Pese a que tanto Mariano Rajoy como varios de los integrantes de su Gobierno y de su partido han dicho lo contrario en múltiples ocasiones, lo cierto es que los españoles ya han perdido 36.931 millones de euros de dinero público en el rescate del sistema financiero español. Así lo demuestran los datos ofrecidos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Ministerio de Economía, que en 2012 ha registrado unas pérdidas de 26.060 millones de euros y tiene un agujero patrimonial de 21.831 millones de euros. A los números rojos del año pasado hay que sumar los de 2011 (10.557 millones) y 2010 (314 millones), cuando el organismo se puso en marcha siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El 7 de noviembre de 2011 fue la primera vez que Mariano Rajoy anunció que no iba a dar dinero público a los bancos. El entonces aspirante del PP a la Moncloa elecciones aseguró en el debate televisivo que mantuvo con el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba que no iba a dar "ni un solo euro de dinero público para el rescate de los bancos".
El 10 de abril de 2012, ya con el PP en el Gobierno tras ganar los comicios por mayoría absoluta, el ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó que el dinero necesario para sanear las entidades financieras que habían sido rescatadas saldría del Fondo de Garantía de Depósitos, cuyos fondos proceden de la propia banca. Guindos especificó, además, que no estaban previstas ayudas públicas para dichos procesos. Dos meses después, el 9 de junio, el titular de la cartera de Economía aseguró que el Ejecutivo impondría unas condiciones especiales a los bancos por el rescate, "pero no a los ciudadanos".
En el Congreso
Mariano Rajoy, ya como presidente del Gobierno y tras recibir de la UE un rescate que puede llegar a 100.000 millones, volvió a reiterar la idea en el Congreso de los Diputados. "Es un préstamo a la banca que pagará la banca", declaró con rotundidad el presidente del Gobierno, el 13 de junio de 2012. Los datos desmienten a Rajoy: a lo largo de 2012, el FROB experimentó un fuerte incremento en el tamaño del pasivo y de su patrimonio con el fin de financiar las inyecciones de capital que debía hacer en las entidades. En concreto, se inyectaron 17.959 millones de euros en Bankia, 9.084 en Catalunya Caixa, 5.425 en Novagalicia y 4.500 en Banco de Valencia, además de 1.703 millones que se invirtieron en la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Precisamente el mismo mes de junio en el que Rajoy, Guindos y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, volvieron a reiterar que el rescate lo pagaría la banca y no los ciudadanos. Ya en agosto, el día 29, Guindos volvió a la carga, garantizando que el denominado banco malo no tendría coste para los ciudadanos.
La vicepresidenta Santamaría
El 31 de agosto de 2012 fue el turno de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien al presentar una batería de medidas para la reestructuración del sistema financiero aseguró que la misma se hacía, además, "con el objetivo básico y fundamental de que no cueste un euro al contribuyente, [...] sin coste para el contribuyente".
El 23 de octubre Rajoy acudió al Senado para reiterar su versión, asegurando que el préstamo de 40.000 millones que se había concedido a la banca española "nunca" lo pagará el Estado y que son las entidades financieras las que "tienen que devolverlo".
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En fin, hace solo cuatro meses, Luis de Guindos volvió a mostrar su convencimiento de que Bankia y el resto de entidades nacionalizadas serían capaces de devolver todas las ayudas recibidas.
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Pese a que tanto Mariano Rajoy como varios de los integrantes de su Gobierno y de su partido han dicho lo contrario en múltiples ocasiones, lo cierto es que los españoles ya han perdido 36.931 millones de euros de dinero público en el rescate del sistema financiero español. Así lo demuestran los datos ofrecidos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Ministerio de Economía, que en 2012 ha registrado unas pérdidas de 26.060 millones de euros y tiene un agujero patrimonial de 21.831 millones de euros. A los números rojos del año pasado hay que sumar los de 2011 (10.557 millones) y 2010 (314 millones), cuando el organismo se puso en marcha siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero.