Javier Álvarez (Madrid, 1960) y Luis Fernando Rodríguez (Madrid, 1963) llevan años informando sobre la actualidad de los tribunales españoles. Ambos periodistas unen ahora sus conocimientos en el libro La última trinchera. Un retrato inédito de los jueces que protagonizan la actualidad de nuestro país (Planeta, 2016), un perfil de nueve jueces que batallan diariamente por ejercer su profesión según unos principios éticos que ponen como prioridad los intereses de la ciudadanía. Todos ellos contribuyen, a su manera, a cambiar un escenario marcado por el letargo de las investigaciones por corrupción, la impunidad de políticos y cargos públicos ante sus reiterados delitos, el irrefrenable avance del número de desahucios o los afectados por preferentes y cláusulas suelo.
Fernando Andreu, Pablo Ruz, Mercedes Alaya, José Castro, Fernández Seijo, Emilio Calatayud, Santiago Pedraz, Ana Ferrer y Sonia Chirinos ponen rostro a este análisis sobre la actividad judicial durante los últimos años y el impacto de sus decisiones en una sociedad en quiebra por la crisis económica.
PREGUNTA: ¿Por qué la elección de esos nueve jueces?
LUIS F. RODRÍGUEZ: En principio la editorial nos plantea aquéllos más conocidos, los que están todos los días en los medios de comunicación por estar al frente de los casos más mediáticos. Ese es básicamente el criterio salvo con un caso. A medida que va avanzando el proyecto, que vamos perfilando los jueces que van a estar y un poco el tono de la obra, tanto Javier como yo defendimos que hay muchísimos más jueces que trabajan igual, que tienen los mismos planteamientos, pero que están al frente de casos mucho menos conocidos y que suscitan menor atención. Y dándole vueltas a la posibilidad de añadir en ese ramillete de jueces a uno menos conocido, nos interesaba mucho reflejar el tema de la violencia de género, así que incluimos el nombre de Sonia Chirinos.
JAVIER ÁLVAREZ: La elección ha ido un poco en función de los sumarios que han llevado, y teniendo siempre en cuenta un muestrario de todos los aspectos jurisdiccionales que están en primera línea de actualidad y que más atraen a los ciudadanos. Hemos hablado con una juez de violencia de género, otra que ha llegado al Tribunal Supremo, con jueces de menores, jueces que llevan corrupción… De los 3.500 jueces que hay en toda España podría ser cualquiera de ellos, pero hemos elegido estos quizá porque han significado mucho para los casos sustanciales que llevan.
P.: Ustedes retratan la actividad judicial como una trinchera. ¿Cuáles son los obstáculos a los que se debe enfrentar?L.F.R.:
La idea de trinchera viene a raíz del estallido de la crisis y las políticas económicas de austeridad para el control del gasto público. Estos factores van eliminando mecanismos de protección social, y en esa situación estos y otros jueces aparecen como la última línea de defensa de los ciudadanos. En ese contexto se produce un vuelco y surge la sensación de que hay que hacer algo, hay que parar los desahucios porque lo que está ocurriendo es una barbaridad. Otros mecanismos políticos e institucionales que deberían haber protegido al consumidor frente al fenómeno del desahucio masivo fallan, y al final es la Administración de Justicia la única que aparece como su defensora. El modelo español atribuye al juez, si él quiere, un papel muy pasivo, porque puede limitarse a llegar a su despacho y resolver las peticiones que plantean las distintas partes personadas en el proceso, pero estos y otros muchos jueces asumen que su misión es otra. No pueden limitarse a resolver las peticiones de la parte, sino que su papel es mucho más trascendente, el de dedicarse a la protección de los derechos de los ciudadanos.
J.A.: Los ciudadanos han visto en este tipo de jueces, no en los estamentos judiciales, sino en el juez de a pie, el último recurso para sus demandas. Cuando todo estaba perdido, por ejemplo en el aspecto social o mercantil de los bancos, cuando el ciudadano se ha visto apretado frente a los desahucios, la Administración no les ha dado respuesta, y ha tenido que ser un juez quien lo haga, de una forma muy valiente como ha hecho José María Seijo, quien ha tenido que plantear en Europa que se dan condiciones abusivas. Cuando el ciudadano se ha visto apurado en determinadas actuaciones de los bancos o su salida a bolsa, hay otro juez que ha abierto un procedimiento en la Audiencia Nacional, como Andreu en el caso Bankia. Es decir, esos jueces son la última trinchera que tienen los ciudadanos en la confianza de que alguien pueda resolver sus problemas, porque la clase política no ha sabido dar esa respuesta.
P.: En el libro destaca una sentencia del juez Fernández Seijo, favorable a un matrimonio desahuciado que no podía asumir su deuda. ¿Es habitual dar la razón al ciudadano pese a las dificultades que pueda haber?
L. F. R:
No. No es lo habitual. Empieza a serlo, pero para que ahora sea habitual hubo un primer juez que tuvo que asumir el riesgo de enfocar esos procesos de esa manera. En ese matrimonio que se menciona en el libro, el juez llega a la conclusión de que la reclamación del banco es justa, porque estos señores llegan a la bancarrota y a la ruina y no pueden hacer frente al pago de la hipoteca, pero él concluye que el proceso por el cual ese matrimonio llega a la bancarrota y a la ruina es un proceso en el que ellos no son culpables, no tiene que ver con su actitud ni con su acción económica en el núcleo familiar, sino que viene provocada por una serie de elementos externos ante los que ellos también son víctimas. Por eso resuelve que, efectivamente, llegan a una situación de insolvencia de la que no son culpables y por tanto no pueden pagar, perdiendo lo último que les queda de patrimonio que es el hogar en el que viven.
J.A.:
Yo creo que sí es lo habitual. Es difícil, porque a veces las leyes impiden que su aplicación teórica razonable se pueda llevar a la práctica. Pero esa es la intención de los nueve jueces, y de los 3.500 que hay en España. Desde luego hay un interés en ayudar al ciudadano. Aplicar la ley con sentido común es complicado, hay algunos que lo logran desde hace tiempo, pero es verdad que han tratado de romper fronteras e ir un poco más allá de la ley para aplicarla con sentido común.
P.: Se suele decir que la Justicia no es igual para todos, ¿lo es?L. F. R.:
No. No es igual para todos. Otro de los valores que nosotros queremos destacar de estos jueces es el esfuerzo por conseguirlo. Normalmente se enfrentan a casos en los que los implicados son ciudadanos normales con pocos recursos económicos, con unas asistencias jurídicas limitadas, y son casos que pueden avanzar con mucha rapidez. Frente a esos hay otros procesos, contra Bankia o contra la corrupción política, donde normalmente los acusados disponen de los recursos suficientes para pagarse buenas defensas de grandes bufetes, que tienen la capacidad de retrasar todo el procedimiento judicial. Ellos lo asumen y comprenden la queja de los ciudadanos, porque se termina generando la sensación de que cuando se trata de un desahucio todo va rapidísimo, en dos años una familia puede estar fuera de su casa, y sin embargo en casos como Gürtel pasan años y años sin que se resuelva nada.
J.A.:
La Justicia, desafortunadamente, tiene el poder económico detrás y con un equipo de abogados se puede hacer muchas más cosas que con otros abogados con menos poderío, con menos recursos. Frente a eso, estos nueve jueces sí aplican la Justicia igual para todos, y otros tantos miles que hay en España también lo hacen. Pero en general las trabas, los impedimentos que se imponen, sólo se pueden permitir asumirlos la gente que tiene mucho dinero, y eso es una realidad. Es la gente que puede plantear un recurso ante el Constitucional, frente a la gente que no se lo puede permitir porque no tiene dinero.
P.: La mayoría de partidos políticos hablan en sus programas de despolitizar la Justicia, ¿cómo puede hacerse?L.F.R.:
Para empezar lo que habría que cambiar es la actitud de los propios partidos. El problema de la politización de la Justicia, que es real, no tiene que ver con la actitud de la Justicia, sino con el uso que los propios partidos quieren hacer de la Justicia. Esto se refiere a dos aspectos, fundamentalmente. Por un lado, los partidos a través de sus grupos parlamentarios son los responsables de la elección de los órganos de gobierno del Poder Judicial o de los magistrados de ese Poder. Son los partidos los que están demostrando que atienden más a intereses propios de partido y no a las necesidades de la Administración de Justicia. Por otro lado, muchísimos partidos están derivando a la Administración de Justicia conflictos y problemas que deberían ser solucionados en el ámbito político. Desde no tomar medidas cuando se produce un caso de corrupción en el seno de un partido, hasta ese intento permanente de identificar a los jueces siempre con el enemigo político, e intentar que cualquier resolución que les perjudique pueda ser entendida por el ciudadano como una reacción política del juez y no como una reacción jurídica. El conjunto de esos factores crea un clima en el que la sensación de politización es real.
J.A.: Es posible cambiar la percepción que pueda tener el ciudadano de esa politización de la Justicia, y es posible cambiar la forma de elección de determinados estamentos del Poder Judicial que luego son los que toman las decisiones en el ámbito de la Administración de Justicia. Si esos modelos de elección se cambiaran, si fueran elegidos con más sentido común y por los propios jueces, quizá tendríamos esos órganos de gestión más técnicos y menos politizados de lo que están ahora. Un ejemplo lo tienes en el Consejo del Poder Judicial, cuyos nombramientos dependen de la voluntad de los partidos políticos. Si esto se eliminara, ese matiz político, el rumbo podría ser más razonable.
P.: ¿Es suficientemente transparente la Justicia?L. F. R.:
Todavía no. Siempre ha sido una institución muy hermética, muy encerrada en sí misma, a la que le ha gustado muy poco el contacto con la opinión pública y con los medios. Pero eso va cambiando, cada vez más jueces son conscientes de que, como funcionarios públicos al servicio de los ciudadanos, una de sus obligaciones es ser transparentes y dar cuenta de sus actos, explicar qué hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Creo que esa es una de los valores del libro, que estos jueces lo asumen y se han prestado a ese juego de ser ellos mismos quienes salgan y les cuenten a los ciudadanos quiénes son y por qué hacen lo que están haciendo. Es un mérito, un ejercicio de transparencia que hay que reconocérselo. Forma parte de ese proceso de apertura de la Justicia a la sociedad, todavía muy lento, pero que yo creo que es imparable.
J.A.:
Le falta mucho. Es verdad que se ha avanzado mucho. El Consejo del Poder Judicial ha hecho un esfuerzo importante para que se conozcan las resoluciones de los jueces. Hace poco se hizo público el listado de los jueces en España y todo el mundo puede ver qué juez lleva cada pleito. Se ha evolucionado mucho para bien, pero todavía falta en cuanto a comunicación, a ese músculo poco desarrollado de comunicar a los ciudadanos lo que los medios demandamos. La relación es buena, pero desde luego muy mejorable, y en cuanto a la transparencia también va por muy buen camino pero aún faltan cosas.
P.: Los jueces están sometidos a una mayor exposición en los medios. ¿Cómo ha contribuido esto a la percepción ciudadana de ellos?L.F.R.:
Es una constante que hace ya tiempo detecta el CIS. En los barómetros, una de las instituciones más vapuleadas y peor valoradas es la Administración de Justicia. Pero en esos mismos barómetros desde hace tiempo sin embargo empieza a mejorar mucho la valoración de jueces y magistrados. Es verdad que la Administración sigue funcionando muy mal y los ciudadanos lo saben, y las encuestas del CIS reflejan ese gesto de reproche, pero cada vez lo van viendo con mejores ojos, como personas cercanas y como funcionarios que están al servicio de la comunidad.
J.A.:
El ciudadano cree en el juez de cercanía y recela de la Administración General de la Justicia, ahí sí se puede poner una nota de suspenso, pero con la atención particular al ciudadano creo que la gente sí está contenta.
P.: En el libro hablan de las trabas a las que se tienen que enfrentar las mujeres que entran en Justicia por el hecho de serlo. ¿Existe machismo?L.F.R.:
La jueza propone juzgar a dos exdirectivos de la CAM por la venta de preferentes y deuda
El Poder Judicial sigue siendo un estamento todavía machista. Es cierto que en la carrera judicial formalmente han desaparecido todas las barreras: las condiciones de acceso son las mismas, las condiciones laborales son las mismas, el salario es el mismo, pero se sigue encontrando con un obstáculo muy grave, y es que es ella la que tiene que asumir la carga de conciliar su vida profesional con su vida familiar. Cuando salen las promociones las mujeres son mayoría, en los juzgados unipersonales ellas son mayoría, en las audiencias provinciales se ha alcanzado la paridad, pero sin embargo a partir de ahí, en el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo siguen siendo hombres la inmensa mayoría, porque son cargos en los que influye mucho el currículim personal, y el currículum personal de la mujer juez viene lastrado porque, mientras el hombre se ha podido dedicar a engrosarlo, la mujer no lo ha hecho porque cuando termina su jornada laboral es ella la responsable de encargarse de su familia.
J.A.:
Siempre lo ha sido. Las tres juezas del libro han tenido que sufrir en sus primeros años de andadura muchos obstáculos por ser mujeres. A eso hay que añadir que la mujer ha tenido que sufrir más a la hora de conciliar, porque ha tenido que sacrificar esa parte del progreso en tu trabajo, ascender o hacer determinados cursos, en favor de la conciliación. Eso los hombres no lo han hecho. Sólo un 3% de los hombres concilia siendo pareja juez y jueza. Entonces un 97% de mujeres han renunciado al ascenso en su carrera, por tanto hay menos puestos de responsabilidad en mujeres. Pero la tendencia está cambiando, hay muchas más magistradas, muchas más juezas... Está cambiando porque es una realidad que el nivel de preparación de las mujeres supera con creces al de los hombres.
Javier Álvarez (Madrid, 1960) y Luis Fernando Rodríguez (Madrid, 1963) llevan años informando sobre la actualidad de los tribunales españoles. Ambos periodistas unen ahora sus conocimientos en el libro La última trinchera. Un retrato inédito de los jueces que protagonizan la actualidad de nuestro país (Planeta, 2016), un perfil de nueve jueces que batallan diariamente por ejercer su profesión según unos principios éticos que ponen como prioridad los intereses de la ciudadanía. Todos ellos contribuyen, a su manera, a cambiar un escenario marcado por el letargo de las investigaciones por corrupción, la impunidad de políticos y cargos públicos ante sus reiterados delitos, el irrefrenable avance del número de desahucios o los afectados por preferentes y cláusulas suelo.