"Las industrias del tabaco y los vapeadores tienen un conflicto de intereses en este asunto". El director de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón denunciaba con estas palabras, en conversación con infoLibre, la existencia de “presiones” para que el plan antitabaco cayera. Pero tampoco es el único. La propia titular del departamento, Mónica García, también hizo lo propio en una entrevista concedida este miércoles a TVE. Y el coordinador del grupo de tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Andrés Zamorano, lo denunció también en conversación con este periódico. "El plan es perfecto, pero las comunidades pusieron pegas desde el principio, porque hay presión de los lobbies del tabaco", señaló. No hace falta indagar mucho para ver esa oposición. Las asociaciones en las que se agrupan estanqueros, productores y empresarios del vapeo han mostrado, públicamente y desde el principio, su oposición al documento que, pese a todas esas presiones, este viernes ha visto la luz verde del Gobierno.
Es ya “una realidad”, celebró la propia titular del departamento este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial celebrado en la sede del Ministerio, en Madrid, con las comunidades autónomas. No todo estaba de su lado al principio, puesto que la mayoría de los gobiernos autonómicos ni siquiera habían cumplido con el plazo dado por el Gobierno, que pretendía saber antes de este jueves al mediodía si se adherirían o no al texto. En plazo sólo respondieron cinco: Cataluña, Canarias, Navarra, Asturias y País Vasco. Todas, excepto esta última que confirmó su posición este mismo viernes, ya dijeron que apoyarían el plan. El resto, todas gobernadas por el PP excepto Castilla-La Mancha (PSOE), aclararon que no emitirían su voto por no estar de acuerdo con el procedimiento de Sanidad.
Finalmente, no obstante, llegó el acuerdo. Ha habido consenso y las comunidades del PP también apoyan el texto que a partir de ahora marcará la hoja de ruta de las políticas antitabaco. Lo celebró la propia García, que detalló ante la prensa que “se han tenido en cuenta muchas de las alegaciones” de los conservadores. En primer lugar, el aspecto económico y, en segundo, el aspecto de la regulación de los espacios sin humo.
Las divergencias iniciales
Este último aspecto fue uno de los puntos clave del disenso inicial. Algunas autonomías como Aragón, La Rioja o Baleares solicitaban que este punto fuese voluntario. Y en este sentido ha sido el sector de la hostelería el que ha llevado la voz cantante de las críticas. El pasado 12 de marzo, la patronal Hostelería de España criticó que la medida era "desproporcionada" y que "perjudicaría nuevamente al sector".
La ministra precisamente respondió este viernes por la mañana a estas afirmaciones, que tampoco son nuevas, asegurando que "es mentira" que estas medidas afecten a la economía de este sector. "Yo les voy a convencer de la misma manera que les hemos convencido en el 2005 y en el 2010, que es con la evidencia", señaló tajante, recordando que, en 2011, cuando se vetó el tabaco en todos los locales públicos de ocio, desde el sector se afirmaba que iba a haber una "ruina generalizada", y que los ciudadanos iban a dejar de ir a los bares y a las terrazas. "Eso nunca pasó".
Pero no sólo han sido los hosteleros, también los productores y agricultores del tabaco se han levantado contra el plan. Lo han hecho desde la Organización Interprofesional del Tabaco en España (Oitab), integrada por agricultores de hoja de tabaco y la industria de primera transformación, desde la que reclamaron al Gobierno que valore las consecuencias sociales y económicas que se pueden derivar de su plan. Su presidente, Felipe Castañar, recalcó que la "lucha contra el tabaquismo y la sostenibilidad del cultivo de tabaco en España son objetivos compatibles".
También lo hicieron los estanqueros, agrupados en la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, que en concreto se plantaron ante la posibilidad de que el plan introduzca la medida de un empaquetado genérico por ser, señalaron, una herramienta "ineficaz" y generadora de otros problemas "más graves", como "subidas desporporcionadas de precio por sus consecuencias en forma de contrabando". Zamorano, por su parte, defiende implantarlo. Y hacerlo mediante un decreto. "Esto ya funciona en varios países, y provoca una desincentivación a los jóvenes para empezar a fumar y que mucha gente que quiere volver desista al no encontrar su marca habitual", explica.
El sector del vapeo tampoco se ha quedado atrás. La intención de Sanidad es equiparar los cigarrillos electrónicos a los tradicionales en materia fiscal, puntos de venta o publicidad —puesto que estos últimos gozan de una permisividad que el tabaco tradicional ya no tiene—, y es expresamente esto lo que no parece gustarle a sus empresarios. Así, el presidente de la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV), Arturo Ribes, advirtió que equiparar ambos productos deja el sector del vapeo "en manos de la industria del tabaco". Y recalca que, además, dejaría "sin opciones a aquellos fumadores que lo ven como una alternativa al tabaco", algo que todos los expertos se niegan a compartir por no tener, como señala la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), "evidencia científica".
Sin embargo, esta tesis ha sido también la apoyada por algunas comunidades discordantes como Aragón, que solicitó al Ministerio que estos productos se contemplen en el plan como una herramienta de "reducción de daños". Gullón ha afirmado que la regulación de los vapers ha sido una de las cuestiones en las que más presión ha habido, negando que estos puedan usarse como ayuda para dejar de fumar, tal y como propone Aragón. Para el director de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, los vapers no pueden considerarse como una herramienta de reducción de daños porque no están probados científicamente para ello y solo se podrían usar para dejar de fumar en el caso de que su consumo fuera tasado y recomendado por médicos, unas condiciones que no se cumplen actualmente.
Las claves del plan antitabaco
Sin embargo, y pese a todo, ha habido fumata blanca. "Hoy damos un paso histórico que nos va a llevar a tener un país más sano, más vidas sanas y más calidad de vida. Volvemos a poner a España en la vanguardia de la lucha contra el tabaquismo mediante un plan ambicioso, pionero y comprometido. Este logro es un motivo de orgullo nacional", afirmó la ministra.
En el plan se han definido metas que van desde la prevención del consumo de tabaco hasta la promoción de la investigación relacionada con esta práctica pasando por el aumento de espacios libres de humo.
Prevenir el inicio del consumo de tabaco y de productos relacionados
Sanidad pretende "reducir el porcentaje de jóvenes que inician el consumo de tabaco, reducir por debajo del 5% la prevalencia del consumo diario de tabaco en los menores entre 14 y 18 años, y desnormalizar el consumo del tabaco tanto en espacios públicos como en el ámbito privado". Otra de los deseos del equipo de Mónica García es "impulsar la sensibilización y capacitación de profesionales de la educación y profesionales de la salud". Para ello, se introducirá el empaquetado genérico o neutro de las cajetillas de tabaco.
Este punto también destaca la tendencia de los jóvenes a consumir "las nuevas formas de consumo de nicotina como son los cigarrillos electrónicos (DSLN) y el tabaco calentado". "Es importante equiparar su promoción y publicidad a la de las formas de consumo más tradicionales", destaca el texto, "pues son los más utilizados por la población joven y son puerta de entrada al consumo de tabaco y la adicción posterior".
Fomentar el abandono del tabaquismo y facilitar la ayuda para dejar de fumar
Sanidad quiere incrementar el porcentaje de personas exfumadoras con respecto a los que han fumado en un 3%, favorecer la intervención a la persona fumadora en todos los niveles asistenciales y activos comunitarios o promover estándares homogéneos en la intervención en tabaquismo en las comunidades autónomas a todos los niveles asistenciales son otras de las medidas que ha asumido el Ministerio de Sanidad, en este caso, para intentar que un menor número de personas fume. Para conseguir este objetivo, el ministerio tiene claro que "la mejor manera de reducir la mortalidad atribuible al consumo de tabaco se basa en el reconocimiento del tabaquismo como una enfermedad crónica".
Reducir la exposición ambiental a las emisiones de tabaco y productos relacionados en espacios públicos y privados y reducir la huella ecológica
El aumento de espacios libres de humo era una prioridad para el ministerio de Mónica García porque pretende "proteger el derecho a respirar". El Plan contempla "la ampliación de los espacios sin humos de uso público, mediante las modificaciones legislativas pertinentes, de cara a la reducción de la exposición ambiental a las emisiones de tabaco".
Para complementar este objetivo se añade la "correcta señalización de los espacios sin humo y la promoción de campañas de sensibilización a la población". Además, se plantean estrategias encaminadas a la concienciación y sensibilización para reducir el consumo del tabaco y productos relacionados en el ámbito privado. Respecto a las críticas de los sectores hosteleros y tabaqueros, la ministra ha dejado claro que "que afecte a determinados sectores no significa que sean los proponentes del plan".
Promover la investigación aplicada y la monitorización en el control del tabaquismo
La medida más sanitaria del plan pretende potenciar e impulsar la investigación en epidemiología, prevención y tratamiento del tabaquismo y la exploración relacionada con los efectos en la salud del consumo y de la exposición de los productos del tabaco.
Sanidad aprobará el plan antitabaco con la oposición de la mayoría autonómica pero con consenso social
Tampoco deja atrás la posible relación del tabaco con otras conductas adictivas, una de las líneas de actuación es la colaboración "con programas de investigación sobre el tabaco y productos relacionados y sobre el nudo tabaco/cannabis", ni la investigación de los aromas usados tanto en el tabaco tradicional como en los nuevos cigarrillos electrónicos.
Potenciar la coordinación y el establecimiento de alianzas
La coordinación institucional entre las comunidades y el Ministerio, la participación social y del Tercer Sector mediante la exposición de ideas y sugerencias a Sanidad y la coordinación internacional en el ámbito de la Unión Europea resultan "imprescindibles" para "aunar esfuerzos y establecer sinergias" entre las distintas administraciones.
La estrategia de control que pretende Sanidad se basa en realizar el "seguimiento de las actividades legislativas de las comunidades y ciudades autónomas y de las normas desarrolladas por otros departamentos en relación al tabaquismo y en su ámbito de competencias".
"Las industrias del tabaco y los vapeadores tienen un conflicto de intereses en este asunto". El director de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón denunciaba con estas palabras, en conversación con infoLibre, la existencia de “presiones” para que el plan antitabaco cayera. Pero tampoco es el único. La propia titular del departamento, Mónica García, también hizo lo propio en una entrevista concedida este miércoles a TVE. Y el coordinador del grupo de tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Andrés Zamorano, lo denunció también en conversación con este periódico. "El plan es perfecto, pero las comunidades pusieron pegas desde el principio, porque hay presión de los lobbies del tabaco", señaló. No hace falta indagar mucho para ver esa oposición. Las asociaciones en las que se agrupan estanqueros, productores y empresarios del vapeo han mostrado, públicamente y desde el principio, su oposición al documento que, pese a todas esas presiones, este viernes ha visto la luz verde del Gobierno.