El cambio del delito de sedición ya está en el Congreso de los Diputados. La proposición de ley del PSOE y de Unidas Podemos llegó este viernes al registro de las Cortes, suponiendo una rebaja de las penas, que ahora irán de los tres a los cinco años, frente a los quince años de cárcel que puede suponer para cargos públicos en el actual Código Penal.
Este cambio supone modificar el delito de sedición que lleva vigente doscientos años en el ordenamiento jurídico español. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, señaló durante su presentación que se trata de “europeizar” este tipo penal a otros países del entorno europeo. La inhabilitación a cargo público puede ser penalizada con entre 6 y 8 años.
La reforma se hace a través de una proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios que sustentan la coalición y no se presenta como proyecto de ley del Gobierno. La idea es aprobarlo cuanto antes, según López, aunque no fijó una fecha concreta. Desde Unidas Podemos se habla de que podría recibir luz verde en el Parlamento antes de final de año y estar vigente para el inicio del próximo ciclo político.
Tanto en el PSOE como en Unidas Podemos entienden que ahora hay mayorías suficientes en las Cortes Generales para sacar adelante este cambio, prometido por Pedro Sánchez hace tres años. Si los socialistas hablan de “europeizar” este tipo de delito, en Unidas Podemos se insiste en que se trata de “derogar” la sedición porque “desaparece” del Código Penal.
El texto del cambio
Según el texto registrado en el Congreso, se modifica el artículo 557 del Código Penal, quedando redactado así: “Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas, u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones y edificios”.
Estas penas, incluye la proposición, pueden ser de prisión, con entre tres y cinco años. Se detalla en el artículo que puede haber inhabilitaciones, que en el caso de las autoridades puede comportar entre seis y ocho años. “Las penas de los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior a los intervinientes que portaran instrumentos peligrosos o a los que llevaran a cabo actos de pillaje”, contempla la reforma.
Estas penas se aplicarán en un grado superior cuando se portaran armas de fuego, añade la iniciativa del PSOE y de UP, que, en cambio, no toca el delito de rebelión.
¿Y qué pasará con los fugados como Carles Puigdemont? Desde el PSOE, López insistió en que si vuelve, deberá ser juzgado. En cambio, Asens fue más ambiguo y dice que ya con esta reforma no estará presente ese delito por el que algunos fueron juzgados, sí quedan otros como malversación.
Los motivos del cambio
El PSOE y UP sostienen en la exposición de motivos del texto que la proposición pretende "afrontar algunos de los retos pendientes en la legislación penal española, en relación con ciertos tipos y penas que la evolución social, la experiencia y el derecho comparado invitan a revisar desde hace mucho tiempo". "Es tiempo ya, por tanto, para que el ordenamiento jurídico español actualice ciertas definiciones, en cuanto a los comportamientos delictivos y a las respuestas adecuadas en las sociedades del siglo XXI". Es preciso, añaden, aportar "calidad, claridad y modernidad en algunos ámbitos de la legislación penal española" que presentan problemas de "indeterminación y obsolescencia".
Por otra parte, apostilla el texto, España forma parte de las instituciones europeas y "comparte propósitos y tareas de coordinación crecientes en materia judicial y de seguridad". La armonización con la UE, se subraya, constituye una obligación "incontestable".
El portavoz socialista insistió en que hay que hacer esta reforma aunque cueste votos y resaltó que los votantes socialistas lo entenderán. "El gobierno progresista adopta decisiones, hace política independientemente del coste electoral", resumió el exlehendakari, que lanzó, ante las críticas del PP, este mensaje: "Que lo dejen ya, que no se equivoquen, este es el PSOE de siempre, que no se esconde y cuando hay un problema se arriesga para buscar soluciones".
Lo que han desvinculado tanto el PSOE como Unidas Podemos es esta reforma con la negociación de presupuestos que está llevando a cabo el Gobierno con ERC. Precisamente, desde Barcelona, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, celebró que el delito de sedición "desaparece", pero pidió más pasos a Pedro Sánchez para desjudicializar el conflicto catalán.
El cambio del delito de sedición ya está en el Congreso de los Diputados. La proposición de ley del PSOE y de Unidas Podemos llegó este viernes al registro de las Cortes, suponiendo una rebaja de las penas, que ahora irán de los tres a los cinco años, frente a los quince años de cárcel que puede suponer para cargos públicos en el actual Código Penal.