Hablar de empleo y juventud es hablar de precariedad. Así de tajante es Eduardo Magaldi, portavoz de Ruge UGT, la organización de jóvenes del sindicato. Hay excepciones, pero muy pocas. Y es que esas dos palabras casi siempre llevan asociadas otras tres: prácticas no laborales. Constituyen un paso casi imprescindible en la transición de la vida estudiantil a la vida laboral: el primer pie que un estudiante suele poner en una empresa es para realizar prácticas no laborales; dicho de otra manera, para ser becario. Pero no es un paso ni mucho menos fácil, sobre todo teniendo en cuenta que, a juicio de los sindicatos —laborales y de estudiantes—, ese periodo está caracterizado por la precariedad, el fraude y la explotación. Este miércoles es el Día Internacional del Becario y, en plena resaca electoral y con la formación de un nuevo gobierno en el horizonte, esta fecha cobra mucho sentido para las partes implicadas, sobre todo para sindicatos y estudiantes, que insisten en sus demandas. "La situación es absolutamente dramática", lamenta Coral Latorre, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.
Y es que los datos no son buenos. Según una estimación realizada por Acierto.com, tres de cada cinco estudiantes que realizan prácticas no laborales en una empresa lo hacen de forma gratuita. La Comisión Europea, por su parte, afirmó que un 58% de los becarios de España no recibía ningún tipo de remuneración. Los que tienen la suerte de no encontrarse en esta situación, sin embargo, no pueden cubrir sus gastos con la contraprestación que reciben. Según los datos del comparador, ocho de cada diez asegura que la beca no lo permite. Y no es una situación excepcional. De hecho, es la situación más frecuente entre los estudiantes, que ven en este tipo de prácticas la única manera para abrirse un hueco en el mercado laboral. Según estimó el sindicato CCOO, en el año 2018 había alrededor de 1,4 millones de becarios en nuestro país. Sin embargo, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social actualizados a 31 de mayo de ese mismo año, tan sólo 85.309 de ese casi medio millón de estudiantes estaba cotizando. El resto o bien no cobraba o simplemente la empresa le negaba la cotización.
Ese es el problema: todas estas personas están invisibilizadas. "El problema de los que no cobran ni cotizan es que son invisibles", critica Javier Pueyo, adjunto a la Secretaría confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO. Y es ahí, dice, donde desde el sindicato creen que se da el mayor fraude con las prácticas no laborales, que a su juicio, no obstante, es "generalizada".
El Gobierno socialista de Pedro Sánchez intentó solucionarlo. El 28 de diciembre de 2018 el Ejecutivo aprobó un real decreto que estableció la obligatoriedad de que todas las prácticas tuteladas por las universidades coticen a la Seguridad Social. Cobren o no. Hasta ese momento, tan sólo lo hacían las prácticas curriculares —las que forman parte del plan de estudios y, por tanto, son obligatorias y funcionan como una asignatura más— y remuneradas. En ese caso, el coste de contratar a un becario y darlo de alta corría a cuenta de la empresa, que recibía una bonificación del 100% por parte del Estado. La aprobación del texto, en cambio, establecía que todas las prácticas cotizarían, pero no se aclaró quién asumiría ese gasto. Para hacerlo, se dieron tres meses de plazo, pero se adelantaron las elecciones generales y el decreto se guardó en un cajón. "Aunque estaba aprobado faltaba la reglamentación para su ejecución", explica Pueyo, que critica también la oposición que hubo a la medida.
Desaparición de las prácticas extracurriculares y regulación de las curriculares
Con o sin el desarrollo del reglamento del decreto, la principal demanda de los sindicatos continúa siendo la misma: que las prácticas extracurriculares —las que no vienen incluidas en el plan de estudios ni son obligatorias— dejen de existir y se conviertan en contratos laborales y que las curriculares, por su parte, se acojan a un marco de calidad que garantice los derechos de los estudiantes. "Las prácticas no laborales siempre tienen que tener un vínculo formativo y las que no están vinculadas al programa de estudios deben convertirse en contratos de trabajo", explica Pueyo. "Hay contratos de trabajo adecuados para quienes tienen formación pero no experiencia, que es el argumento que se emplea siempre para seguir manteniendo su existencia", añade.
Magaldi se pronuncia en la misma línea. "Nuestra propuesta es que se mantengan sólo las prácticas vinculadas al plan de estudios", afirma. Y, si en algunos no está recogida la obligatoriedad de realizarlas, estos deben ser actualizados.
Desde el Sindicato de Estudiantes, por su parte, están de acuerdo. "Compartimos la reivindicación porque entendemos que hacer un contrato laboral es la única manera de que los jóvenes podamos desarrollarnos y acabar con la precariedad", dice Latorre. Y es que, según argumenta, los jóvenes son el sector que más sufre la precariedad laboral instalada en España desde los años de la crisis. "El paro generalizado y los empleos basura son absolutamente escandalosos, pero los jóvenes somos los que tenemos los sueldos más bajos", critica.
A juicio de los sindicatos, la desaparición de las prácticas extracurriculares, además, acabaría con la mayor parte del fraude que se da en las prácticas no laborales. Sobre todo si se regulan de manera adecuada las prácticas curriculares. Y eso es en lo que insisten.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aprobó un Plan de choque por el empleo joven [que se puede consultar en este enlace] en el que Gobierno, patronal y sindicatos aprobaron la creación de una mesa de diálogo para la creación de un estatuto de las prácticas no laborales. El objetivo, según Pueyo, era "garantizar el carácter formativo y el apoyo económico durante la formación". Y es que la ley no obliga a que las prácticas sean remuneradas. Tan sólo es necesario un tutor en la universidad y otro en la empresa y la firma de un "convenio de cooperación educativa" entre ambas partes que regule las condiciones de estas prácticas. Además, cada universidad tiene su propio reglamento regulador que establece en qué marco deben desarrollarse. El de la Universidad Complutense de Madrid, que con casi 80.000 alumnos es la universidad presencial más grande de toda España, no hace mención en ningún momento a la retribución económica de las prácticas.
Garantizar la calidad de las prácticas
Como las universidades, de este modo, no protegen al estudiante, hay que hacerlo de otro modo. Y el primer paso es el establecimiento de la obligatoriedad de la firma de un convenio entre el estudiante, el centro formativo y la empresa en el que se especifique de manera correcta cuáles son las funciones que deberá realizar el estudiante, en qué horario, con qué remuneración, con qué tutor. Esto es importante, explican los sindicatos, porque sería una forma de terminar con el abuso que hacen las empresas de contratar a estudiantes para suplir la falta de puestos de trabajo estructurales. "Los becarios no pueden encubrir puestos de trabajo. No pueden ser utilizados para sustituir a trabajadores ausentes, suspendidos temporalmente o despedidos ni para hacer frente a un incremento del trabajo", explica.
La organización juvenil de UGT denuncia a varias empresas por fraude en la contratación de becarios
Además, según continúa Pueyo, el convenio también deberá especificar las condiciones en las que el estudiante puede ausentarse y los periodos de descanso y vacaciones a los que tienen derecho. "Además, el tiempo de prácticas deben computar a efectos de antigüedad y para reducir el periodo de prueba en caso de contratación", añade.
Por otro lado, según indica Magaldi, es necesario reforzar la figura de los tutores de las empresas y de los centros formativos y conseguir que los representantes de los trabajadores lo sean también de los estudiantes. "Es necesario que puedan acceder al convenio de colaboración entre la empresa y la universidad para vigilar y ser garantes de que todo se está realizando de forma correcta", afirma.
De cara a la formación del nuevo gobierno, tanto CCOO, como UGT y el Sindicato de Estudiantes se muestran prudentes. Indican que seguirán insistiendo en la necesidad de acometer estas medidas para garantizar los derechos de los jóvenes, pero no se atreven a aventurar qué ocurrirá. "Tenemos claro que esta cuestión hay que abordarla con urgencia porque la creación de un estatuto de prácticas no laborales está firmada por Gobierno, patronal y sindicatos", indica Pueyo. Magaldi, por su parte, reclama a la comunidad universitaria un pronunciamiento. "Tienen que defender al becario y sus condiciones", dice. Y si esto no se aplica, asegura Latorre, los estudiantes estarán en la calle. "Tenemos que esperar y ver cómo se conforma el nuevo gobierno, pero haber derrotado a la derecha ha sido un paso adelante muy importante que demuestra que los jóvenes y los trabajadores entendemos que el bloque reaccionario de PP, Ciudadanos y Vox es una amenaza", dice. Aun así, saben que los derechos que tienen los han "conquistado en la calle". "Estaremos atentos a toda la situación porque no hemos dado ningún cheque en blanco a ningún partido. Seguiremos movilizados", sentencia.
Hablar de empleo y juventud es hablar de precariedad. Así de tajante es Eduardo Magaldi, portavoz de Ruge UGT, la organización de jóvenes del sindicato. Hay excepciones, pero muy pocas. Y es que esas dos palabras casi siempre llevan asociadas otras tres: prácticas no laborales. Constituyen un paso casi imprescindible en la transición de la vida estudiantil a la vida laboral: el primer pie que un estudiante suele poner en una empresa es para realizar prácticas no laborales; dicho de otra manera, para ser becario. Pero no es un paso ni mucho menos fácil, sobre todo teniendo en cuenta que, a juicio de los sindicatos —laborales y de estudiantes—, ese periodo está caracterizado por la precariedad, el fraude y la explotación. Este miércoles es el Día Internacional del Becario y, en plena resaca electoral y con la formación de un nuevo gobierno en el horizonte, esta fecha cobra mucho sentido para las partes implicadas, sobre todo para sindicatos y estudiantes, que insisten en sus demandas. "La situación es absolutamente dramática", lamenta Coral Latorre, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.