Mientras todos los ojos miran a los indultos a los líderes independentistas, una parte de la sociedad reclama el perdón para otro caso de plena actualidad: el de Juana Rivas. La madre de Maracena (Granada) fue condenada por un delito de sustracción de menores, tras desaparecer con sus hijos hace cuatro veranos. El Ministerio de Justicia ya ha tramitado la petición de indulto y el Tribunal Supremo elaborará un informe, preceptivo pero no vinculante, valorando la posibilidad. Políticamente, las opiniones son variadas: la derecha se ha manifestado en contra, la izquierda se ha expresado rotundamente a favor del indulto y en el Gobierno apelan a la cautela. Desde una perspectiva estrictamente técnica, las expertas consultadas reivindican el sentido de la figura del indulto y consideran que es precisamente en casos como este en los que cobra sentido su uso.
Juana Rivas fue condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, una pena dictada por un tribunal de primera instancia y ratificada después por la Audiencia Provincial de Granada. El Tribunal Supremo enmendó este dictamen y el pasado mes de abril rebajó la condena a dos años y medio, al entender que el delito era uno, en lugar de dos. La resolución judicial llegaba cuatro largos años después de que la madre desapareciera con sus hijos para, según defendió entonces, protegerlos del padre, condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar y contra quien había interpuesto diversas denuncias posteriores. El caso no pasó desapercibido y su trascendencia mediática derivó en un clamor social en defensa de la andaluza.
Es precisamente en ese clamor donde se detienen las juristas consultadas. No sólo apelan al respaldo suscitado entonces, sino que afinan la mirada y sitúan la lupa en la situación actual respecto a las mujeres y los menores. En lo que va de año, diecinueve mujeres y dos menores han sido asesinados como consecuencia de la violencia machista. Las últimas semanas han sido especialmente atroces: mayo ha dejado siete asesinatos machistas y la primera mitad de junio otros cuatro. Un escenario que ha activado todas las alertas de las instituciones y el movimiento feminista. Además, el caso de Rocío Carrasco ha puesto negro sobre blanco la violencia vicaria como una de las formas más sangrantes de ejercer maltrato contra las mujeres, una certeza reforzada tras el hallazgo del cuerpo de una de las dos pequeñas secuestradas por su padre en Tenerife.
"La petición de indulto es una opción evidente si tenemos en cuenta la vivencia social que tenemos en este momento respecto a las mujeres y los menores", subraya la magistrada Paz Filgueira. La jueza recuerda que el tipo penal por el que la mujer fue condenada existe y concurre, pero puntualiza que los actos de la madre estuvieron marcados por "una posible protección de los dos menores". Pese a ello, critica, "nadie le ha dado una respuesta estrictamente coherente y acorde a una interpretación con perspectiva de género".
La conducta de Juana Rivas, actualmente cumpliendo condena en su domicilio con control telemático, fue juzgada "con extrema dureza", estima la jueza Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Themis Mujeres Juristas. Y coincide con Filgueira al poner el acento en que la motivación no era otra que "proteger de la manera que ella creía que podía hacerlo a sus hijos". Gonzalo entiende que es fundamental que el padre de los niños tuviera una condena por malos tratos: "Aunque se había extinguido la responsabilidad penal de aquel delito, la condena era firme". Rivas presentaría posteriormente diversas denuncias contra él que no prosperaron, aunque los tribunales italianos, país en el que residía la familia, sí están estudiando cinco denuncias registradas por la madre hace tres años. "La dureza de la pena no sólo la vimos las feministas, sino también el propio Tribunal Supremo que la ha reducido a la mitad", expone la jurista y recupera la máxima de que "un maltratador no es un buen padre", un consenso social hoy día. "Ella ha sido la madre protectora y cuidadora de sus hijos".
Filgueira explica que el indulto no es sólo una herramienta perfectamente válida, sino positiva para que el "Ejecutivo pueda establecer una excepción" en un determinado momento histórico. Añade, además, que las circunstancias que rodean a la condenada, "sin antecedentes, integrada y sin una reiteración delictiva", son proclives a la concesión del indulto. La fiscal Susana Gisbert insiste en que la decisión es eminentemente política, pero estima que "hay casos en los que se entiende que concurren circunstancias excepcionales" por los que la "pena no tiene esa finalidad de reinserción social que debería tener". El caso de Juana Rivas es complejo, reconoce la fiscal, pero el razonamiento "podría ir por ahí". En cualquier caso, la fiscal recalca que la condena, incluso siendo "conforme a la ley", resulta también "absolutamente desproporcionada".
Precisamente sobre esa desproporción reflexiona también Filgueira. Concretamente en torno a la figura de sustracción de menores, ideada en un inicio para evitar que el cónyuge no custodio se evadiera con los menores. Sin embargo, analiza, son precisamente "las mujeres custodias las que lo hacen", algo que debe suscitar una "reflexión conjunta internacional". "¿Por qué las mujeres queremos evadirnos con nuestros críos? ¿Cuál es el motivo? Si el padre cumple con sus obligaciones, la mujer no tiene ningún motivo para escaparse", lanza la jueza.
Reacciones y precedentes
Este mismo martes, la ministra portavoz, María Jesús Montero, se ha pronunciado en torno a la posibilidad de un indulto: "Es un tema extraordinariamente complicado". En rueda de prensa, se decantó por la prudencia hasta que el caso no haya sido revisado por los servicios jurídicos. Algunas voces del Gobierno sí se han expresado en favor de la madre granadina. "Necesitamos justicia feminista para Juana Rivas y estamos a tiempo. Trabajaremos para que así sea. Las mujeres que defienden sus derechos y los de sus hijos e hijas frente a la violencia machista necesitan saber que estamos con ellas", expresaba a finales de mayo la ministra de Igualdad, Irene Montero. En entrevista con infoLibre, la nueva directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, se posicionaba sin titubeos: "No se puede permitir ni tolerar que en un país que se dice feminista, una mujer que ha hecho lo indecible por defender a sus hijos acabe en la cárcel". El líder de Más País, Íñigo Errejón, reclamó la concesión de la medida de gracia cuanto antes porque, a su juicio, es insuficiente que se le permita cumplir el resto de su condena en su domicilio con control telemático.
Podemos registrará una petición de indulto para Juana Rivas y denuncia que la justicia es una "cueva de señoros"
En la derecha existe un rechazo explícito al indulto. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, pidió este mismo martes que Juana Rivas cumpla condena porque fue sometida a un "juicio justo". Edmundo Bal, diputado y portavoz nacional de Ciudadanos, sostuvo que la víctima es el padre de los dos menores y defendió que los indultos no se utilicen como "arma política". Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, puso el acento en que "las mujeres deben ser sometidas a las mismas leyes que los hombres" y añadió que su partido no va a pedir el indulto, para a renglón seguido deslizar que la madre fue "inducida" a vulnerar la ley por "políticos tremendamente irresponsables"
Lo cierto es que existen algunos precedentes en lo que respecta a indultos concedidos a víctimas de malos tratos. María Salmerón recibió tres indultos, tras haber sido condenada por no llevar a su hija a un punto de encuentro familiar para que recibiera la visita de su padre, condenado por maltrato. El verano pasado, un juzgado volvió a ordenar su ingreso en prisión, a la espera de la concesión de un nuevo indulto. "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no se cometa una injusticia con María Salmerón", escribió Irene Montero en redes sociales el año pasado.
Hay más ejemplos en lo que respecta a víctimas de violencia machista que acabaron con la vida de sus maltratadores. Un ejemplo es el de Gloria Chochi, quien terminó con la vida de su agresor hace seis años. La mujer, condenada por la Audiencia Provincial de Madrid a seis años de prisión, fue indultada en 2018. En noviembre de 2012, el Gobierno concedió el indulto parcial a María Pilar Marcos, condenada por la Audiencia Provincial de Navarra a tres años de prisión por un delito de homicidio contra su marido en el que se apreció la existencia de legítima defensa.
Mientras todos los ojos miran a los indultos a los líderes independentistas, una parte de la sociedad reclama el perdón para otro caso de plena actualidad: el de Juana Rivas. La madre de Maracena (Granada) fue condenada por un delito de sustracción de menores, tras desaparecer con sus hijos hace cuatro veranos. El Ministerio de Justicia ya ha tramitado la petición de indulto y el Tribunal Supremo elaborará un informe, preceptivo pero no vinculante, valorando la posibilidad. Políticamente, las opiniones son variadas: la derecha se ha manifestado en contra, la izquierda se ha expresado rotundamente a favor del indulto y en el Gobierno apelan a la cautela. Desde una perspectiva estrictamente técnica, las expertas consultadas reivindican el sentido de la figura del indulto y consideran que es precisamente en casos como este en los que cobra sentido su uso.