Vicente Guilarte, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde julio y cuya fama ha ganado enteros al entrar de lleno en el debate sobre una futura amnistía para los involucrados en el procés –sería "ajena al interés general", sostiene–, perteneció hasta este verano al consejo de administración de una empresa a la que la CNMV sancionó en 2021 por una infracción “muy grave” de la Ley del Mercado de Valores.
Abogado, catedrático de derecho civil y vocal del órgano de gobierno de los jueces desde hace 10 años a propuesta del PP, partido que mantiene bloqueada la renovación del CGPJ desde 2018, Guilarte fue fichado al año siguiente por Ibervalles: se incorporó a su consejo de administración el 14 de octubre de 2019, el mismo día en que se publicó que la empresa había pasado de ser una sociedad limitada a una anónima. A partir de ese momento, su firma aparece en las cuentas aprobadas por la compañía en cada ejercicio.
Dedicada al alquiler de bienes inmuebles y propiedad de la familia Isidro, una de las más ricas del país según el ranking anual del diario El Mundo, Ibervalles recibió la sanción –60.000 euros– por “haber incumplido los deberes de información a la CNMV”, es decir, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Respecto a qué? “En relación con la comunicación de participaciones significativas sobre acciones de la sociedad cotizada Cartera Industrial Rea, SA”. Así consta en la resolución de la CNMV, adoptada el 26 de enero de 2021 y que adquirió firmeza el 17 de junio una vez transcurrido el plazo para un eventual recurso ante la vía judicial. Puedes ver el anuncio del BOE pinchando aquí.
En su página web, la empresa –una socimi, es decir, una sociedad cotizada que centra su actividad en adquirir, promover y rehabilitar inmuebles para su posterior arrendamiento– cifra en 260 millones el valor bruto de su cartera inmobiliaria. En sus cuentas de 2022, la compañía anuncia que prevé “incorporar a la cartera inmobiliaria activos por el valor de aproximadamente 60 millones de euros” con el foco puesto en Madrid y Lisboa.
A preguntas de infoLibre, un portavoz del CGPJ respondió así en nombre del presidente del órgano de gobierno judicial, interino por su condición de suplente dado el bloqueo pero sin fecha de cese por delante: “Vicente Guilarte nunca ha sido socio de Ibervalles ni ha desempeñado funciones ejecutivas en la empresa, limitándose su relación con la misma a ser miembro de su Consejo de Administración entre el 21 de octubre de 2019 y el 26 de julio de 2023, fecha en la que comunicó su renuncia voluntaria al cargo y el citado órgano tomó conocimiento de la misma y aceptó su dimisión”.
El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicó el cese de Guilarte el pasado día 21. Es decir, la semana pasada. Entre paréntesis, se adjunta otra fecha: 14/09/2023. Salvo los miembros de la comisión permanente –y el presidente es quien la encabeza–, los vocales del CGPJ tienen libertad plena para compaginar su puesto institucional con cualquier actividad privada. Y no están obligados a presentar una declaración de bienes y actividades.
Sobre la sanción impuesta por la CNMV, el CGPJ optó por una respuesta lacónica: “No hay comentarios. Vicente Guilarte nunca ha tenido relación con la sociedad cotizada Cartera Industrial Rea, SA”.
Este diario también contactó con Ibervalles, a cuyos portavoces preguntó qué información es la que, dada su pertenencia al consejo de administración de Cartera Industrial Rea SA hasta julio de 2018 no facilitó a la CNMV en relación a esa segunda sociedad. “Ibervalles –contestó la compañía a través de un correo electrónico– ostentaba más de un 5% de participación en la sociedad Cartera Industrial Rea y así estaba comunicado como es preceptivo. Habiendo iniciado Cartera Industrial Rea el proceso de liquidación, Ibervalles procedió a vender a sus socios la participación que ostentaba sobre dicha sociedad. De esta forma, Ibervalles debió haber comunicado la pérdida del umbral del 5%. Este último trámite no se comunicó a la CNMV por simple olvido, lo que propició la calificación de falta muy grave”.
El presidente suplente del CGPJ: "La amnistía política que se plantea es ajena al interés general"
Ni la empresa ni el CGPJ han facilitado la fecha en que se produjo tal vulneración de la Ley del Mercado de Valores. El documento de la CNMV tampoco lo precisa.
En la entrevista publicada por El Mundo el pasado domingo, aquella donde afirmó que la amnistía “no es de interés general”, el nuevo presidente del órgano de gobierno del tercer poder del Estado expresó su malestar con que a través del Congreso y el Senado los partidos elijan quiénes han de sentarse en el CGPJ: “Es necesario cambiar el sistema para que pierdan su nocivo protagonismo, aunque la alternativa corporativa entiendo que tampoco solucionaría el problema”.
Guilarte se ha situado en la cúspide del órgano de gobierno de los jueces tras la dimisión de Carlos Lesmes y la jubilación de quien le sucedió, Rafael Mozo. Amigo de la familia Rajoy, como publicó eldiario.es, su primera decisión como presidente del CGPJ fue cambiar la composición de todas las comisiones del consejo. Y entre esos cambios se incluye el de quiénes forman parte de la comisión permanente. La permanente, que en la práctica actúa como el órgano ejecutivo, es la que adopta las decisiones más relevantes. Sus miembros cobran más de 130.000 euros al año.
Vicente Guilarte, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde julio y cuya fama ha ganado enteros al entrar de lleno en el debate sobre una futura amnistía para los involucrados en el procés –sería "ajena al interés general", sostiene–, perteneció hasta este verano al consejo de administración de una empresa a la que la CNMV sancionó en 2021 por una infracción “muy grave” de la Ley del Mercado de Valores.