfrente, convirtiéndose aquello en un "todos contra todos". Guerrero, que no contestó a las preguntas del fiscal, del PP ni de Manos Limpias, hizo ante las cuestiones de su abogado una defensa cerrada del procedimiento de reparto de ayudas. Al no ser objeto de este juicio, no se entró en el detalle de las posibles fechorías cometidas en el reparto. Y había material para entrar a fondo. La suegra de Guerrero fue destinataria de una ayuda supuestamente irregular. La zona en la que está radicado políticamente el ex alto cargo, la Sierra Norte de Sevilla, y su pueblo, El Pedroso, recibieron una cantidad millonaria de ayudas cuyo uso ha sido puesto en duda. Esto quedó al margen. Todo se centró en si el mecanismo de reparto estaba viciado en origen.
Guerrero se dejó en casa al político pícaro que es y sacó al funcionario que lleva dentro. Y trató de reescribir un caso que es, en buena medida, el caso del "fondo de reptiles", así llamado por él mismo en una declaración policial. De las cinco declaraciones que se le mostraron, sólo ratificó en su inmensa mayoría la que prestó en 2015 ante la juez Núñez. Las demás, las tachó. Se desdijo. "Yo nunca he hablado de fondos de reptiles, eso no ha salido de mi boca, no es nada cierto, porque no tenemos fondos reservados", dijo Guerrero para pasmo de la prensa. "Existía una partida presupuestaria para el pago de esas ayudas y se cumplían todos los requisitos legales y garantías", añadió. Ahí quiso insistir: esa partida se aprobaba año tras años en las diferentes leyes de presupuestos en el Parlamento. Esa idea, que la partida pasaba por el Parlamento y que en rigor si Alaya hubiera seguido su propio razonamiento habría tenido que imputar a toda la Cámara andaluza, forma parte del núcleo duro del argumentario de defensa de la Junta.
Guerrero dijo incluso que los distintos gobiernos con los que ha trabajado han sido "muy honestos". "Parece que hemos hecho rica a mucha gente, pero no han cobrado más de 1.000 o 1.200 euros mensuales y la Seguridad Social ha ingresado 200 millones de euros de las ayudas sociolaborales", afirmó. El ex director general insistió en que los años en los que estuvo en la dirección general fueron una "época convulsa" por distintos conflictos empresariales, como el cierre de Altadis en Sevilla y Cádiz, y los problemas de Santana Motor y los Astilleros. Y mostró su convencimiento de la "legalidad" de las ayudas entregadas a 6.300 trabajadores. “Son personas que teniendo privado su derecho al trabajo reunían los mismos requisitos que los que eran despedidos de la empresa”, afirmó. ¿Y los intrusos? "Un error administrativo de las aseguradoras", dijo.
2. Viera y el convenio
La declaración de Guerrero casi eclipsó la de su antiguo jefe José Antonio Viera, que fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004 y, más importante aún, secretario general del PSOE de Sevilla de 2004 a 2012, cuando lo sucedió Susana Díaz. Viera no entró en colisión con Guerrero. Y tuvo que abordar una cuestión crucial: el convenio marco promovido en 2001 para que el entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) asumiese la tramitación y pago de las ayudas, documento considerado por la instrucción clave para ocultar las supuestas irregularidades. El exconsejero dijo que lo firmó por su "absoluta apariencia de legalidad", pero que desconocía quién fue su "autor". "Entendía que estaba validado por todos los instrumentos de control", subrayó Viera.
Viera, que contestó sólo a su abogado y al fiscal, afirmó que dicho convenio firmado entre IFA –luego Agencia IDEA– y la Consejería nació después de que él mismo pidiese a Antonio Fernández, entonces su viceconsejero, que se buscase "una fórmula legal, ágil y rápida" para la concesión de las ayudas. He aquí el quid. ¿Entre tanta "agilidad" y "rapidez" se acabaron descuidando cautelas legales? Según Alaya, todas.
Las dudas sobre el convenio no quedan despejadas con la declaración de Viera. Dicho documento, que desplegó su eficacia jurídica hasta 2010, no contó con informe favorable de la Intervención General ni del Gabinete Jurídico y dio toda la cobertura a la mecánica administrativa: IFA-IDEA actuaba como pagador a terceros del dinero que le llegaba como transferencia de financiación de la famosa partida 31L. El pago, según la Fiscalía, se realizaba sin ningún control.
Viera explicó que ante la sucesión de situaciones laborales "críticas", la estrategia de la consejería pasó por "prejubilaciones anticipadas" para los empleados de las empresas que ya "no tenían solución" y medidas alternativas para las sociedades que aún contaban con "capacidad de resistencia". El objetivo principal de las ayudas, dijo, era resolver "el drama personal" de cada trabajador.
3. Una orden del 95
Lo que se desarrolla estos días en la Audiencia de Sevilla no responde al patrón típico del gran juicio por un caso de corrupción, con sus pinchazos telefónicos delatores, sus ingresos en cuentas, sus testaferros o su dinero en paraísos fiscales. En esta parte del caso la delimitación del posible delito se dirime en la letra pequeña de normativas e informes casi desconocidos hasta que Alaya les puso el foco. La tesis central de la juez es que el reparto de las ayudas se realizó al margen del "procedimiento legal establecido", con un mecanismo ad hoc para saltarse los controles de la Junta y la Unión Europea y poder así favorecer una red de intereses próximos al PSOE. Frente a ello, un grupo de abogados –no todos– ha ido volcando progresivamente su estrategia en defender que las ayudas fueron entregadas bajo las mismas condiciones que el Gobierno central.
Ojo: no se trata de decir que en el Gobierno también haya caso. Sería absurdo, pues en las ayudas estatales no ha habido investigación alguna sobre comisiones abusivas ni tratos de favor ni intrusos que perciben ayudas sin derecho a las mismas. Es inútil intentar comparar la actuación del Gobierno central y de la Junta cuando en el caso de las ayudas entregadas en Andalucía ya hay algunas que están siendo incluso anuladas por el Tribunal Supremo. Se trata, para estos abogados defensores, de afirmar que no hay caso en lo que afecta al método de reparto de ayudas sociolaborales ni a nivel estatal ni en Andalucía, lo cual contribuiría a desactivar la acusación contra los altos cargos. Si en Andalucía hubo delitos, deberán ser delimitados uno a uno, pero no condenando todo el mecanismo de reparto, sostienen estos letrados.
Concretamente, aluden a una orden ministerial de 1995 para entregar ayudas con importes superiores a los límites establecidos por otra orden de 1994 y hacerlo sin límites de cuantía ni de años de duración, sin exigencia de publicidad y concurrencia y con la participación de las mismas empresas mediadoras. Dicho claramente, a dedo. A criterio de la Administración. Esto chocaría, si es aceptado por el tribunal que preside Juan Antonio Calle, con la conclusión de Alaya de que las ayudas fueron entregadas a escondidas. Ya habría una norma que permite otorgar las ayudas sin exigencia de publicidad ni concurrencia y la Junta es competente para otorgarlas. La propia juez María Núñez, que instruye el resto de las piezas, se ha mostrado permeable a esta idea al preguntar al Ministerio de Trabajo cuántas ayudas entregó con la orden del 95. La cuestión podría ser clave a lo largo del juicio.
Esta argumentación se ha ido abriendo paso a trompicones entre las defensas del caso, de enorme complejidad jurídica. Los propios abogados penalistas han tardado en familiarizarse con la escurridiza legislación laboral. Por lo tanto, tuvo poco protagonismo durante la fase de instrucción. Pero ha aflorado en el juicio a las primeras de cambio. Guerrero afirmó que utilizó "exactamente el mismo" sistema que el Gobierno central, aludiendo a dos órdenes ministeriales, una de 1994 para las ayudas previas a la jubilación, y otra de 1995 para las ayudas sociolaborales a extrabajadores, la parte crucial del caso.
El exviceconsejero de Empleo de la Junta entre los años 2004 y 2010, Agustín Barberá, declaró ante el tribunal que las ayudas que concedía la Junta se podían enmarcar en la orden del 95 y aseguró que "toda Andalucía" conocía que la Dirección de Trabajo firmaba pólizas de renta colectivas para dar las citadas ayudas. "Lo conocía el Parlamento", añadió. Afirmó que sabía que el director general Guerrero "daba las ayudas" y que IDEA "las pagaba", pero jamás dio "una directriz". Barberá defendió que su comportamiento fue "estrictamente legal" y aseguró que cuando tuvo conocimiento de un comportamiento que le pareció "irregular", en relación al caso Mercasevilla, lo trasladó a la Fiscalía.
4. El límite de las sobrecomisiones
Una de las cuestiones centrales del caso de los ERE, aunque de nuevo no en la pieza que se está juzgando ahora mismo, son las sobrecomisiones. Según la instrucción judicial, hubo empresas intermediadoras, singularmente Vitalia y Uniter, que cobraron comisiones por encima del valor del mercado por intermediar entre las empresas, los sindicatos y la Junta a lo largo de la tramitación de los ERE. Alaya ha sostenido que un exdirigente de UGT en Andalucía, Juan Lanzas, actuaba como conseguidor de ERE, poniendo de acuerdo a empresas que querían cerrar o recortar su personal y a la Junta de Andalucía, concretamente en la persona de Javier Guerrero. Lanzas, al que Alaya responsabiliza de la inclusión de numerosos intrusos en los ERE –entre ellos él mismo, familiares suyos y sindicalistas allegados–, cobró por sus trabajos de intermediación comisiones de hasta 13 millones de euros, según Alaya, que consideró que el despacho Estudio Jurídico Villasís lo ayudó a dar apariencia legal a sus actividades.
En paralelo a la celebración del juicio se ha producido un hecho relevante en línea con esta pata de la investigación judicial. La compañía Generali España de Seguros y Reaseguros ha elevado un escrito a la juez María Núñez en el que certifica haber suscrito hasta 520 pólizas de rentas de prejubilación donde se han pagado comisiones del mediador iguales o superiores al 5%, llegando a superar en algunos casos el 40%. Según entienden algunas defensas, ello debilita la acusación sobre las sobrecomisiones.
El exconsejero Fernández endosa a Javier Guerrero la responsabilidad de los ERE
5. El juicio sigue
Aunque ha pasado bastante desapercibido, ha habido un intento de anular las actuaciones, lo cual hubiera supuesto una convulsión jurídica –y política– considerable. Finalmente no ocurrirá. El tribunal ha rechazado la cuestión previa, planteada por las defensas de José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y respaldada por otras, que alegó la "vulneración" del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley en relación con la actuación del juez Álvaro Martín, que cerró la instrucción de esta pieza. Estas defensas solicitaban la nulidad de las actuaciones, pues consideraban que se había entregado la instrucción a un juez de refuerzo en comisión de servicio sin basarse en reglas objetivas. Álvaro Martín siguió la línea de instrucción de Mercedes Alaya, al contrario que la juez María Núñez.
El tribunal afirma que "no se ha designado ningún juez ad hoc para tramitar una causa ya iniciada, sino que se ha procedido con arreglo a la estricta legalidad y atendiendo a las evidentes necesidades derivadas del retraso que se había originado por la acumulación de asuntos de una gran envergadura en un solo juzgado y en un solo juez". "No se ha vulnerado el derecho constitucional al juez legal", concluyó el tribunal.
"¿Esto también lo tengo que leer?". El secretario judicial Rafael Castro dibujó un nítido gesto de exasperación cuando el fiscal le solicitó que diera lectura del listado de las preguntas formuladas al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, en el juicio por el caso de los ERE, que sienta en el banquillo una década de poder socialista en Andalucía. "No soy una máquina, yo también necesito descansar. Tengo derecho a beber un poco de agua", añadió el hombre con el gesto arrugado.